César D.J.

En redes sociales circuló una imagen del exgobernador César D. J. en el restaurante Pam Pam al cual acudió para visitar y felicitar al propietario por su cumpleaños número 88.

“El pasado viernes, mi Amigo e Ilustre paisano “Pirrin” Méndez cumplió sus primeros 88 años de vida, hoy tuve el gusto de saludarlo y felicitarlo personalmente en su legendario restarurat el Pam-Pam, que hace presente los sabores culinarios del antaño Parralense, con sus famosos burritos de asadero y de salpicón..ahí presente, estaba su hijo Diego que cursamos juntos el Kínder y hoy es un afamado Dermatólogo en Nuevo León y Tamaulipas .. al lado nuestro la famosa foto: Supermán es de Parral…” dice el texto que acompaña la imagen.

Hay que recordar que el exmandatario salió del Cereso de Aquiles Serdán el 5 de junio, luego de concluir 2 años en prisión preventiva, fecha que coincidió con una operación cardíaca a la que fue sometido en un hospital particular.

Derivado del plazo legal de prisión preventiva, el mandatario deberá cumplir con otras medidas cautelares como son brazalete electrónico, no salir de la ciudad, no acercarse a Palacio de Gobierno y edificios administrativos gubernamentales, así como no entrevistarse con personas en calidad de testigos dentro de la carpeta de investigación.

Leticia Ortega Máynez, diputada e integrante del Grupo Parlamentario de morena exhortó al fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno así como a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Victoria Hernández Acosta, para que actúen en estricto apego a la ley y al debido proceso en lo correspondiente a las investigaciones y procesos judiciales en contra del exgobernador de Chihuahua César D. J.

Durante la proposición con carácter de punto de acuerdo, la legisladora sentenció que el PRIAN esperó a que pasaran las elecciones para pagarle la deuda a César D. J., por lo que el martes 4 de junio, mediante un oficio sin previamente convocar a audiencia, la jueza de Control, Hortencia García Rodríguez, ordenó su liberación.

“La liberación no podía hacerse antes de la elección por el efecto adverso que hubiera tenido entre los chihuahuenses y posiblemente en todo el país, pero finalmente se concretó dos días después de concluirse el proceso electoral”, mencionó Ortega Máynez.

Por lo tanto el exgobernador enfrentará en arraigo domiciliario el juicio en su contra por los presuntos delitos de peculado y asociación delictiva, ambos con penalidad agravada, luego de una planeada y conveniente estadía en el hospital.

Señaló que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no apeló la decisión y pidió únicamente que se coloque al acusado un brazalete electrónico para localizarlo.

De esta forma, el último gobernador priista de Chihuahua, a quien se le imputan una larga serie de delitos de corrupción en el desvío de 96.7 millones del erario para beneficio personal, podrá enfrentar su proceso en la comodidad de su hogar.

“La liberación de esta persona que saqueó miles de millones de pesos de las arcas de Chihuahua es una burla a todo el país. Lo ocurrido con el exgobernador es simplemente inconcebible en la actualidad política. El desgaste y esfuerzos diplomáticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que logró que Estados Unidos enviara a Duarte a Chihuahua para ser juzgado, se fueron al traste”, expuso la legisladora.

Ortega Máynez añadió que esta lamentable acción, evidencia la urgente necesidad de una reforma al Poder Judicial, “no queremos autoridades que ayuden a aquellos que afectaron a nuestro Estado, no queremos un proceso viciado, ni retroceder. ¡Las y los chihuahuenses exigimos que no haya ni un paso atrás en este caso!”.

El presidente de la Coparmex Chihuahua, Salvador Carrejo, compartió que existe en la iniciativa privada preocupación por el cambio de medida cautelar del gobernador César D.J., que le permitirá llevar su proceso penal en libertad y que esto sea un antecedente para favorecer actos de impunidad.

“Entendemos claramente que está dentro del marco de la ley; hay un plazo establecido como máximo para que un indiciado esté en prisión preventiva, el cual se venció”, contestó.

No obstante, argumentó que esto no exime, a que haya cierta preocupación en el sentido de que se empiece a “pavimentar un camino, para favorecer la impunidad de un gobierno altamente cuestionado en temas de corrupción”.

