ASE

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) inhabilitó para ocupar cargos públicos al exdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHD), Juan Pedro Santa Rosa González, por cometer actos de conflicto de interés en operaciones por 1.36 millones de pesos.

La sentencia, emitida este 16 de febrero, se derivó de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE), después de que ésta encontrara los contratos del ICHD con la empresa “LBE Chihuahua, S.A.P.I. de C.V.”, sociedad de la cual el exfuncionario era el secretario de su Consejo de Administración.

En un comunicado, la ASE informó que “Juan N.”, como lo refiere en su informe a los medios de comunicación, firmó convenios de concertación con una persona moral y con una persona física, Tomás N., accionista y presidente del Consejo de Administración de dicha empresa con las cuales guarda una relación personal y de negocios.

Esos movimientos corresponden a la revisión de la Cuenta Pública 2020, que corresponden al periodo de gobierno de Javier Corral Jurado.

De los resultados obtenidos en la auditoría que se le practicó al ICHD, se pudo conocer que el día 7 de enero de 2020, es decir, apenas 43 días después de la constitución de “LBE Chihuahua, S.A.P.I. de C.V”, Juan Pedro Santa Rosa, quien para entonces era director de ese organismo de gobierno, firmó un convenio con dicha empresa por 516 mil pesos.

El motivo del contrato era la de hacer promoción del basquetbol femenil, varonil y juvenil en el estado de Chihuahua.

Luego, el 1 de septiembre de 2020, el mismo funcionario firmó el convenio de concertación de acciones número 22/2020 por 767 mil 826.93 pesos, cuyo objeto fue el concertar acciones y coordinar esfuerzos con la finalidad de fomentar y apoyar a la Liga Profesional de Basquetbol de Chihuahua, con la persona moral “LBE CHIHUAHUA, S.A.P.I. de C.V.”, representada por su apoderado legal, el C. Tomás N.

El 14 de octubre de 2020, la ASE recibió una denuncia ciudadana en la cual principalmente se relató que servidores públicos adscritos al ICHD, entre ellos su exdirector, crearon sociedades con la finalidad de verse beneficiados con contratos de prestación de servicios profesionales para la promoción del deporte en el estado de Chihuahua.

Desahogada la audiencia inicial e integrado en su totalidad el expediente de presunta responsabilidad administrativa, la ASE lo remitió al TEJA el día 27 de abril de 2022, quien el día 16 de febrero de 2023, resolvió que se acreditó la existencia de responsabilidad administrativa a cargo del C. Juan N, inhabilitándolo para ocupar cargos públicos.

Las irregularidades detectadas por el Auditor Superior del Estado (ASE) en el Ejercicio 2021 del Gobierno del Estado deben investigarse sin hacer prejuicios, demandaron los diputados de Morena, Oscar Castrejón y Cuauhtémoc Estrada.

Ambos legisladores coincidieron en que no se debe de condenar esto sin una previa averiguación a fondo a lo que fue el último año del gobierno de Javier Corral Jurado.

Luego de que Héctor Acosta Félix, titular de la ASE, expusiera los resultados de la revisión a la cuenta pública 2021 del Gobierno del Estado, con la detección de una serie de irregularidades, los congresistas destacaron que se tiene que llegar al fondo.

A su vez, Oscar Castrejón dijo que “todo lo que es público debe de ser más público y transparente”.

“Debe de revisarse la veracidad de los datos o saber si es cuestión de interpretación, así como esperar los tiempos para que se dé respuesta a estos requerimientos presentados”, comentó.

Estrada Sotelo, quien coordina a la bancada morenista, declaró a favor en que se haga la investigación y las denuncias se interpongan ante las áreas correspondientes, ya que como ciudadanos tenemos derecho de conocer la verdad histórica.

“Tampoco prejuzguemos, sometamos esos resultados de las auditorías a los órganos competentes y que esos órganos competentes nos digan si las hubo. Y si las hubo, yo pediría que existan las sanciones correspondientes”, externó Estrada Sotelo.

Este ejercicio en cuestión es de la administración de Javier Corral Jurado, donde se han detectado diversas irregularidades en programas de diversas dependencias como el área de Desarrollo Rural, donde se entregaron cheques de beneficiarios a una misma cuenta.

De un muestreo de 400 expedientes dentro del programa “Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural”, se detectó por parte de la Auditoría Superior del Estado que el 60 por ciento de estos, eran presuntamente apócrifos.

Dentro de este programa se presupuestaron 12.1 millones de pesos para apoyar a productores por los daños de la sequía, destacó el auditor superior del Estado Héctor Acosta.

Entre las inconsistencias detectadas dentro de la auditoría, fue que de una muestra de 83 beneficiaros, 45 no fueron localizados.

De los 38 productores entrevistados, cinco confirmaron no haber recibido el apoyo, mientras que 18 más indicaron haberlo recibido, pero no ser productores agrícolas.

Mientras que de los 83 productores, 36 señalaron no haber tramitado documentación ante el municipio para ser beneficiarios.

En la información otorgada por el funcionario se detectó que un alto número de cheques entregado,s fueron depositados a cuentas repetidas:

En Guachochi, de 72 cheques, 44 fueron depositados a una misma cuenta y 12 a otra cuenta.

En Temósachic, de 93 cheques, 22 fueron depositados a una misma cuenta y 12 a otra cuenta; además, 8 fueron cobrados por una persona física.

En Madera, de 76 cheques, 22 fueron depositados a una misma cuenta.

En Bocoyna, de 58 cheques, 37 fueron depositados a 4 cuentas.

La revisión de la Cuenta Pública del año 2020 efectuada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) determinó que el exdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en la pasada administración estatal, incurrió en conflicto de intereses al favorecer con convenios a asociaciones deportivas de las que era miembro.

La investigación librada por la ASE se derivó de una denuncia interpuesta por una asociación estatal de básquetbol en la que se advertía que el entonces directivo del deporte Juan S. favoreció con convenios económicos que superan el millón 300 mil pesos a dos asociaciones, monopolizando con ello el control de ese deporte.

La falta administrativa fue considerada grave y ya se encuentra en poder del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para su sentencia definitiva el próximo 5 de enero de 2023.

La ASE acreditó que el exdirectivo suscribió un convenio de concertación 022/2020 por $767 mil 826 pesos con 93 centavos el 1 de septiembre del 2020 con “LBE Chihuahua, S.A.P.I. de C.V.”, aún y cuando el referido funcionario público formaba parte de esta sociedad como miembro del Consejo de Administración.

De igual forma intervino en la suscripción del “convenio de concertación para la promoción del básquetbol femenil, varonil y juvenil en el estado de Chihuahua” por el monto convenido de 516 mil pesos celebrado el 7 de enero de 2020 con una persona física identificada como (T.H.S.) quien al igual que el funcionario público y ahora presunto responsable, era integrante del Consejo de Administración de la empresa “LBE Chihuahua, S.A.P.I. de C.V.”