Choréachi

Como chihuahuenses somos responsables y debemos de incidir en el tema de la desnutrición, declaró la presidente del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, luego del acalorado debate entre las bancadas de PAN y Morena por las muertes de siete menores en la comunidad de Choréachi, municipio de Guadalupe y Calvo.

La congresista dio su apoyo a ambas bancadas y afirmó que todos los actores políticos son coparticipes de acciones para beneficio de las personas dentro del territorio estatal.

“Se debe de buscar el castigo para los funcionarios que fueron en su momento omisos”, agregó la presidenta, quien dijo que con sus fallas, permitieron el fallecimiento de menores en dicha comunidad.

“Nosotros como legisladores también tenemos una responsabilidad, no podemos excluirnos de esos hechos, aunque haya sido en cualquier administración”, añadió.

Señaló que, independientemente del origen partidista de cada administración, todos los chihuahuenses “somos responsables y nosotros como legisladores debemos incidir en el tema”.

Otro de los puntos que se debe de tocar es el buscar la no repetición de los hechos, por lo que se tienen que emprender acciones las cuales ya están en marcha, como lo mencionó en tribuna el diputado Noel Chávez, representante del Distrito XXI, donde se encuentra la comunidad de Choreachi.

De la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud, petición que hizo la bancada de Morena, dijo que esa facultad solamente le corresponde a quien encabece el Poder Ejecutivo.

“Aunque no sea responsabilidad nuestra debemos de estar viendo su desarrollo y su desempeño como tales”, declaró.

Cabe recordar que esta situación se da luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la recomendación 12/2023 al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Guadalupe y Calvo por violaciones a los derechos humanos a la salud, a la vida y al interés superior de la niñez de siete menores de cinco años.

Dentro de esta recomendación CNDH solicitó a ambas instancias que inscriban a las víctimas indirectas en el Registro Estatal de Víctimas y procedan a la inmediata reparación integral del daño, que incluya la medida de compensación.

La bancada de Morena en el Congreso del Estado demandó que la Fiscalía General del Estado (FGE) inicie una carpeta de investigación por la muerte por desnutrición de siete niños de la comunidad rarámuri de Choréachi.

En la sesión ordinaria celebrada este jueves 16 de marzo, los diputados morenistas presentaron un proyecto de punto de acuerdo para pedir que se “deslinden responsabilidades” de los funcionarios públicos que resulten en la comisión de los delitos clasificados en los códigos penales federal y estatal.

Todo lo anterior, relacionado con los fallecimientos antes mencionados, mismos que están documentados en la Recomendación 12/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En el mismo proyecto de decreto, se pide que el titular de la Secretaria de Salud del estado comparezcan ante esta soberanía y explique sobre el asunto contenido en la recomendación antes mencionada.

Dicha recomendación de la CNDH está relacionada con las violaciones a los derechos humanos a la salud, a la vida y al interés superior de la niñez de la comunidad indígena rarámuri de Choréachi en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Lo anterior, al no garantizarles el acceso a la salud, alimentación, educación y nivel de vida adecuados a los fallecidos.

El proyecto de decreto de los morenistas motivó un “desfile” de oradores tanto a favor como en contra y un intercambio de acusaciones por la responsabilidad de las condiciones de marginación en la que se encuentran esa y otras comunidades.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, en nombre de su bancada, acusó a Morena de querer “politizar” la tragedia de los niños desnutridos y reconoció los logros en el sector Salud de la administración estatal, encabezada por la gobernadora Maru Campos.

Destacó, que durante el último año, la administración estatal ha atendido a 29 localidades del estado a través de clínicas móviles que han prestado 129 mil 294 servicios y entregado 19 mil 485 medicamentos, con un costo de 655 mil 354 peso.

En respuesta, Cuauhtémoc Estrada, coordinación de Morena, enfatizó que las autoridades estatales en materia de Salud son las destinatarias de la recomendación de la CNDH.

En la recomendación, dijo, “se establece responsabilidades a la actual, por el indebido procedimiento de la estructura médica establecida en esa zona”.

Noel Chávez, coordinador parlamentario del PRI, propuso que se turnara la iniciativa a la Comisión de Salud para darle “un seguimiento puntual y que participen los tomadores de decisiones para plantear algo fuerte y real”.

