ASE

La Auditoría Superior del Estado (ASE) informó que inhabilitó por ocho años a una mujer que falseó información para ganar una licitación y obtener un contrato por 6.8 millones de pesos con Pensiones Civiles del Estado.

Lo anterior se desprendió de la revisión de la Cuenta Pública 2021 (PCE-LPP-001-2021), realizada por el organismo descentralizado, mediante la cual se detectaron inconsistencias atribuibles a Andrea N, como representante de la empresa Industry Conect S.A. de C.V., ya que presentó una Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales apócrifa.

Dicho documento, es requisito obligado en el procedimiento licitatorio con base en las normas vigentes.

El documento falso fue utilizado para obtener un contrato de seis millones 860 mil 882 pesos por la adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos.

“Tras detectar la irregularidad, la ASE procedió a la integración de la investigación, cuyo expediente fue remitido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), de donde fue turnado a la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas”, informó el Tribunal esta mañana-

Agregó que ante el TEJA, la Auditoría sustentó la forma en que se afectó el proceso de licitación por el uso de un documento apócrifo.

Tambien probó que se cometió una falta considerada como grave en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Fue el magistrado titular de la sala, Luis Eduardo Naranjo Espinoza, quien determinó la existencia de responsabilidad por parte de la particular, a la que el pasado 28 de enero le impuso como sanción la inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras del sector público.

El Auditor Superior, Héctor Acosta Félix reconoció el trabajo de las Salas especializadas Cuarta y Quinta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, por el incremento de resoluciones con sanción que se han emitido en los últimos meses.

Todo ello abona en el combate a la corrupción a través de evitar la impunidad en los casos de irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador, dijo el auditor.

La Auditoría Superior del Estado hará este año una búsqueda minuciosa de empresas que hayan falseado información para obtener contratos de alguna instancia de gobierno.

Héctor Acosta Félix, titular del organismo, informó que ya en años anteriores se detectaron casos de empresas que incurrieron en ese tipo de faltas.

Ante esa situación , la ASE determinó revisar los archivos que contienen los procesos de contrataciones en municipios y entes estatales para detectar los proveedores que alteraron o falsearon información.

Actualmente, 29 personas físicas o morales enfrentan procesos de sanción por este motivo, ya que la ASE pudo comprobar que alteraron documentos.

Otros falsearon información o simularon el cumplimiento de los requisitos para venderle a los municipios o estado bienes, otorgarles servicios o ejecutar obra pública.

El auditor señaló que la corrupción no sólo está en el sector público, sino que lamentablemente el sector privado tiene también prácticas de corrupción, especialmente en los procesos de contratación con el gobierno

El extesorero de Manuel Benavides, Guillermo Santa Ana Cardiel, ha quedado inhabilitado para ocupar cargos públicos en los próximos 10 años, debido a que contrató y pagó servicios que nunca se le entregaron a la Administración municipal.

La aplicación de la sanción corrió a cargo del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) a raíz de una revisión a la cuenta pública del 2019 de dicho Gobierno municipal, donde se encontraron las irregularidades cometidas por el hoy sancionado.

La Auditoría Superior del Estado (ASE), encontró en aquella revisión la existencia de un contrato y los pagos derivados del mismo a un particular, a quien solo se identificó por las letras inciailes de sus nombres y apellidos: M.S.S.T. para la recuperación del Impuesto sobre la Renta (ISR) sin que el servicio haya sido prestado.

Cabe destacar que para la recuperación del Impuesto Sobre la Renta, los municipios no requerían realizar solicitud, trámite o procedimiento adicional ante la Secretaría de Hacienda encargada de la retención.

Tras lo anterior, la ASE integró la investigación bajo la presunta comisión de la falta administrativa grave de desvío de recursos, y, remitida al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) el tres de diciembre de 2021.

Al acreditarse la responsabilidad del imputado, la Cuarta Sala Unitaria del TEJA, a cargo del Magistrado Luis Eduardo Naranjo Espinoza dictó la sentencia condenatoria que impide al exservidor público desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de diez años, así como la sanción económica citada antes.

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chihuahua, Héctor Acosta Félix, advirtió que las deficiencias en el control interno de las instituciones pueden abrir la puerta a la corrupción.

Durante su participación como ponente en el Foro Nacional para el Fortalecimiento del Control Interno en las Instituciones Electorales, organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEE), Acosta Félix mencionó casos específicos donde la falta de control derivó en irregularidades administrativas y probables acciones penales.

En su participación en el citado evento, compartió ejemplos concretos detectados por la ASE que evidencian las consecuencias de un control interno deficiente.

Entre ellos, mencionó que en 2022 se identificaron irregularidades en cuatro centros educativos del sistema CECyTECH, cuyas construcciones permanecen inconclusas debido a la falta de planeación adecuada.

En esos casos, los edificios no cuentan con acceso a servicios públicos ni con propiedades legalmente acreditadas, lo que ha impedido su uso.

Ante titulares de organismos electorales locales y sus órganos internos de control, Acosta Félix subrayó que una adecuada planeación, supervisión y evaluación en las instituciones reduce las probabilidades de incumplir metas y objetivos, al tiempo que previene desvíos indebidos de recursos públicos.

Otro caso relevante ocurrió entre 2020 y 2021, cuando por problemas administrativos, el mismo sistema educativo no emitió títulos técnicos profesionales a los alumnos que completaron el bachillerato.

“Esto es un claro ejemplo de cómo las deficiencias en el control interno afectan directamente a los beneficiarios de los programas públicos”, explicó.

Para evitar casos irregulares como los expuestos, es necesario combatir la corrupción desde la raíz, señaló.

Para Acosta Félix, la clave para prevenir actos de corrupción radica en detectar y sancionar las faltas administrativas en su origen.

Mencionó que las buenas prácticas de control interno y administración de riesgos son esenciales para evitar irregularidades que, en muchos casos, derivan en actos ilícitos.

“Las fallas en el control interno no solo afectan las metas institucionales; también incrementan las probabilidades de corrupción, generando un impacto negativo en la confianza ciudadana”, enfatizó.

El foro, que reunió a representantes de organismos electorales de todo el país, tuvo como objetivo promover herramientas para el fortalecimiento de los sistemas de control y fiscalización, necesarios para garantizar la transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos.