CNDH

La fiscalía especializada en Derechos Humanos reconoció haber cometido omisiones en casos de tortura ocurridos en el estado.

La titular de la Fiscal Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, Ada Miriam Aguilera Mercado, admitió que hubo omisión o dilación en la integración y en la falta de aplicación del Protocolo de Estambul.

Lo anterior forma parte de una recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 31 de enero de este año, en la que pide se subsanen estas deficiencias.

En su documento, la CNDH indica que no se tienen pruebas de que se hayan aplicado las medidas preventivas antitortura ni el citado protocolo.

La recomendación 05/2023 emitida por el organismo encargado de derechos humanos fue dirigida al fiscal general del Estado de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno.

El motivo de la misma fue el incumplimiento de una resolución emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en la cual solicitaba investigar presuntos actos de tortura cometidos por agentes de esa dependencia.

Dentro de dicha petición, se solicitaba la aplicación del Protocolo de Estambul, que según los parámetros internacionales, es una de las muchas pruebas con las que se puede detectar si se tuvo acciones de tortura, sin embargo, no es la única prueba que se puede aplicar, aunque si la más requerida.

La funcionaria señaló que esta recomendación se debe a hechos que ocurrieron en el 2015, los que motivaron la recomendación emitida en el 2018.

Sin embargo, por la dilación de los recursos, según la percepción del afectado, la comisión nacional emitió una segunda recomendación que es lo que se atiende actualmente, dijo.

Este procedimiento no es atendido por él área encargada de derechos humanos, sin embargo, realizan un análisis jurídico de la procedencia o no de la recomendación.

Por esos motivos, la Fiscalía Norte es la que debe de mandar pruebas de cumplimiento, así como la Ceave para ir acreditando el cumplimiento de la recomendación.

Los sucesos tuvieron lugar en Ciudad Juárez, por lo que el fiscal Zona Norte, Carlos Salas, se ha encargado del tema.

Miriam Aguilera dijo que las investigaciones en el caso de tortura se deben de dar de forma permanente.

Cabe destacar que, pese al paso del tiempo, el protocolo puede ser aplicado nuevamente a la víctima y con ello determinar si fue víctima de tortura.

La Fiscalía General del Estado (FGE) atiende todas las recomendaciones en materia de derechos humanos, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel nacional, afirmó César Gustavo Jáuregui Moreno.

Esa fue la respuesta del titular de la FGE al ser cuestionado respecto a la recomendación emitida por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 31 de enero del presente año por omisiones en un caso de tortura.

Jáuregui Moreno recalcó que siempre se atiende este tipo de temas, por lo que para ahondar en dicha información recomendó acercarse a la fiscal encargada del área de derechos humanos.

Esta recomendación es presentada por omisiones en la investigación de un caso de tortura, en el cual la víctima interpuso un recurso de impugnación ante el organismo defensor de los derechos a nivel nacional.

Dentro de la recomendación se le solicitó a la fiscalía de Chihuahua investigar dicho ilícito, así como fue requerida la información de la carpeta de investigación en la que se tenía pendiente el resultado de la prueba pericial consistente en la aplicación del protocolo de Estambul.

Según la comisión de derechos humanos a nivel nacional a pesar de que desde julio de 2019 se solicitó al Coordinador de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General la asignación de peritos médicos y psicológicos para la aplicación del Protocolo de Estambul, al 14 de enero de 2022 no existía diligencia alguna para tal fin.

Por otra parte, la Fiscalía registra dentro de la página de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos un total de 22 recomendaciones en el 2021 y el mismo número en el 2022. De esta cifra, once de ellas presentan el estatus de no aceptadas, 10 fueron aceptadas y una se encuentra en tiempo.

Dos de las recomendaciones, pese a que no fueron aceptadas, se verifica en la página que fue impugnada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En una de ellas la denuncia fue por violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal, así como violaciones al derecho al trato digno, mientras que el otro caso se registró por violaciones al derecho a la protección a la salud.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 12/2023 dirigida a la gobernadora María Eugenia Campos y al presidente municipal de Guadalupe y Calvo, Julio César Chávez, por el fallecimiento de siete niñas y niños a causa de desnutrición infantil en la comunidad indígena Choréachi.

Lo anterior, derivado de una queja presentada por autoridades de la comunidad rarámuri ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en enero del 2021 por desnutrición severa en menores de edad, informó la Asociación Civil “Alianza Sierra Madre”.

“Las madres que se encuentran embarazadas presentan cuadros de desnutrición, por lo que los bebés ya nacen con ella, en estos fallecimientos se incluyen niños con meses de nacidos que no logran sobrevivir”, dijo la integrante de la Asociación Civil Alianza Sierra Madre, Rosa María Sáenz.

En conferencia de prensa, informó que, debido a la gravedad y trascendencia del asunto, el caso fue turnado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), misma que emitió la recomendación.

La CNDH examinó las evidencias del expediente e hizo al menos dos visitas con personal especializado a la comunidad, para ampliar la información.

Una vez integrado el expediente, concluyó, que las autoridades del Estado de Chihuahua incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena, a la vida y al interés superior de la niñez y, de manera colectiva, al derecho a la salud, alimentación, educación y nivel de vida adecuado.

La CNDH exhorta a el Estado y al municipio de Guadalupe y Calvo a implementar soluciones individuales y colectivas que conlleven a evitar violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena, dijo la activista.

Asimismo, el organismo nacional da un plazo de seis meses con la finalidad de generar una adecuada planeación de los recursos materiales y humanos.

Entre ellas, destaca la implementación de “un curso integral sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos a personal de las direcciones, áreas y unidades de la Secretaría de Salud y del municipio de Guadalupe y Calvo”.

Dicho curso debe considerar los principios de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad. En cuanto a las medidas de rehabilitación, deberán asegurar la atención médica.

Estos servicios deberán brindarse de manera gratuita, inmediata y accesible para las víctimas con pertenencia cultural.

Rosa María Sáenz, Ernesto Palencia y Susana Navarrete, integrantes de la asociación civil Alianza Sierra Madre, dijeron que hasta el momento no se cuenta con una respuesta por parte de la gobernadora o del presidente municipal de Guadalupe y Calvo, aun cuando ya pasó un mes de la emisión de esta recomendación por parte de la CNDH.