Antonio Pinedo

Prisión preventiva justificada fue la medida cautelar que la jueza de Control, Miriam Montejo, aplicó a Antonio P. C., excoordinador de Comunicación Social durante el quinquenio estatal del exgobernador Javier Corral.

Por lo tanto, el exfuncionario acusado de desviar más de 9 millones de pesos, tendrá la obligatoriedad de la prisión preventiva en la cárcel, para garantizar su presencia en el juicio por el delito de “uso ilegal de atribuciones y facultades”.

El juicio de inicio duró dos días con la presentación de pruebas y argumentos que emitieron tanto la Fiscalía Anticorrupción como su defensa.

A Antonio P. C., se le fijó la fecha del próximo martes 26 de septiembre, a las 16:00 horas, para dar paso a la audiencia de vinculación que emitió la jueza Miriam Montejo.

Con media hora de retraso reinició esta tarde el juicio inicial en contra del excoordinador de Comunicación Social, Antonio P. C. durante la administración estatal del exgobernador Javier Corral Jurado.

A las 13:30 horas la Fiscalía Anticorrupción presentó un video, fechado en septiembre de 2018, para demostrar que desde entonces, el imputado hacía mención de los servicios que prestaba una de las empresas aludidas en el conflicto de interés, y en el que están involucrados el inculpado con Araly Cristina L. A., entonces directora administrativa de la coordinación y Efraín Alonso M. D, representante de la empresa Xtreme Sportscomo, cómplice externo por el desvío de más de 9 millones de pesos.

De acuerdo a la investigación, en la entrevista a un medio de comunicación de la localidad, se cuestiona los contratos que se dice fueron otorgados ilegalmente, pues se hacen una serie de expresiones y cuestionamientos y se puede advertir el conocimiento que tiene dichas contrataciones.

Enseguida, la jueza Miriam Montejo decretó un receso para continuar luego con este juicio inicial.

En la audiencia inicial contra el exfuncionario corralista Jesús Antonio P. C. se leyó la formulación del cargo de uso ilegal de atribuciones y facultades con penalidad agravada, durante su labor como Coordinador de Comunicación Social cuando en 2018, en 5 hechos diferentes, presuntamente se desviaron más de 9 millones 321 mil pesos del erario con contratos de adquisición de bienes y servicios.

Araly Cristina Paulina del Rocío L.A., directora administrativa y cómplices externos, Abril Susana Pilar R.L. y Efraín Alonso M. D., habrían hecho adquisiciones con cargo al Gobierno del Estado a nombre de la moral Xtreme Sports S. de R.L. de C.V.; y con la misma moral, SH/ADE/001/2018, con fecha del 17 enero de 2018, por 800 mil 779 pesos.

También, realizaron el contrato SH/ADE/006/H/2018 con fecha del 1 febrero de 2018 con un monto de 4 millones 175 mil pesos.

Asimismo, fue señalada la licitación otorgada a la persona moral Upcon, S.A. de C. V. con el contrato SH/LPE/017/2018, con fecha del 14 de febrero del 2018, por 3 millones 917 mil 188 pesos.

Además, el contrato SH/DAS/ADOC/017/2018 con fecha 9 de febrero, con la moral Malcomsat, S.A. de C.V. por un monto de 354 mil 960 pesos para comprar dos computadoras.

Finalmente, el contrato simplificado número 117000105 con fecha del 25 de julio del 2018 con Malcomsat, S.A. de C.V., con un monto de 73 mil 269 pesos para una cámara de video.

Minutos después de las 9:00 de la noche de este viernes comenzó la audiencia inicial de formulación de cargos contra Jesús Antonio P. C., excoordinación de Comunicación del gobierno de Javier Corral, por los delitos de uso ilegal de atribuciones.

El caso se sigue la carpeta de investigación 2460/2020, en la Sala 9 a cargo de la jueza de control Miriam Montejo.

Al iniciar la audiencia, el abogado de la representación social indicó a la jueza que la defensa se encontraba desordenando las carpetas como una táctica dilatoria, por lo que la juzgadora dio un receso de 15 minutos y ordenó que se reordenaran las carpetas y se levantaran del suelo.

Por su parte, la defensa indicó que las hojas de las carpetas vienen foliadas hasta el número 500 y después de ahí viene separado de la numeración normal.

El exfuncionario tuvo a su cargo la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado del 2016 al 2018, año en que se le atribuye que, en cinco diferentes eventos, supuestamente desvió recursos públicos a las empresas Xtreme Sports, S. de R.L. de C.V., Upcon, S.A. de C. V., y, Malcomsat, S.A. de C.V., que entre él, su pareja sentimental, y la hermana de ésta crearon con tal objetivo.