Aras

Tras horas de bloqueo en el primer cuadro de la ciudad, el fiscal de la Zona Centro, Francisco Martínez Valle, acudió a la Plaza Hidalgo para atender a las personas afectadas de Aras y escuchar sus exigencias.

Frente a Palacio de Gobierno, junto a la Cruz de Clavos, las y los manifestantes expresaron al funcionario público sus demandas. Reconocieron la labor que ha hecho el gobierno estatal al judicializar las querellas interpuestas por más de 10 mil afectados por Aras Business Group Chihuahua.

El principal reclamo es que la Federación no revisó la situación de Aras, aún cuánto llegaron a tener más de 10 mil millones de pesos, y esa falta de regulación, aseguran, es una parte de la responsabilidad y por ello le piden a las autoridades que aporten recursos para pagar a las personas afectadas.

Al arribo del fiscal Francisco Martínez Valle, el tránsito de la calle Venustiano Carranza fue liberado, aunque la calle Aldama, frente a Palacio de Gobierno y la Vicente Guerrero permanecieron cerradas durante la atención.

La mañana de este martes decenas de manifestantes cerraron las calles del primer cuadro de la ciudad para exigir a las autoridades correspondientes una pronta solución a sus denuncias por fraude.

En punto de las 7:30 de la mañana los inconformes llegaron al Centro de la ciudad para bloquear la avenida Teofilo Borunda cruce con avenida Independencia, así como la avenida Niños Héroes y las calles Aldama y Escorza.

Estos cierres ocasionaron que se generara un caos vial en la zona, por ser las principales arterias para que los burócratas lleguen a sus centros de trabajo.

La manifestación exigió que se le formule imputación a aras, que se detenga Armando Rosas y sus colaboradores y a los beneficiarios de las operaciones.

Además, piden que se anulen las actas constitutivas de ARAS, que se forme un fideicomiso con todo lo que se pueda rescatar. El dinero faltante, solicitaron que lo provean los Gobiernos Estatal y Federal.

La convocatoria surge de varios grupos que, según informó el abogado Mariano Cordero, pretenden unificar criterios y mostrar la resistencia civil como una sola fuerza, por “el problema generado por ARAS y el descuido o complicidad gubernamental”.

Se indicó que atender el asunto requiere esfuerzos mayores a los que ya se están haciendo, pues aunque todo marcha en los tribunales, “en las calles debe mostrarse la inconformidad contra el gobierno, que no acaba de darle solución al problema de los damnificados del fenómeno ARAS”.

Una veintena de personas afectadas por la financiera Aras se presentó esta mañana en el primer cuadro de la ciudad y cerraron las calles Venustiano Carranza y Aldama, ambas a la altura del Palacio de Gobierno.

Con mantas y lonas, los manifestantes demandaron que la gobernadora María Eugenia Campos le dé una solución a su caso, pues dijeron, es un tema ya de interés social, pues son más de 18 mil personas afectadas.

Los manifestantes pidieron una audiencia con la mandataria para que les dé una resolución a su problema, pues dijeron que ellos la apoyaron con su voto, y ahora exigen que se les apoye con su situación.

“Queremos que la gobernadora dé la cara y nos atienda, ella no nos ha dado la cara desde que empezó este problema y queremos que nos dé una solución”, señalaron los manifestantes.

Informaron que el proceso judicial continúa su curso, pero aún se están judicializando las carpetas de investigación.

Pidieron acelerar el proceso ya que, dijeron, “a este paso nunca vamos a terminar”.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad de Investigación del caso Aras, logró que un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, dictara auto de vinculación a proceso en contra de Sandra Joselyn J. L., imputada por los delitos de fraude y asociación delictuosa, se informó a través de un comunicado de prensa.

Con datos de prueba fehacientes, se acreditó su posible participación en hechos delictivos como cómplice al ser la encargada de las Finanzas de Aras Investment Business Group, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, quien administró diversas cuentas pertenecientes a la moral, así como a otras empresas constituidas por Aras, encargándose de dispersar el dinero.

Estableciéndose que de esa forma participó la imputada en el organigrama que se creó por el CEO Armando Gutiérrez, quien era su primo hermano.

Delito por el que se integró una carpeta de investigación y se obtuvo una orden de aprehensión con la que fue detenida el pasado 9 de junio por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, en coordinación con elementos de la Fiscalía del estado de Nuevo León.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 681/2022, resolvió la situación jurídica de la imputada Sandra Joselyn J. L., mismas que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.