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Conagua

Los operativos para detectar y sancionar el uso indebido de las aguas nacionales no se limitan a un predio, sino que es una operación que lleva a cabo la dependencia para garantizar el acceso a ese recurso como un derecho humano, informó el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Román Alcantar Alvídrez.

A ese respecto, dio a conocer que ya tienen detectados 115 pozos irregulares, ubicados en diversos puntos de la entidad, cuyos propietarios tendrán qué demostrar que cuentan con la autorización correspondiente de Conagua.

Son 115 denuncias, de las cuales cinco ya están debidamente presentadas, y otras 26 que lo estarán en días próximos.

Mencionó que, ante las abundantes denuncias que han recibido en torno a la existencia de pozos irregulares, se ha enviado a grupos de inspectores para constatar el hecho

Ante esa situación, muchos propietarios de pozos se han apresurado a tratar de acreditar el permiso de la Conagua.

Comentó que se han clausurado pozos, pero también se han realizado demoliciones y clausuras de perforaciones ante la situación de que se trata de aprovechamientos ilegales del agua, que es propiedad de la nación.

Ante la pregunta de si hay políticos en funciones entre las personas que serán procesadas por la sustracción ilegal del agua, respondió que no se tiene esa información, pero que se procederá sin importar el color de partido, o si es un productor o un político.

“Nosotros vamos a estar actuando siempre apegados a la ley y si una sanción, pues la vamos a ejecutar sin temor alguno”, concluyó.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer este miércoles, que el Poder Judicial de la Federación resolvió a su favor el recurso de queja 230/2025, lo que permite continuar con la ejecución de sanciones en el rancho “El Saucito”, perteneciente al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

Lo anterior por el uso indebido de aguas nacionales y la alteración del cauce del arroyo El Saucito, que conduce las aguas superficiales al río Agujas, hasta llegar al río Conchos y en última instancia al río Bravo, se informó a través de un comunicado de prensa.

La Conagua recordó que el pasado 6 de junio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito revocó el auto emitido por el Juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua, que había concedido una suspensión provisional que impedía a la Conagua continuar con las medidas sancionatorias previamente resueltas, como la demolición y remoción de obras de represas construidas sin autorización.

“Dicho Tribunal consideró fundados los argumentos presentados por Conagua, entre ellos que los quejosos no acreditaron contar con un título de concesión para el uso de aguas nacionales. Además, señaló que el municipio no tiene facultades para otorgar este tipo de permisos, y que mantener la suspensión implicaría afectar el interés social y contravenir el orden público, al obstaculizar la gestión adecuada de un recurso nacional”, señala la Conagua.

Asimismo, se destacó que permitir que el agua retome su cauce natural “representa un beneficio colectivo y una acción a favor del derecho humano al agua”, por lo que se validaron las actuaciones de la Conagua conforme al marco legal vigente.

Por lo anterior, el Juzgado Décimo de Distrito del estado de Chihuahua, resolvió el pasado 9 de junio negar de manera definitiva la suspensión que impedía la demolición de las represas de agua que se encuentran en el Rancho “El Saucito”, propiedad del exgobernador César Duarte y así garantizar el derecho humano al agua de la población.

Conagua reiteró su compromiso con la justicia y con la protección del agua como bien nacional, “velando por su uso responsable, equitativo y en beneficio de toda la población, por encima de intereses particulares, todo siempre con estricto apego a derecho”.

El abogado defensor del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, acusó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de haber irrumpido de forma ilegal en el rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza, a pesar de que, según dijo, existe una suspensión provisional otorgada por una jueza federal que prohibía intervenir en esa propiedad.

En un pronunciamiento emitido este martes, el licenciado Juan Carlos Mendoza Luján, representante legal de Duarte, confirmó que el lunes 26 de mayo fue notificado por personal de Conagua sobre la ejecución de un mandato administrativo en El Saucito.

