cesar duarte

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya han sido destruidas las presas y represas que se encontraban en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez.

Durante la conferencia Mañanera del Pueblo del 12 de junio, la mandataria anunció que habrá denuncias penales por el uso indebido de los bienes de la nación, en este caso, del agua del río El Saucito.

Aunque no mencionó a quién en específico se denunciaría, en conferencias anteriores se ha referido por nombre y apellido al exmandatario chihuahuense, dueño del rancho y a quien se le atribuye tanto la retención del flujo del río como de la operación de dos pozos para extracción los cuales operan sin autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Poder Judicial “tumbó” amparo supersónico en favor de CDJ

El Poder Judicial de la Federación resolvió a favor de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en el caso del rancho “El Saucito”, al emitir un fallo en el que avala las sanciones impuestas por el uso indebido de aguas nacionales y la alteración del cauce del arroyo que desemboca en el río Conchos.

La resolución judicial revocó una suspensión provisional que había sido otorgada por el Juzgado Décimo de Distrito, permitiendo así a la Conagua continuar con medidas como la demolición de represas construidas sin autorización.

El rancho en cuestión es propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, aunque se encuentra bajo resguardo del Gobierno Estatal, por ser parte de la causa penal que se le sigue al político por presuntos actos de corrupción.

El fallo, emitido el pasado 6 de junio por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, establece que las personas quejosas no presentaron un título de concesión para el uso de aguas nacionales.

Además, se reafirma que los municipios no tienen facultades para autorizar este tipo de obras.

“Mantener la suspensión afectaría el interés social y contravendría el orden público, al obstaculizar la gestión adecuada de un recurso nacional”, señaló el tribunal.

La sentencia enfatiza que permitir el flujo natural del agua beneficia de forma colectiva y representa una acción concreta en favor del derecho humano al agua. Como consecuencia, el juzgado federal negó definitivamente la suspensión que frenaba la remoción de las obras hidráulicas irregulares.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer este miércoles, que el Poder Judicial de la Federación resolvió a su favor el recurso de queja 230/2025, lo que permite continuar con la ejecución de sanciones en el rancho “El Saucito”, perteneciente al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

Lo anterior por el uso indebido de aguas nacionales y la alteración del cauce del arroyo El Saucito, que conduce las aguas superficiales al río Agujas, hasta llegar al río Conchos y en última instancia al río Bravo, se informó a través de un comunicado de prensa.

La Conagua recordó que el pasado 6 de junio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito revocó el auto emitido por el Juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua, que había concedido una suspensión provisional que impedía a la Conagua continuar con las medidas sancionatorias previamente resueltas, como la demolición y remoción de obras de represas construidas sin autorización.

“Dicho Tribunal consideró fundados los argumentos presentados por Conagua, entre ellos que los quejosos no acreditaron contar con un título de concesión para el uso de aguas nacionales. Además, señaló que el municipio no tiene facultades para otorgar este tipo de permisos, y que mantener la suspensión implicaría afectar el interés social y contravenir el orden público, al obstaculizar la gestión adecuada de un recurso nacional”, señala la Conagua.

Asimismo, se destacó que permitir que el agua retome su cauce natural “representa un beneficio colectivo y una acción a favor del derecho humano al agua”, por lo que se validaron las actuaciones de la Conagua conforme al marco legal vigente.

Por lo anterior, el Juzgado Décimo de Distrito del estado de Chihuahua, resolvió el pasado 9 de junio negar de manera definitiva la suspensión que impedía la demolición de las represas de agua que se encuentran en el Rancho “El Saucito”, propiedad del exgobernador César Duarte y así garantizar el derecho humano al agua de la población.

Conagua reiteró su compromiso con la justicia y con la protección del agua como bien nacional, “velando por su uso responsable, equitativo y en beneficio de toda la población, por encima de intereses particulares, todo siempre con estricto apego a derecho”.

Con relación a la intervención de autoridades federales por un tema de embalses no autorizados en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador, César Duarte Jáquez, la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, dijo que si se encuentran irregularidades, se actúe.

Agregó que las intervenciones de las autoridades federales deben ser no nada más en ese rancho, sino en todos los demás.

“Si hay irregularidades que bueno, no nada más ahí en ese rancho, en todos los demás y que sepan que como siempre lo he demostrado, estoy del lado del estado de Derecho, el apego a la legalidad y que se castigue a quien se deba castigar, sea quien sea”, afirmó.

Cuestionada acerca de por qué el Estado no se percató de qué pasaba en la propiedad de Duarte Jáquez, la mandataria aclaró que ese era un tema que no le correspondía a esa instancia.

El diputado juarense Pedro Torres Estrada (Morena), denunció desde la tribuna del Congreso del Estado el despojo ilegal de agua perpetrado por el exgobernador César Duarte Jáquez, por la construcción de una presa, varias represas y un pozo en su propiedad conocida como El Saucito.

El legislador aseguró que esas obras las realizó sin la autorización obligada de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y en medio de una crisis hídrica que afecta al 98.6 % del territorio estatal.

“El exgobernador se robó el agua del pueblo para llenar sus represas privadas, mientras miles de familias enfrentaban los estragos de la sequía. Eso es corrupción en su forma más descarada y no puede quedar impune”, señaló el legislador.

Torres Estrada presentó datos sobre la magnitud de la emergencia hídrica que vive Chihuahua: la producción de frijol reducida al 5 %, las presas como La Boquilla por debajo del 15 % de su capacidad y una disminución del hato ganadero de más del 30 %.

El legislador recordó que, tras la exposición pública de las obras ilegales en el rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició en abril la demolición de las estructuras hidráulicas construidas por Duarte Jáquez sin permisos.

Sin embargo, una suspensión provisional concedida por la jueza federal Madhay Soto Morales, detuvo los trabajos en menos de 24 horas.

Torres Estrada criticó que, a pesar de que Duarte fue extraditado desde Estados Unidos en 2022 y enfrenta múltiples procesos por peculado, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa, permanezca libre y sin restricciones judiciales visibles. Calificó esta situación como una “burla a la justicia”.

Asimismo, advirtió que la jueza Soto Morales ya ha sido señalada en otras decisiones controversiales, como la suspensión de la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua.

“El agua no es un lujo, no es un negocio. Es un derecho humano. Si no defendemos la vida desde este Congreso, ¿entonces para qué estamos aquí?”, cuestionó el legislador.

Finalmente, Pedro Torres presentó una proposición con carácter de acuerdo, en la que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a revisar la actuación de la jueza Soto Morales en el amparo 1183/2025-IX, por presunta extralimitación en la interpretación de la ley, y a imponer sanciones en caso de confirmarse irregularidades.