La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) publicó el pasado mes de junio su Informe el ejercicio de caracterización del desplazamiento interno en Chihuahua, en el que estudió la situación de cientos de personas desplazadas por la violencia y emite diversas recomendaciones al estado para atender el problema y proteger a las víctimas.
Una de las conclusiones a las que llegaron es que sería conveniente crear una Ley estatal sobre desplazamiento forzado interno (DFI) y que esté alineada con la Minuta de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el DFI que se encuentra en el Senado de la República.
El reporte se realizó con información recabada tras entrevistar a 789 personas en 184 hogares en los que ha ocurrido al menos un evento de DFI por la violencia. De estas personas, el 52 por ciento se identificaron como población indígena; el 54 por ciento son mujeres; el 59 por ciento vivían en el estado de Chihuahua antes de su primer DFI por violencia y el 36 por ciento se encontraban en albergues en la frontera al momento de la encuesta.
De estos hogares, el 26 por ciento se habían desplazado por primera vez a raíz de la violencia durante 2021; el 38 por ciento entre 2017, y el 26 por ciento entre 2008 y 2016. Además, el Ejercicio obtuvo información de otras 141 PDFI que participaron en los grupos focales, de las cuales el 48 por ciento son indígenas y el 75 por ciento mujeres.
El informe fue realizado en conjunto con instituciones públicas y organizaciones civiles como Alianza Sierra Madre, Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal y estatal, el Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres, Consultoría Técnica Comunitaria, Secretaría de Gobernación y otras.