Finalmente, se votó a favor de turnarlo a comisiones para su análisis y posterior dictamen.

El municipio de Guadalupe y Calvo realiza un censo de detección de menores con algún tipo de desnutrición en cumplimiento a las medidas solicitadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informó el alcalde Julio César Chávez Ponce.

Luego de que en la comunidad de Choréachi se registrara la muerte de siete menores por desnutrición, el edil corroboró que la recomendación fue aceptada por su administración, por lo que se colabora de manera coordinada con el gobierno estatal.

“Efectivamente, derechos humanos nos hizo llegar una recomendación. Las aceptamos, las firmamos y estamos muy de acuerdo con ellos”, mencionó.

Derivado de ello, dijo, se han implementado acciones como el llevar a la comunidad consultorios móviles que cuentan tanto con médicos como nutriólogos.

El alcalde de Guadalupe y Calvo señaló que hasta el momento se han detectado siete menores con algún tipo de desnutrición, sin especificar cuándo concluirá el censo de las mil 500 comunidades, que en algunos casos son nómadas.

Dijo que al municipio, que cuenta con 55 mil habitantes, han llegado médicos, pero la atención se complica debido a la cultura de las personas del pueblo tarahumara, ya que en muchas de las ocasiones acuden al consultorio hasta que el menor se encuentra grave.

Otro de los puntos desfavorables que tienen como municipio, agregó, es la dispersión de las comunidades y el número de personas que viven en cada una de ellas; motivo por el que no podrían determinar cuánto tiempo llevará hacer este ejercicio de conteo poblacional.

Cabe recordar que la CNDH emitió una recomendación a la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, así como al alcalde de Guadalupe y Calvo, donde se solicita realizar un censo para conocer la situación en la que se encuentra dicha problemática de salud pública.

Dentro de dicha recomendación se pidió a los gobiernos que se inscribiera al Registro Estatal de Víctimas a quienes se consideraran víctimas directas e indirectas del tema.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 12/2023 dirigida a la gobernadora María Eugenia Campos y al presidente municipal de Guadalupe y Calvo, Julio César Chávez, por el fallecimiento de siete niñas y niños a causa de desnutrición infantil en la comunidad indígena Choréachi.

Lo anterior, derivado de una queja presentada por autoridades de la comunidad rarámuri ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en enero del 2021 por desnutrición severa en menores de edad, informó la Asociación Civil “Alianza Sierra Madre”.

“Las madres que se encuentran embarazadas presentan cuadros de desnutrición, por lo que los bebés ya nacen con ella, en estos fallecimientos se incluyen niños con meses de nacidos que no logran sobrevivir”, dijo la integrante de la Asociación Civil Alianza Sierra Madre, Rosa María Sáenz.

En conferencia de prensa, informó que, debido a la gravedad y trascendencia del asunto, el caso fue turnado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), misma que emitió la recomendación.

La CNDH examinó las evidencias del expediente e hizo al menos dos visitas con personal especializado a la comunidad, para ampliar la información.

Una vez integrado el expediente, concluyó, que las autoridades del Estado de Chihuahua incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena, a la vida y al interés superior de la niñez y, de manera colectiva, al derecho a la salud, alimentación, educación y nivel de vida adecuado.

La CNDH exhorta a el Estado y al municipio de Guadalupe y Calvo a implementar soluciones individuales y colectivas que conlleven a evitar violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena, dijo la activista.

Asimismo, el organismo nacional da un plazo de seis meses con la finalidad de generar una adecuada planeación de los recursos materiales y humanos.

Entre ellas, destaca la implementación de “un curso integral sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos a personal de las direcciones, áreas y unidades de la Secretaría de Salud y del municipio de Guadalupe y Calvo”.

Dicho curso debe considerar los principios de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad. En cuanto a las medidas de rehabilitación, deberán asegurar la atención médica.

Estos servicios deberán brindarse de manera gratuita, inmediata y accesible para las víctimas con pertenencia cultural.

Rosa María Sáenz, Ernesto Palencia y Susana Navarrete, integrantes de la asociación civil Alianza Sierra Madre, dijeron que hasta el momento no se cuenta con una respuesta por parte de la gobernadora o del presidente municipal de Guadalupe y Calvo, aun cuando ya pasó un mes de la emisión de esta recomendación por parte de la CNDH.