A “El Chueco”, el asesino de Cerocahui, lo mataron de nueve balazos: uno en la sien, dos en los genitales y el resto en el abdomen.
Cerocahui
Saúl Mireles Corral, diputado del Distrito XIV por Cuauhtémoc, dijo que la “caída” de “El Chueco” beneficiará al municipio en materia de seguridad.
Añadió que el trabajo de seguridad debe seguir, en coordinación con los tres niveles de gobierno, aun cuando se conoce que la situación en la Sierra Tarahumara es complicada.
“Esto no cierra un capítulo, sí concluye una etapa, pero debe seguir el trabajo para buscar la seguridad de la población” dijo el legislador.
Mencionó que la ubicación geográfica del municipio de Cuauhtémoc, como entrada a la zona serrana, debe estar bajo constante vigilancia, ya que hace unos días se presentó una situación donde hubo un enfrentamiento contra personas armadas.
En ese hecho, dijo, se pudo dar con una casa de seguridad y decomisar armamento, 3 vehículos (uno blindado) y diverso equipo táctico, gracias a la tecnología de los drones proporcionados por la Plataforma Centinela.
Puntualizó que la ciudad no es una represa de criminales, dado que se encuentran trabajando en que el municipio siga siendo el primero en actividad económica del estado. “El equipo Swat ha realizado un gran trabajo, ya que no se han presentado situaciones de gran impacto”.
“Cuauhtémoc tiene un crecimiento de un 4 por ciento en crecimiento de población; alrededor de 15 mil trabajadores van a los campos menonitas para trabajar, no hay afectación del crimen organizado, pero sin duda es algo que preocupa”. finalizó el diputado.
Alejandro Salmón Aguilera
La fuga ocurrida en el Cereso 3 de Ciudad Juárez y los hechos ocurridos en el poblado de Cerocahui dejaron en evidencia un sistema político frágil, en descomposición, afirmó la gobernadora Maru Campos Galván.
“Estamos hablando de años, décadas de omisiones y violencia”, dijo la mandataria al referirse a la fuga de reos ocurrida el 1 de enero y a los homicidios en el poblado serrano, donde dos sacerdotes jesuitas y un beisbolista un fueron asesinados.
Un caso, el de Cerocahui sucedió en la Sierra Tarahumara, y el otro, al interior de nuestras propias instituciones estatales, dijo.
Ambos sucesos, por su atrocidad, dejaron en evidencia que eran años, “décadas de omisiones y violencia”, enfatizó.
En la parte media de su discurso pronunciado a propósito del Primer Informe de Gobierno, la mandataria se refirió en específico a los dos hechos de violencia que han enmarcado el inicio de su gestión.
Al respecto, apuntó, “quiero decirles que estamos trabajando intensamente en la zona serrana, acompañando a la comunidad de Cerocahui y de toda la región, de la mano siempre de nuestros líderes sociales locales, principalmente la Compañía de Jesús”.
Ante los cientos de asistentes a la ceremonia, Maru Campos se refirió al abatimiento de Ernesto Alberto Piñón “El Neto”, presunto autor intelectual de la fuga del Cereso 3, donde murieron 17 personas, como un acto de “detención”.
Las acciones efectuadas por el Gobierno “nos llevaron a detener al causante generador de violencia así como de reaprender a 25 de los 30 reos fugados”, dijo.
A propósito de los operativos que se llevaron a cabo para recapturar a los evadidos, aseguró que se lograron grandes decomisos de armas y equipo táctico pertenecientes a organizaciones delictivas.
Además, agregó, una cantidad considerable de fentanilo que iba a ser enviado a los Estados Unidos.
Maru Campos enfatizó que esas acciones fueron posibles por la información que arrojó la Plataforma Centinela que ya está en operación en Juárez.
Tras cumplirse ocho meses de los acontecimientos violentos en los que un líder del crimen organizado asesinó a sangre fría a dos sacerdotes, un guía de turistas y un deportista, la Fiscalía General del Estado (FGE) implementó medidas para la protección de la comunidad jesuita.
A través de la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se realizan diversas actuaciones para ejecutar el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), conforme a los estándares internacionales.
La Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada está realizando acciones tendientes a cumplir con las medidas cautelares de seguridad y protección para once integrantes de la comunidad Jesuita de Cerocahui, municipio de Urique, en cumplimiento a una resolución de la CIDH.
La fiscalía destacó en un comunicado que con estas acciones se busca proteger la vida e integridad personal para que continúen realizando sus labores pastorales sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos ni actos de violencia en su contra.
Para lo cual un equipo multidisciplinario de servidores públicos especializados en materia de psicología, trabajo social, jurídico y área de investigación, atienden de manera colegiada a cada una de las personas con protección, tras los sucesos violentos registrados en la comunidad de Cerocahui, así como en la comunidad de Creel, municipio de Bocoyna.
Hasta ahora, el equipo especializado ha logrado brindar atención directa y obtener datos que serán tomados en cuenta para el desarrollo de los análisis de riesgo que se trabajarán de manera coordinada por la FGE y el Órgano Federal competente.
“Con estas acciones, se reitera el compromiso de la FGE para proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos”, destacó la dependencia.
