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aborto

El Código Penal del Estado de Chihuahua en vigor sanciona el aborto con años de cárcel a la mujer que se lo practique, y con la cancelación de licencia al médico o partera que lo realice.

Además, al personal médico que participe en la suspensión del embarazo se le imponen penas de prisión, tanto o más severas que a la mujer que aborta.

No obstante, esa prohibición —establecida en el Capítulo V del Código Penal del Estado— no ha impedido que en el hospital “Salvador Zubirán”, administrado por el Gobierno estatal, se practiquen abortos y se ofrezcan consultas médicas a mujeres que buscan interrumpir su embarazo.

Información oficial de la Secretaría de Salud, obtenida vía transparencia, indica que solo en este año se han practicado siete suspensiones de embarazo en dicho nosocomio, también conocido como Hospital General.

De esos siete casos, dos correspondieron a niñas de 14 años; las otras cinco mujeres tenían 18, 19, 20, 25 y 31 años de edad.

Aborto seguro… en un hospital estatal

Aunque la postura del partido gobernante ha sido oponerse tajantemente a legalizar la interrupción del embarazo, el Hospital Salvador Zubirán está inscrito en el padrón “Aborto Seguro” del Gobierno Federal.

El portal oficial www.gob.mx/salud/cnegssr/articulos/directorio-de-servicios-de-aborto-seguro informa sobre los hospitales públicos —estatales y del ISSSTE— donde se puede acceder a los Servicios de Aborto Seguro (SAS).

De acuerdo con esa información, en dichos centros se atiende a “mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar que requieran atención al aborto espontáneo o inducido, desde un enfoque de derechos humanos, acceso a la salud y en apego a la NOM-046”.

El documento añade que esos servicios tienen “el objetivo de proporcionar atención al aborto en condiciones de seguridad, con personal de salud multidisciplinario, capacitado y sensibilizado para garantizar la más alta calidad y calidez en el servicio”.

En el directorio de hospitales con ese servicio figura el Salvador Zubirán, ubicado en la avenida Prolongación Teófilo Borunda No. 510, colonia El Bajo, C.P. 31200, Chihuahua. El horario es de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 horas.

El número telefónico es 614 429 3300, ext. 21592, y la Línea de Servicio de Aborto Seguro: 614 119 2817.

“Sí, se han practicado abortos en el Hospital Salvador Zubirán”, confirmó el secretario de Salud estatal, Gilberto Baca, quien aclaró que las intervenciones se realizan dentro del marco legal y por disposición federal, la cual establece que cada estado debe contar con un hospital designado para esas funciones.

A todo esto, ¿es delito?

Según el Código Penal del Estado de Chihuahua, el aborto es una práctica delictiva sancionada con hasta seis años de prisión y otras penalidades según la función o gravedad del caso.

El Capítulo V, dedicado al aborto, define en su artículo 143 que éste consiste en “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo”.

A quien provoque el aborto a una mujer se le impondrá de seis meses a tres años de prisión, si lo hace con su consentimiento; si es sin su consentimiento, la pena aumenta de seis a ocho años.

El artículo 144 prevé sanciones para médicos, parteras, enfermeros o practicantes que lo realicen, con suspensión del ejercicio profesional por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

A la mujer que aborte voluntariamente, el artículo 145 le fija penas de seis meses a tres años de cárcel.

Las excepciones están en el artículo 146:

1.         Cuando el embarazo sea producto de una violación, siempre que se practique dentro de los primeros 90 días de gestación.

2.         Cuando, de no provocarse el aborto, la mujer corra peligro grave para su salud, con dictamen médico.

3.         Cuando el embarazo sea resultado de una conducta imprudencial de la propia mujer.

4.        Datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señalan que, en los primeros nueve meses del año, cuatro personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por el delito de aborto en Chihuahua. En 2024 fueron siete los detenidos por la misma causa.

Discusión sin fin

Aunque en la práctica ya se realizan interrupciones de embarazo, la despenalización del aborto sigue siendo un tema que divide al Congreso de Chihuahua.

El Partido del Trabajo y Morena han presentado iniciativas para reformar el Código Penal y despenalizarlo, mientras que el Partido Acción Nacional, aliado con el PRI y Movimiento Ciudadano, se mantiene en contra.

“Nuestra postura como grupo parlamentario del PAN es clara: siempre vamos a estar en defensa de la vida”, afirmó la diputada panista Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso.

Sin embargo, reconoció que el gobierno estatal ofrece servicios médicos en su hospital público para garantizar un “procedimiento seguro” a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

“Lo que buscamos es que se realice la práctica segura, que se privilegie la vida de la persona, que no se someta a riesgos ni se acuda a lugares clandestinos”, agregó.

Por su parte, la diputada Irlanda Márquez Nolasco (PT) sostuvo que las alas conservadoras han impedido avanzar en legislaciones a favor de las mujeres, como la despenalización del aborto o la tipificación de la violencia vicaria.

“No podemos seguir mandando estos temas a la congeladora. Los diputados y diputadas conservadoras no quieren hacer su trabajo conforme a lo que dicta la Suprema Corte”, subrayó.

A pesar de las propuestas, los proyectos permanecen detenidos en comisiones presididas por legisladores de línea conservadora.

El Congreso del Estado de Chihuahua instaló este martes las Comisiones Unidas de Justicia y Salud, para analizar y en su caso dictaminar dos iniciativas promovidas por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).

Una de esas propuestas legislativas, conocida como “Ley de los Dos Corazones”, busca penalizar el aborto desde la detección del latido cardíaco del embrión, aproximadamente a las seis semanas de gestación, con excepciones previstas por la ley y sin criminalizar a la mujer.

La primera iniciativa que se analizará es una reforma a la Constitución Política y el Código Penal del Estado para ampliar la protección jurídica al personal de salud, tomando como referencia criterios internacionales.

Ambas propuestas serán analizadas en las siguientes reuniones de las comisiones.

Las Comisiones Unidas serán presididas por la diputada Yesenia Reyes (PAN) y con el diputado Francisco Sánchez (MC) como secretario.

En la sesión de instalación estuvieron presentes las diputadas Herminia Gómez, Xóchitl Contreras y los diputados Guillermo Ramírez y Pedro Torres, mientras que el diputado Francisco Sánchez participó de manera remota.

El Partido Acción Nacional (PAN) de Chihuahua emprendió este martes 18 de marzo la campaña “Chalecos azules” en rechazo a la legalización del aborto en la entidad, así como el intento de Morena por impulsar una reforma que permita la suspensión del embarazo en cualquiera de sus etapas.

En una conferencia conjunta, la dirigencia estatal, así como de cinco comités municipales y diputadas federales panistas por el estado de Chihuahua, el partido blanco y azul hizo un llamado a la población en general a que se sumen a la campaña y rechacen lo que denominaron “cultura de la muerte”.

Daniela Álvarez, dirigente estatal del PAN, informó que el llamado a sumarse a esa campaña está dirigido a la militancia panista, pero también a cualquier persona o grupo de la sociedad civil que quiera expresar su repudio a ese proyecto legislativo.

Para tal efecto, agregó, los comités municipales del partido albiazul y la misma dirigencia estatal tendrán existencias de chalecos azules para entregarlos a cualquier persona que así lo solicite.

Los chalecos, presentados durante la conferencia de prensa, son de un color azul marino con franjas horizontales en color gris claro, y el logotipo del PAN tanto en el frente como en la espalda.

“Ha sido extraordinario el recibimiento de los chihuahuenses en donde mucha gente de manera libre se ha acercado y ha dicho, ‘Aquí estoy, ¿cómo puedo yo apoyarles?’”, expresó Daniela Álvarez.

En presencia de dirigentes municipales del PAN y de las diputadas federales por Chihuahua Manque Granados Trespalacios y Rocío González Alonso.

La nueva campaña en defensa de la vida –como la han denominado– arrancó prácticamente desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucionales los artículos de los códigos penales, tanto el federal como el de los estados, en los cuales se penaliza el aborto.

En un fallo emitido el 6 de septiembre del 2023, la SCJN estableció que es “inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal”.

Para tal efecto, argumentaron que la criminalización “viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.

La dirigencia panista, así como sus representaciones legislativas, tanto en el Congreso de Chihuahua como en la Cámara de Diputados, han expresado su negativa a despenalizar la suspensión del embarazo de manera general, y han acusado a Morena de pretender avalarlo incluso cuando el período de gestación se encuentre en el noveno mes.

“La defensa de la vida es un tema irreductible para el PAN. O sea, no hay de que si quiero o no, el que esté en el PAN defiende de la vida, hoy, mañana y siempre”, concluyó Daniela Álvarez.

La bancada de Morena, representada por la diputada Elizabeth Guzmán Argueta, presentó una iniciativa para liberar a las personas encarceladas o procesadas por abortar. La legisladora, quien también preside la mesa directiva del Congreso del Estado, argumentó que, tras la declaración de inconstitucionalidad de la penalización del aborto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las personas afectadas deben ser absueltas.

“Son seis mujeres las que permanecen en prisión acusadas o sentenciadas por esta práctica.

La solicitud es que, donde se encuentren, se haga su liberación de manera inmediata”, expresó Guzmán Argueta durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el coordinador parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, y la diputada Leticia Ortega Máynez.

Por su parte, el diputado Carlos Olson San Vicente, del PAN, presentó en la diputación permanente del Congreso la iniciativa de Ley de los Derechos de la Persona No Nacida. El legislador afirmó que “el derecho a la vida debe ser garantizado desde la concepción. No podemos dar la espalda a quienes más nos necesitan”.

El proyecto busca garantizar la protección del ser humano en gestación y el bienestar de las mujeres embarazadas. Olson mencionó que, según datos del INEGI, en 2022 se registraron 25,041 muertes fetales en México, lo que, a su juicio, subraya la necesidad de fortalecer la protección tanto para la madre como para el no nacido.

La iniciativa propone acceso gratuito a salud prenatal, parto y postparto, acompañamiento integral durante el embarazo y estímulos económicos en el último trimestre de gestación.

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