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El estado de Chihuahua perdió tres lugares en el Índice de Competitividad Estatal (ICE) que hace el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) para medir la capacidad de cada entidad federativa para atraer inversiones nacionales o extranjeras.

Del sitio número 6 en el que se ubicó en la medición del 2023, bajó al número 9, por debajo de otras tres entidades fronterizas: Coahuila, Nuevo León, Sonora y Baja California Sur.

El indicador de Chihuahua es de competitividad “media alta”, con lo que se colocó por debajo de otras entidades de la frontera norte del país, como Nuevo León, Coahuila y Baja California Sur, que alcanzaron una calificación de “competitividad alta”.

No obstante, ese descenso, la entidad quedó en primer lugar en el rubro de “Innovación”, con una puntuación de 75 sobre una base de 100.

El subíndice de Innovación y Economía evalúa las principales características de las dinámicas y sectores presentes en las entidades, según informa el IMCO.

Este indicador considera también la capacidad para competir con éxito en la economía, especialmente en sectores de alto valor agregado, intensivos en conocimiento y tecnología de punta.

Además de esa categoría, se midieron otras cinco: Infraestructura, Mercado de trabajo, Sociedad y Medio Ambiente, Derecho y Sistema político y Gobiernos.

El subíndice de Infraestructura, Chihuahua se fue hasta el casillero número 14, lo cual le representa una caída de 6 puestos respecto a la medición del 2023.

Dicha categoría mide a los sectores financiero, de telecomunicaciones y de transporte, necesarios para impulsar el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo al incidir en otros sectores de la economía.

En Mercado de Trabajo, quedó en 5º lugar, lo que indicó un avance de dos sitios respecto a la medición del 2023.

Ese subíndice mide conceptos como la informalidad laboral, ingreso promedio de trabajadores de tiempo completo, desigualdad salarial, personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar, jornadas laborales de más de 48 horas.

También toma en cuenta la población con educación superior, mujeres económicamente activas, brecha de ingresos por género, diferencia de informalidad laboral entre mujeres y hombres y grado de escolaridad.

En Sociedad y Medio Ambiente, subíndice que mide la calidad de vida de los habitantes a través de tres áreas: educación, salud y medio ambiente, la entidad cayó cinco lugares y se ubicó en el sitio número 7, después de haber sido el 2º en la medición anterior.

En Derecho, el cual mide la calidad de la seguridad pública en las entidades, con datos específicos como la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, Chihuahua quedó en el lugar 27, con una pérdida de cuatro escalones.

Mismo lugar ocupó en el subíndice Sistema Político y Gobiernos, el cual evalúa tanto el potencial de estabilidad y funcionalidad de los sistemas políticos locales como la capacidad de los gobiernos locales para influir positivamente en la competitividad de sus entidades.

La entidad con mejores calificaciones y que se situó en el primer lugar fue la Ciudad de México, con una puntuación global de 75 puntos, seguido por Baja California Sur, en segundo lugar; Coahuila, tercero; Nuevo León, cuarto y Querétaro, quinto.

El ICE evalúa la capacidad de las entidades del país para generar, atraer y retener talento e inversión.

En ese proceso, se evalúan aspectos estructurales que capturan la persistencia de elementos que contribuyen a mejorar las capacidades de los estados desde diferentes ángulos.

Este índice evalúa, a través de 50 variables agrupadas en seis subíndices, las 32 entidades federativas del país. La información proviene de fuentes públicas y oficiales.

A dos años de la puesta en marcha de la reforma laboral que eliminó la subcontratación de personal, se ha perdido flexibilidad y competitividad en las relaciones laborales de México, frente a otros países que tienen modelos más modernos y diversos que permiten a las empresas tener diferentes opciones para contratar a trabajadores, afirmaron directivos de la Asociación Mexicana de Recursos Humanos (AMECH).

Señalaron que el Gobierno federal ha impuesto multas por 27 millones de pesos a los patrones que hicieron mal uso de la subcontratación, luego de las tres mil inspecciones que realizaron la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Las empresas siguen teniendo sus reservas respecto al uso de los Servicios Especializados (que sustituyó a la subcontratación), pues aún existen dudas, como en qué momento o qué actividades se pueden utilizar y cuál es la forma correcta de hacerlo”, afirmó Francisco Martínez Domene, secretario general de la AMECH.

En su opinión “debemos comprender que esta nueva regulación ofrece la oportunidad de subcontratar estos servicios con una empresa especialista externa, encargada de la ejecución parcial o total de los procesos ajenos al objeto social de la empresa y su actividad preponderante registrada ante el SAT”.

