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Amnistía Internacional (AI) recurrió a una videograbación de la fallecida activista Rosario Ibarra para hacer un llamado a la CNDH, que preside su hija, Rosario Piedra Ibarra, a que no cierre el diálogo con la ONU para atender el problema de las desapariciones forzadas en México.

En su cuenta de “X”, antes Twitter, la organización internacional se pronunció en torno a la reacción que ha tenido el gobierno mexicano y diversos actores políticos cercanos a la 4T en contra de la ONU y de su Comité de Desapariciones Forzadas.

El mensaje dice: “Ante el rechazo de la @CNDH a las acciones de la ONU para visibilizar la crisis de desapariciones en México, desde Amnistía Internacional hacemos un llamado.

También demando imparcialidad de parte del gobierno mexicano y a no dejar de aprovechar la oportunidad para identificar causas, patrones y soluciones junto a familias, expertos y sociedad civil.

Las desapariciones no se resuelven negándolas, sino enfrentándolas con verdad y voluntad. Queremos #BuscarSinMiedo”.

La relación entre el Estado Mexicano y la ONU se tensó, luego de que el Comité de Búsqueda de ese organismo anunciara la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para llevar el caso de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas, ante la sospecha de que  las desapariciones forzadas en México podrían estar ocurriendo de forma generalizada o sistemática, según lo establece el tratado internacional firmado por el país.

En respuesta, grupos parlamentarios de Morena en ambas Cámaras legislativas y el propio Gobierno federal han expresado su rechazo a esa iniciativa y niegan rotundamente que las desapariciones sea producto de una acción de Estado.

¿Qué dijo Rosario Ibarra?

En el video difundido por AI, la activista Rosario Ibarra, quien dedicó gran parte de su vida a la búsqueda de su hijo y a encabezar un movimiento que demandaba la reaparición de los desaparecidos políticos, le pide a la juventud de México que “actúen, que trabajen, que exijan el respeto a la ley de los derechos humanos”.

“No dejen hacer que lo hagan otros los más experimentados, los más viejos, los que han tenido algún problema de sufrimiento porque le han hecho algo, que luchen para que no vuelva a pasar lo que pasó en América del Sur, en Chile, en Argentina, en Uruguay, lo que pasó aquí en México, lo que pasó en Guatemala, por favor, miles de presos y desaparecidos”, clama Rosario Ibarra.

La controversia entre el Gobierno de México y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en particular con el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), ha escalado en los últimos años debido a diferencias sobre la magnitud del problema y la respuesta del Estado mexicano.

La organización Amnistía Internacional (AI) exigió que el Estado Mexicano inicie de inmediato una investigación independiente, integral y transparente para identificar los restos encontrados y entregarlos a sus familias con el respeto y la dignidad que merecen

En un comunicado, AI expresó su profunda consternación tras el hallazgo de fosas clandestinas y hornos crematorios en Teuchitlán, Jalisco, y en Reynosa, Tamaulipas, los días 5 y 11 de marzo, respectivamente.

Estos descubrimientos, realizados por colectivos de búsqueda de ambos estados, “han puesto en evidencia la magnitud de la crisis de desapariciones forzadas en México”, señala el documento.

Dicha situación deja en evidencia la urgente necesidad de que el Estado actúe con diligencia para garantizar justicia y reparación a las víctimas y sus familias.

Asimismo, subrayó la obligación de brindar medidas de protección a las personas buscadoras, quienes enfrentan riesgos significativos por su labor.

“Ante esta tragedia, instamos al Estado mexicano a esclarecer los hechos y a disponer de los recursos necesarios para ello”, señala.

Además, pide que se le dé un trato digno a las familias de las víctimas.

El énfasis se debe poner en el trato adecuado a las personas que, tras las imágenes difundidas del hallazgo, han advertido que reconocen prendas que portaban sus familiares desaparecidos”, declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

El Estado ausente y la labor de las buscadoras

Olivares Ferreto destacó que el Estado mexicano ha sido “el gran ausente” en la lucha contra las desapariciones forzadas, lo que ha llevado a la formación de colectivos de búsqueda, integrados principalmente por mujeres, que han localizado cientos de cuerpos de personas desaparecidas.

“Su trabajo ha generado confianza, por lo que personas con familiares desaparecidos acuden a ellas en lugar de acercarse a las autoridades”, señaló.

La directora de Amnistía Internacional hizo un llamado al Estado para que reconozca a las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos y les brinde las garantías necesarias para continuar con su labor.

“El Estado no puede eludir su obligación de protegerlas y debe proporcionarles las condiciones para que sigan buscando sin miedo”, agregó.

Un fenómeno continuo y creciente

El hallazgo de las fosas clandestinas y los hornos crematorios en Jalisco y Tamaulipas ocurre en un contexto de impunidad casi absoluta, lo que genera una sensación de permisibilidad y revictimiza a las familias de las víctimas.

Amnistía Internacional subrayó que es fundamental que estos hechos se investiguen de manera efectiva, incluyendo la hipótesis de desaparición forzada, ya que es improbable que estos sitios operaran sin el apoyo o la aquiescencia de autoridades.

La desaparición de personas en México es un fenómeno continuo y creciente. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre el 1 de enero de 1950 y el 10 de marzo de 2025, se han reportado 122 mil 821 personas desaparecidas. Jalisco, el estado donde se encontró el campo de exterminio en el predio de Izaguirre, ocupa el primer lugar con 15 mil 013 casos, seguido por el Estado de México (13 mil 625) y Tamaulipas (13 mil 307).

