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El Congreso del Estado aprobó este jueves, modificaciones al Código Penal del Estado de Chihuahua para incrementar la pena de prisión por el delito de evasión de presos.

La iniciativa fue presentada el 23 de enero del año en curso, por el diputado Francisco Sánchez Villegas, después de la fuga de 30 presos del Cereso No. 3 en Ciudad Juárez, que culminó con la muerte de 12 personas.

“Esta Comisión de Justicia considera que únicamente se debe aumentar la pena a las personas que, para evadirse de un penal, ejerzan violencia ya sea en contra de otras personas presas, o en contra de las personas funcionarias de las penitenciarías”, explicó la diputada Georgina Bujanda Ríos.

Por lo que, solo se aprobó la modificación al artículo 305, en el que a la persona evadida no se le impondrá pena o medida de seguridad alguna, salvo que obre con otra u otras personas privadas de su libertad y se fugue alguna de ellas o ejerza violencia, para lo cual se le impondrá de seis meses a tres años de prisión.

Y si la persona evadida ejerciere violencia en las personas, la pena se aumentará en dos tercios. Mientras que cuando un particular cometa o participe en alguno de los delitos previstos en este Capítulo, llevará la mitad de las sanciones establecidas.

La diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, Georgina Bujanda Ríos, dio a conocer que tiene 145 iniciativas pendientes de dictaminar para lo que resta del tercer año de Ejercicio Constitucional de la Legislatura 67.

Bujanda Ríos dijo que se sentía sorprendida del trabajo acumulado ahora que se reintegró a la Legislatura, tras su licencia en el Poder Legislativo en octubre de 2022 y que concluyó el pasado agosto del 2023.

La legisladora explicó que, junto con su equipo de trabajo, están en proceso de agrupar en 6 grandes rubros los temas que se encuentran en análisis y revisión, entre las que destacó violencia vicaria, violencia contra las mujeres, derechos de niñas, niños y adolescentes, atención a personas adultas mayores y en situación de vulnerabilidad, así como justicia cívica.

“Son comisiones que requieren un alto grado de compromiso”, expresó la diputada, quien añadió que los altos indicadores de feminicidio, entre otros delitos requieren de un trabajo en donde la norma se establezca abstracta e impersonal.

Sobre la actividad legislativa de Margarita Blackaller, compañera de fórmula en la legislatura y suplente durante su periodo de licencia, respondió que “de mi nunca vas a encontrar un comentario que vaya en contra de su trabajo”.

Iniciativa de castigar imágenes de cadáveres en medios y redes sociales

Luego de que fuera turnada a la Comisión de Justicia, la iniciativa del diputado del Partido Revolucionario Institucional, Omar Bazán Flores para reformar el Código Penal Estatal, con el fin de agregar como delito, la publicación de imágenes explícitas de cadáveres sin consentimiento de familiares directos en cualquier medio de comunicación.

La diputada aseveró que este delito no es nuevo y que ya está contemplado dentro de la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales, “que la mayoría de los medios de comunicación respetan bastante, dan cuenta de la noticia y respetan la dignidad de las personas”.

“Cuando hay una persona fallecida, no se pueden publicar ciertas características, ni cobrar dinero. De hecho, fue una iniciativa que yo metí en 2021 y que acaba de replicar el Senado de la República, para que se sancione a funcionarios públicos, estamos hablando de policías y agentes del Ministerio Público que filtran las fotos”, agregó.

Bujanda Ríos calificó de “loable” la intención de Omar Bazán de presentar dicha iniciativa el pasado 12 de septiembre ante Congreso, de la cual dijo que seguramente se integrará en la estrategia de revisión en foros para tratar de rescatar el “espíritu del legislador”.

Al ser cuestionada si este tipo de iniciativas se pueden considerar “patitos en tiempo de elección”, comentó que hay mucho trabajo en la Comisión de Justicia y que por ello, la propuesta de realizar foros para la revisión de las 145 iniciativas pendientes y recuperar lo que se pueda integrar en las leyes vigentes del estado.

Una pena de prisión de tres a ocho años y multa de 500 hasta dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente es la que plantea en su iniciativa el diputado pevemista Fausto Gallardo García, para quien exhume un cadáver o restos humanos de manera ilegal con fines de enajenación y/o comercialización.

La propuesta, enviada a la Comisión de Justicia, expone que se busca incrementar la sanción punitiva consistente en la privación de la libertad, así como el incremento en la pena pecuniaria, para prever sanciones más rigurosas para quien viole la dignidad post mortem de los cuerpos y restos humanos.

Menciona que en la Ciudad de México, como en otras localidades, existe un mercado negro en el cual se comercia con restos óseos humanos y los responsables de este ilícito obtienen ganancias que oscilan entre los 50 y los 7 mil pesos por un esqueleto entero.

Diversos reportajes, añade, evidencian que la capital del país es la entidad con mayor incidencia de ese ilícito, en los cuales se detalla la gravedad y recurrencia de los casos.

“Quienes cometen este delito se aprovechan de la poca o nula seguridad en los panteones y de la baja penalidad por la exhumación ilegal de restos humanos, práctica en la cual intervienen desde trabajadores y personal administrativo, hasta quienes los comercian”, indicó el legislador.

Argumentó que la situación que se suscita en los panteones de la capital del país, así como de otras entidades federativas ha trascendido a los medios digitales, siendo Facebook el espacio donde más interactúan quienes buscan restos óseos humanos y los comercializan.

Agregó que la dignidad humana es abordada por diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración y Programa de Acción de Viena y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Además, dijo, esa situación es alarmante porque a pesar de que la exhumación ya se encuentra regulada en el Título Decimoséptimo del Código Penal Federal, bajo la denominación de “Delitos en Materia de Inhumaciones y Exhumaciones”, esto no ha sido un desincentivo para esta práctica ilegal.