ASE

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (Teja) sancionó al ejecutivo de una empresa privada por falsear información para obtener un contrato de 41.2 millones de pesos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JMAS).

Se trata de un individuo identificado únicamente por las iniciales M.A.M.M., quien fungía como representante legal de la empresa Amerka S.A. de C.V., que obtuvo el contrato mediante el procedimiento ilícito mencionado.

La operación irregular fue detectada durante una auditoría de la Auditoría Superior del Estado (ASE), en la cual se acreditó la responsabilidad administrativa y se dictó una sanción de ocho años de inhabilitación.

La empresa ganó el contrato al participar en una licitación convocada por la JMAS; sin embargo, al revisar la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior encontró que para lograrlo utilizó una falsa Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, documento que debe ser emitido por el Servicio de Administración Tributaria para certificar que se está al corriente en el pago de impuestos.

Tras encontrar la irregularidad, la ASE remitió el expediente al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, donde se confirmó la responsabilidad del ahora sancionado.

En su resolución, la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas consideró plenamente acreditada la falta grave por el uso de información falsa, tipificada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El fallo notificado a la ASE señala que, sin el documento apócrifo, la empresa no habría podido participar en la licitación en la que resultó ganadora.

Por lo anterior, el Teja dictó la sanción que inhabilita al particular por ocho años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

El exjefe del Departamento de Predial y Catastro de Ojinaga, Jesús A.Z., fue sancionado administrativamente por haberse quedado con dinero en efectivo proveniente del cobro del impuesto predial a contribuyentes del municipio.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) informó que el exfuncionario recibió una sanción que consiste en 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, además de una multa por 33 mil pesos.

De acuerdo con la ASE, el entonces servidor público recibía pagos en efectivo de contribuyentes, pero posteriormente cancelaba las operaciones en el sistema para apropiarse del dinero en su beneficio. Esto ocurrió en 2021.

Como consecuencia, los contribuyentes aparecían en el sistema de la Presidencia Municipal de Ojinaga como deudores del predial, lo que dio pie a las investigaciones. Los auditores comprobaron que los pagos sí se habían realizado, pero nunca fueron ingresados a la Tesorería Municipal.

La ASE calificó esta práctica como fraudulenta y la detectó durante las revisiones anuales que realiza. Posteriormente presentó la denuncia administrativa ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).

La falta fue catalogada como abuso de funciones, prevista en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Cabe señalar que el mismo funcionario ya había sido declarado culpable en un proceso penal por el delito de peculado agravado derivado de los mismos hechos.

Tras el desahogo del proceso legal, la Quinta Sala del TEJA resolvió la sanción de inhabilitación y la multa económica en su contra.

La ASE señaló que existen otros casos similares en dos municipios del estado, actualmente en proceso de resolución. Con esta determinación, el organismo suma 57 servidores públicos sancionados por responsabilidad administrativa grave al haber hecho mal uso de recursos públicos a su cargo.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) logró la recuperación de 693 mil 200 pesos que fueron pagados sin justificación por el Ayuntamiento de Morelos a un particular, durante el ejercicio de la Cuenta Pública 2022.

La persona responsable, quien se desempeñaba como tesorero municipal, fue sancionada con 90 días de suspensión, informó el organismo, mediante un comunicado de prensa.

De acuerdo con la ASE, la revisión de los estados financieros del municipio reveló que el entonces tesorero autorizó un pago por una obra pública a una persona distinta de quien realmente ejecutó el trabajo, sin que existiera contrato alguno con el beneficiario del depósito.

La transferencia bancaria irregular motivó una investigación que fue turnada al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA). Durante el proceso, el exfuncionario admitió la anomalía, la cual calificó como un “error involuntario”.

En enero de 2025, al iniciarse formalmente la audiencia en el proceso de responsabilidad administrativa, el servidor público reintegró la totalidad del recurso a la hacienda municipal.

Sin embargo, el TEJA resolvió que el reembolso no fue espontáneo, ya que ocurrió dos años después de cometido el acto y solo tras el inicio del procedimiento legal.

Por ello, la Quinta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas determinó que el funcionario incurrió en abuso de funciones y dictó como sanción la suspensión de 90 días del servicio público, sin goce de sueldo.

Cabe mencionar que el municipio de Morelos tenía un ingreso presupuestado de 77 mil 681 millones 421 mil pesos para el 2022.

La Auditor Superior del Estado (ASE) aplicará auditorías especiales tipo forense a un total de siete dependencias de Gobierno donde se ha detectado el uso de documentación falsa por parte de contratistas y proveedores, lo cual representa una falta grave, tanto administrativa como penal.

Ante integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso local, el titular de la ASE, Héctor Acosta Félix, informó lo anterior y mencionó que, a la fecha, se han encontrado 40 de esos casos, algunos de los cuales, ya han sido sancionados.

Al exponer el Programa de Auditoría para el 2025, Acosta Félix mencionó que las dependencias a las que les practicarán las auditorías forenses son: Secretaría de Hacienda, Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa y las juntas municipales de agua de Chihuahua y Juárez.

Además, la Universidad Tecnológica de Chihuahua y la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

El auditor presentó el informe de trabajo para este 2025, así como los resultados de las revisiones a las Cuentas Públicas 2024 de 65 Municipios del Estado de Chihuahua.

Se trata de una revisión a los movimientos de ingresos y egresos, el patrimonio, la deuda pública y el cumplimiento de objetivos y metas de los programas de 65 municipios.

“No hemos tenido datos de incumplimiento por parte de municipios desde 2019 a la fecha; los municipios de Juárez y de Chihuahua, así como la cuenta de Gobierno del Estado, cuentan con un límite del tiempo para presentar sus cuentas públicas, hasta el último de febrero de este 2025”, dijo.

También se realizan auditorías de obra pública, forenses y de desempeño; de estos casos hasta el momento se cuenta con 26 situaciones de faltas administrativas graves en proceso, 19 denuncias presentadas al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) y 7 en la (ASE) por presentarse.

“Hemos trabajado fuertemente y en especial en las sanciones a particulares, donde nos hemos topado con procedimientos que se vulneran y en las que se aplican sanciones desde la sanción económica hasta la inhabilitación”, destacó.

Además de esto, se aprobó la calendarización para desarrollar los trabajos relacionados con el dictamen del Informe General y la Evaluación del Desempeño de la Auditoría Superior del Estado.

Cabe mencionar que en esta reunión de trabajo estuvieron presentes las diputadas Leticia Ortega, en su calidad de presidenta; Carla Rivas como secretaria, así como vocales: los diputados Saúl Mireles, Carlos Olson, Arturo Medina y las legisladoras Alma Portillo y Brenda Ríos.