Crisis histórica y militarización

El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada señaló en un informe de 2021 que las desapariciones en México registraron un crecimiento exponencial entre 2006 y 2021, coincidiendo con la decisión del entonces presidente Felipe Calderón de desplegar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Este proceso se institucionalizó en septiembre de 2024, durante el último mes del sexenio pasado.

Amnistía Internacional ha denunciado que la militarización de la seguridad pública en México contraviene sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha contribuido a agravar la crisis de derechos humanos en el país.

Un llamado a la acción

La organización también hizo un llamado a evitar la difusión de rumores que estigmaticen a las personas desaparecidas, enfatizando que todas merecen respeto y dignidad.

Además, recordó que las desapariciones en México afectan a diversos grupos, incluyendo mujeres, niñas, niños, personas indígenas, migrantes, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la comunidad LGBT+.

Amnistía Internacional ha documentado que las mujeres buscadoras en México enfrentan un alto riesgo por su labor.

De 2011 a la fecha, 24 familiares de personas desaparecidas (14 de ellos mujeres) han sido asesinados. Para apoyar su trabajo, la organización ha lanzado una petición en su página web, invitando a la ciudadanía a sumarse para exigir que las autoridades protejan y reconozcan a las mujeres buscadoras, permitiéndoles #BuscarSinMiedo. Este hallazgo en Jalisco y Tamaulipas es un recordatorio sombrío de la urgencia de abordar la crisis de desapariciones en México con acciones concretas, transparencia y un compromiso genuino con los derechos humanos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) reconoció que hay un rezago en casos de feminicidio de hace 20 años o más, puesto que el pasó del tiempo ha desvanecido las pocas pruebas que pudieron existir para encontrar a los responsables. 

Así lo señaló el fiscal César Jáuregui Moreno, quien señaló que no se reunió con personal de Amnistía Internacional en su reciente visita y, aunque reconoció que en efecto hay un importante rezago en casos de hace 20 años o más, dijo que la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) todos los días entrega resultados. 

Amnistía Internacional reclamó el pasado 8 de agosto la impunidad y las deficientes investigaciones en casos de feminicidios.

Consideró que se mantiene a las familias de las víctimas sin obtener justicia ni reparación del daño, además de que no se ha cumplido con detener la violencia contra mujeres y niñas. 

“Yo no me reuní (con Amnistía Internacional), no tuve requerimiento por parte de la organización, pero me consta que la FEM está constantemente presentando resultados en materia de feminicidios”, dijo el fiscal.

Agregó que todos los días se entregan resultados y sentencias contra asesinos de mujeres y, aunque la pandemia retrasó en gran medida el avance de las investigaciones y los procesos judiciales, dijo que la FEM resuelve un alto porcentaje de los casos de feminicidio. 

“En homicidios de hace 20 años o más hay rezago, pues la dificultad es que, después de tanto tiempo, muchas veces resulta complicado investigar porque indicios y pruebas están prácticamente desvanecidas”, expresó.

Organizaciones civiles en defensa de los derechos de las mujeres, así como familiares de mujeres víctimas de feminicidio o desaparición se reunieron con representantes de Amnistía Internacional en el 20 aniversario del “México, muertes intolerables. Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua”.

El evento se realizó en la Cruz de Clavos frente a Palacio de Gobierno, para lo cual se cerró el tramo de la calle Aldama. 

Edith Olivares, representante de Amnistía Internacional, dijo que gracias a la tenacidad de las madres de las víctimas se tiene legislación y mecanismos de defensa para las mujeres, aunque lamentó que no funcionen adecuadamente por el desinterés y las omisiones de los gobiernos. 

Amnistía Internacional es un movimiento con más de 10 millones de integrantes en todo el mundo.

“Hicimos una revisión del informe que presentamos hace 20 años y todos los casos de este informe siguen en la impunidad”, expresó.

Dijo que seguirán siendo solidarias con las mujeres chihuahuenses hasta recibir justicia. 

En la movilización participaron organizaciones como el Movimiento Estatal de Mujeres, las Mujeres de Negro, el Centro Estatal de los Derechos de las Mujeres, Justicia para Nuestras Hijas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La mamá de Mónica Liliana Delgado, víctima de desaparición y feminicidio, reclamó que las autoridades gubernamentales no han hecho acciones suficientes para garantizar que no mueran más mujeres o niñas.

Indicó que la gobernadora María Eugenia Campos Galván prometió cosas respecto al tema que no ha cumplido y pidió que las reciba para platicar y que les informe qué acciones se realizarán para garantizar la no repetición. 

“No todo han sido marchas y manifestaciones, nos hemos sentado a diseñar políticas públicas”, comentó Graciela Ramos, quien recordó que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió la Sentencia del Campo Algodonero, como respuesta a los constantes reclamos de las mujeres chihuahuenses y juarenses. 

“Pero lo que no se ha cumplido es la no repetición. Tenemos que seguir gritando NI UNA MÁS”, agregó Ramos.

La activista consideró que se deben hacer cambios socioculturales que cesen con la idea de que las mujeres son objetos que pueden ser poseídos, lo cual, dijo, debe de ser el principal compromiso de las autoridades gubernamentales. 

“Se asesinan de dos a tres mujeres por semana en Chihuahua y no se hace nada, no sabemos cuánto se investiga, y aunque hay organismos y fiscalías especializadas no es suficiente”, reclamó. 

Lidia Cordero Cabrera, directora de Casa Amiga de Ciudad Juárez, indicó que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en su último reporte da cuenta que del 1 enero al 30 de junio se registraron 26 víctimas de feminicidio en Chihuahua, colocando al estado en el lugar 6 a nivel nacional.

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