“No sabía que habíamos sido el único estado en no acudir”, dijo María Eugenia Campos Galván sobre la LVIII Reunión Nacional Plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) que se celebró ayer en Pachuca, Hidalgo.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un comunicado en el que informó que el gobierno federal y 31 estados del país acordaron distribuir los nuevos libros de texto gratuitos a partir del próximo 28 de agosto.
“Ante titulares y representantes de 31 entidades del país (no asistió Chihuahua), afirmó que el proceso de transformación educativa se legitima con la participación y trabajo del magisterio nacional en los procesos de consulta; las asambleas estatales; los Consejos Técnicos Escolares y los Talleres Intensivos de Formación para la elaboración de los nuevos LTG”, cita el mencionado comunicado de prensa.
Al respecto, la gobernadora de Chihuahua indicó que no hubo representación puesto que la reunión fue “para presionar a los estados” a distribuir los libros de texto gratuitos de la SEP.
Indicó que en Chihuahua no se imponen ideas ni acciones, y que si ella dio la orden de detener la distribución de los libros, fue porque así se lo pidieron maestras, maestros, así como madres y padres de familia.
Recordó que de Chihuahua surgió la controversia constitucional contra los libros de texto que hoy se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“El ciclo escolar iniciará con normalidad y en tiempo y forma, es más… no han llegado los libros de secundaria, de todas formas no hubiéramos tenido libros; a ver si llegan a mediados de agosto”, señaló.
“En Chihuahua seguimos trabajando, esforzándonos creativamente para que el recurso nos alcance para todos y no cejemos ante la imposición del Gobierno Federal, de su prejuicio hacia las instituciones”, concluyó.
Fue ayer cuando la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, encabezó la Conaedu, donde dijo que “la polémica ha sido y es intensa, porque se trabaja y se trata de un cambio profundo de la educación que hoy se expresa de discusiones que han llevado a hablar de la educación en múltiples espacios”.
Agregó que la legalidad del plan de estudio está fundado en la ley que da facultad a la SEP y tiene su legitimidad en la gran participación y trabajo de maestras, maestros, consejos de consulta, consejos técnicos y revisiones.