Teniendo en cuenta lo anterior, dijo, el aspecto primario y fundamental para poder contratar este tipo de servicios es asegurarse de que el proveedor de dichos servicios cuente con la debida acreditación por parte de la Secretaría del Trabajo, denominada REPSE, lo que implica que la autoridad valida que dicha empresa tiene prácticas formales, en cuanto a la tercerización de procesos específicos dentro de la operación de las empresas.

El directivo explicó que las empresas que ofrecen servicios especializados y cuentan con el certificado REPSE, obtienen ciertos beneficios, como:

Generan confianza y credibilidad entre sus clientes, aparte de que es obligatorio para quienes ofrecen este tipo de servicios, brinda una mayor confianza y seguridad.

Transparencia, que es indispensable para erradicar la corrupción y/o las irregularidades que se pudieran llegar dar en la prestación de los servicios.

Control y regulación que permite que la autoridad tenga una revisión constante, con el fin de mantener un mercado laboral sano para todas las partes.

Francisco Domene explicó que, como segundo punto importante, se debe revisar cuál o cuáles son los objetos sociales de la empresa, tanto en el acta constitutiva como en la constancia fiscal de la misma y con base en ello identificar las áreas y/o procesos que se encuentran dentro de las actividades secundarias o de soporte para la operación de la empresa.

En tercer lugar, agregó, “debemos de considerar que este ajuste que generó la reforma le ha dado una mayor relevancia al entendimiento de lo que conocemos como “cadena de valor”, ya que es justo en el análisis de ésta, que está la clave para contratar de forma correcta y segura”.

La cadena de valor es el framework empresarial que plasma todas las actividades que requiere una organización para proveer la oferta comercial y de valor hacia sus clientes. Y la clave es identificar y diferenciar las actividades primarias de las de soporte, ya que son estas últimas las que pueden atenderse con servicios especializados.

En seis años México acumuló una caída de seis lugares en el índice de competitividad global del Centro Mundial de Competencia del instituto suizo (IMD) al bajar del sitio 50 al 56, de un total de 64 países.

Solamente del 2022 al 2023 bajó del sitio 55 al 56, aunque se mantiene en el tercer lugar entre los países de América Latina, después de Chile 44 y de Perú 55. En los primeros lugares están Dinamarca, Irlanda, Suiza, Singapur y Países Bajos.

En el estudio se expuso que los retos para el país son implementar la infraestructura logística para que se tomen las oportunidades de atraer inversiones por la relocalización o nearshoring.

Así como “mejorar el ambiente de negocios, menos incertidumbre y mejor justicia, seguridad y un marco democrático. Promover un más alto crecimiento del PIB (de entre 3% a 4%) promoviendo el crecimiento del mercado internacional a través de la innovación: Mercados mexicanos para productos mexicanos”.

Añadió que también el país debe mejorar la relación con economías relevantes en el mundo y promover reformas estructurales para tener mejor educación y energías limpias.
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La ciudad de Chihuahua se encuentra en el lugar número seis de competitividad urbana en todo el país, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El índice de Competitividad Urbana (ICU) mide la capacidad de las ciudades para generar, atraer y retener talento e inversión que detonen la productividad y el bienestar de sus habitantes. Está compuesto por 69 indicadores, categorizados en 10 subíndices.

Monterrey, Saltillo, Guadalajara, Querétaro y Valle de México, son las ciudades de más de un millón de habitantes que están por encima de Chihuahua en ese estudio comparativo.

En el subíndice de Mercado de factores se mide la eficiencia de los mercados de producción, principalmente el laboral y de energía. Aquí, Chihuahua ocupa el cuarto lugar, con un nivel de competitividad clasificado como “alto”.

También se encuentra en el puesto número cinco del subíndice de Economía y de Innovación, donde se miden las principales características de las dinámicas y sectores presentes, así como la situación del crédito para empresas y familias. 

Dentro del subíndice de Innovación se mide la capacidad de las ciudades para competir con éxito en la economía, particularmente en sectores de alto valor agregado, intensivos en conocimiento y tecnología de punta.

En la edición 2022, es decir, la más reciente, Chihuahua avanzó en sus actividades turísticas, financieras y económicas. Además, está en el lugar siete de las ciudades donde sus habitantes se sienten más seguros. El 38 por ciento de la población dijo sentirse segura. 

En comparación, Mérida es la ciudad con mayor percepción de seguridad. El 68 por ciento de sus habitantes dijo sentirse seguro.

En el ranking de competitividad urbana de las 17 ciudades de más de un millón de habitantes, Juárez se encuentra en 10° lugar.

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