Sin embargo, aseguró que tanto él como su cliente hicieron del conocimiento de la autoridad que actualmente ninguno de los dos posee legalmente dicha propiedad, ya que se encuentra asegurada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Mendoza sostuvo que la acción de Conagua fue realizada de madrugada, con acompañamiento de personal de la Fiscalía estatal, y sin la autorización de un poseedor legítimo del rancho.

El abogado también aseguró tener conocimiento de que un grupo de ejidatarios vecinos al rancho, así como hermanos indígenas que dependen del agua que cruza por esa zona para consumo humano y de ganado, promovieron un juicio de amparo.

Como resultado, dijo, una jueza federal habría otorgado una suspensión provisional contra la ejecución de los actos de demolición y clausura.

Según su declaración, la suspensión fue ignorada por las autoridades, lo cual considera una violación en perjuicio de los promoventes.

Además, Mendoza Luján desmintió las afirmaciones del Gobierno federal en torno al volumen de agua presuntamente retenido por la infraestructura hidráulica construida en el rancho.

Afirmó que la obra mostrada por Conagua —una barda de mampostería rústica de apenas 1.20 metros de altura— tiene más de 40 años en el lugar y que es “absolutamente imposible” que tuviera capacidad para almacenar 700 mil metros cúbicos de agua, como lo declaró la autoridad federal.

“Lamentamos enormemente la desinformación que equívocamente le fue otorgada a la presidenta de la República”, concluyó el abogado.

El pronunciamiento ocurre un día después de que la Conagua informara sobre la demolición de represas, clausura de pozos y recuperación de cauces dentro del rancho El Saucito, como parte de un procedimiento administrativo en firme, que —según la versión oficial— ya había sido confirmado por el Poder Judicial al negarle el amparo al exmandatario estatal.

Cabe mencionar que la postura oficial de la Conagua era en el sentido de que todavía al miércoles 28, al mediodía, no estaban notificados de esa suspensión.

Balleza, Chih.—  Este martes trascendió la versión de que trabajadores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ingresaron al rancho El Saucito, propiedad del exgobernador César Duarte Jáquez, para destruir los presones —pequeñas presas rústicas— construidos al interior de la propiedad e impedir que ahí se quede agua almacenada.

Fuentes cercanas al caso indicaron que la destrucción de las estructuras ocurrió el lunes 26 de mayo; para hacerlo, los funcionarios habrían llevado consigo explosivos para proceder bajo el argumento de que la autoridad federal determinó que no está permitida la retención del recurso hídrico en esa zona.

El rancho tiene una extensión de casi 5 mil hectáreas dedicadas a la crianza de ganado.

La acción ocurre en medio de la crisis por sequía extrema y excepcional que afecta a más del 80 por ciento del territorio chihuahuense y que ha llevado a la cancelación del ciclo agrícola de temporal en amplias regiones del estado.

Agricultores del norte, centro y sur de Chihuahua han denunciado la falta de apoyos ante el colapso de la actividad productiva por la ausencia de lluvias.

Hasta el momento, no hay una versión oficial por parte de la representación estatal de Conagua, cuyo titular no respondió a las llamadas realizadas para confirmar o ampliar la información.

El rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza, es conocido por su producción ganadera.

Se trata de la misma propiedad donde el político ballezano tenía una capilla particular y guardaba el sillón que usó el papa Francisco durante la gira que realizó por México en el año 2015.

El inmueble fue asegurado durante el sexenio anterior como parte de las investigaciones por corrupción y desvío de recursos públicos en el caso conocido como “Expedientes X”.

Duarte Jáquez, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, enfrenta actualmente un proceso penal por diversos delitos de corrupción.

Fue extraditado desde Estados Unidos en 2022 y permanece vinculado a proceso, aunque se encuentra en libertad bajo medidas cautelares.

Durante su campaña rumbo a la gubernatura, en el año 2010, ofreció construir 13 presas en el estado, obra que no pudo realizar, en parte, por las protestas y amenazas de alzamientos que hubo en diversas partes de la entidad, donde los productores advertían que les quitarían el agua.

El Saucito es solo una de las múltiples propiedades rurales atribuidas a Duarte Jáquez adquiridas durante su mandato.

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