Carrejo dijo que si bien es cierto, no se puede prejuzgar, ya que no son jueces para dar un veredicto, sí hay elementos que permiten la presunción de delitos cometidos contra los recursos de los chihuahuenses en el gobierno del exmandatario.

“Eso no cambia la situación jurídica del indiciado, esperamos que el proceso judicial termine lo más pronto posible y se haga justicia para los chihuahuenses, daremos seguimiento al caso, es de interés para Coparmex; hay que combatir la impunidad sobre todo donde se presumen graves actos de corrupción en perjuicio de los chihuahuenses”, concluyó.

Este miércoles se dio a conocer que la jueza de control en Chihuahua, Hortensia García Rodríguez, habría girado un oficio donde se ordena dejar sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva que enfrenta el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, esto debido a que se cumplió con el máximo de 2 años establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Duarte Jáquez se encuentra fuera del Cereso de Aquiles Serdán y está en el hospital desde el domingo pasado, donde fue intervenido por un padecimiento del corazón, sin embargo, se prevé que sea mañana a las 15:00 horas cuando se desarrolle la audiencia para definir el cambio de medida cautelar.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que aún con ello el proceso penal del exgobernador continúa, ya que hay al menos 18 causas penales en su contra en espera.

César Jáuregui Moreno, fiscal general del Estado, explicó que el detenido continúa su proceso penal y el cambio de medida cautelar no se dará hasta que se realice una audiencia, en la que el imputado tiene que estar presente.

Ante esto, aclaró que el exmandatario sigue sujeto a proceso; además sigue con todas las causas pendientes esperando únicamente la autorización del gobierno norteamericano, para aplicar el principio de excepción y ser juzgado por la causa diversa a la de la extradición.

Además, señaló que la Fiscalía de Chihuahua tiene la total y absoluta convicción de que se van a obtener sentencias condenatorias, ya que los expedientes están perfectamente integrados y el exgobernante enfrentará la justicia con una sentencia ejemplar determinada por los jueces y que incluirá sin duda la reparación del daño al patrimonio de la gente de chihuahua.

Jáuregui fue enfático al señalar que lo que ocurrió, fue que el juez de ejecución remitió un documento a las autoridades del CERESO, a efecto de notificarles el vencimiento de los dos años sobre los cuales se establece que una persona puede estar sujeta a prisión preventiva dentro de un juicio que se le sigue por una causa penal.

“Lo que el juez de ejecución hace es decirle al CERESO que ha precluido ese término y en consecuencia se necesita fijar otro tipo de medida cautelar. En estos momentos el exgobernador está hospitalizado y no se puede desarrollar una audiencia en donde él no se encuentre presente”, añadió Jáuregui.

Abundó en que esto no quiere decir que al cambiar la medida cautelar cambie la situación jurídica del imputado, ya que él continúa sujeto a proceso y sus bienes asegurados por la Fiscalía para garantizar la reparación del daño, en caso de que la resolución de los jueces sean en su contra.

“El cambio de la medida cautelar es por el vencimiento del tiempo que puede estar una persona en prisión preventiva en el caso de un juicio. Eso es lo que está ocurriendo. Pero hay que destacar que ningún juicio nos ha podido ganar; él hizo todo lo posible por salir antes de este caso, se hicieron 4 o 5 audiencia donde se solicitó el cambio de medida antes de estos 2 años. Ninguno le fue concedido. Solo se habla de cambio de medida cautelar que lo sigue sujetando a proceso y en espera de una sentencia”.

El Fiscal recordó que hay una fila de 18 causas penales en su contra y todas solicitando al gobierno de Estados Unidos que le permita a Chihuahua iniciar el proceso penal en su contra ya que, solo se puede juzgar por el caso que dio pie a la extradición.

Jáuregui fue enfático al señalar que hay la plena confianza de que el exgobernador va a enfrentar la justicia, a obtener una pena ejemplar y va a reparar el daño que realizó a los chihuahuenses.

Ante esto, de quedar en libertad y en proceso penal, se pediría por parte de la Fiscalía que el exgobernador porte brazalete, arresto domiciliario o limitaciones de movilidad, y todas las medidas que eviten que se evada de la acción de la justicia.