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Pese al aseguramiento constante de armas de fuego por parte de las tres órdenes de gobierno, las autoridades mexicanas siguen enfrentando una realidad ineludible: Chihuahua colinda con Estados Unidos, donde este tipo de artefactos se adquiere con extrema facilidad debido a que su posesión está amparada como un derecho constitucional.

César Jáuregui Moreno, fiscal General del Estado, mencionó que el 90 por ciento de las armas utilizadas por delincuentes en México son de origen estadounidense. Esa cifra, señaló, refleja la fuerte influencia del mercado norteamericano en la violencia que ocurre de este lado del río Bravo, donde la mayoría de los homicidios se cometen con armas de fuego.

Explicó que la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) mantiene una influencia determinante en Estados Unidos, lo que ha frenado cualquier intento por restringir la venta de armamento.

Sobre la posibilidad de que México incida en la regulación estadounidense, Jáuregui consideró que es un escenario complicado.

“Es muy complejo, porque conseguir un arma allá es sumamente sencillo, ese es el problema”, subrayó.

Recordó que muchas personas se dedican al tráfico de armas desde Estados Unidos hacia territorio mexicano, incluidos policías. Entre ellos, citó el caso de un agente de la propia Fiscalía General del Estado detenido en flagrancia.

“Tuvimos el caso de un elemento de la Fiscalía involucrado en un tráfico en el cruce Juárez–El Paso; no de armas, pero sí de cartuchos”, precisó.

El fiscal reiteró que se trata de una legislación que Estados Unidos no tiene intención de modificar. Aun así, aseguró que se trabaja de manera coordinada con autoridades norteamericanas para disminuir, en la medida de lo posible, la internación ilegal de armas de fuego hacia México.

Jáuregui señaló que el problema sigue siendo grave tanto en Ciudad Juárez como en el resto del país.