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La suplente de la diputada local Rosana Díaz Reyes, Amanda Rocha Morelos, criticó duramente la ausencia de la legisladora durante la votación clave del Presupuesto de Egresos 2026 y afirmó que dicha omisión permitió la aprobación del endeudamiento del Estado, así como la reestructuración de la deuda pública.

En un mensaje emitido a través de su cuenta de Facebook, Rocha Morelos señaló que la ausencia de tres diputadas durante una votación crucial en el Congreso del Estado permitió al Gobierno estatal y al bloque mayoritario PAN-PRI aprobar una reestructuración millonaria de la deuda pública, además de autorizar la contratación de 3 mil millones de pesos adicionales durante el ejercicio fiscal 2026.

Rocha Morelos, quien se desempeña como coordinadora del programa “Salud Casa por Casa” de la Secretaría del Bienestar, expresó su “indignación y profunda tristeza” al enterarse de que la diputada propietaria del Distrito IV de Ciudad Juárez se ausentó del Pleno para atender una situación personal, justo en el momento en que se votó el paquete fiscal más relevante del año.

Señaló que durante más de 11 horas de sesión, el Congreso discutió y aprobó el Presupuesto de Egresos para 2026, el cual incluye la autorización a la gobernadora para contratar un crédito por 3 mil millones de pesos, así como la reestructuración de una deuda superior a 15 mil 700 millones de pesos y el refinanciamiento de otros 665 millones de pesos.

Rocha Morelos explicó que, para autorizar dicho endeudamiento, se requería una mayoría calificada, es decir, el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados presentes. En ese contexto, subrayó que Morena cuenta con 12 de los 33 legisladores, lo que impedía que el bloque integrado por PAN, PRI y sus aliados alcanzara por sí solo la votación necesaria.

“Lo lamentable fue que tres diputadas, dos de Morena y una del PT, se ausentaron precisamente en el momento de la votación, lo cual permitió a los prianistas lograr la mayoría calificada sin mayor problema”, señaló.

Las ausencias mencionadas fueron las de Rosana Díaz Reyes y Edith Palma Ontiveros, de Morena, así como Irlanda Dominique Márquez Nolasco, del Partido del Trabajo.

Como suplente de Rosana Díaz Reyes, Amanda Rocha Morelos expresó su deslinde total de la actuación de la diputada propietaria y sostuvo que la ausencia representa una traición a la confianza de los electores del Distrito IV de Ciudad Juárez.

“Fuimos elegidas bajo tres principios: no mentir, no robar y no traicionar. Ayer, al abandonar el recinto, se traicionó la confianza de miles de juarenses que votaron para ser defendidos, no para ser endeudados”, afirmó.

La votación, agregó, será recordada no por quienes emitieron su voto, sino por quienes no estuvieron presentes, y lanzó una crítica directa al comportamiento legislativo durante la sesión.

“La dignidad no se ausenta. La lealtad no se va a casa temprano. Ayer no ganó la mayoría, ayer ganó la ausencia”, concluyó.

Pese a las protestas de dirigentes empresariales que se apersonaron hoy en la Torre Legislativa, el Congreso del Estado aprobó en comisiones el incremento del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), así como el gravamen especial destinado a la construcción del Centro de Convenciones de Ciudad Juárez.

Reunida en sesión, la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda del Congreso estatal avaló el paquete económico 2026 en los mismos términos en que fue enviado por el Ejecutivo, el cual contempla elevar el ISN del 3 por ciento actual al 4 por ciento sobre el valor total de la nómina.

Mientras la Comisión sesionaba y votaba a favor del dictamen, dirigentes de organismos empresariales se manifestaron en contra del aumento, argumentando que representará un encarecimiento del 33 por ciento respecto a lo que hoy pagan.

De acuerdo con la iniciativa presentada por el Ejecutivo, el Gobierno del Estado proyecta recaudar 12 mil 252.8 millones de pesos, cifra que implica un incremento del 9.5 por ciento respecto a lo aprobado para este año. Del total, el aumento al ISN aportaría 1 mil 064.6 millones de pesos adicionales.

El diputado Jorge Soto (PAN), presidente de la Comisión, sostuvo que el incremento es necesario para resarcir los recursos que, afirmó, el Gobierno Federal “le quita” a Chihuahua.

Sin embargo, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de Morena, rebatió ese argumento durante la sesión ordinaria del Congreso, al señalar que la Federación, lejos de disminuir las participaciones y aportaciones, las ha incrementado en varios miles de millones de pesos.

A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Arturo Zubía advirtió que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, recién aprobada en la Cámara de Diputados, deja en incertidumbre los derechos otorgados a los productores agrícolas del estado y del país, y concentra las decisiones en materia hídrica en los órganos centrales del Gobierno Federal.

Desde la tribuna del Congreso del Estado, el legislador expuso que esa situación afecta directamente al sector agrícola, pues las concesiones vigentes deberán ser reasignadas y no continuarán como estaban, lo que impacta a productores que dependen del recurso para su actividad.

Durante la participación de Zubía, el resto de los integrantes de la bancada del PAN se colocaron alrededor de la tribuna portando carteles con la fotografía de diputados federales de la 4T que aprobaron la reforma, acompañadas del letrero “Se busca”.

Zubía, representante del Distrito XX con cabecera en Camargo —donde se ubica una parte sustancial del Distrito de Riego 005—, señaló que las modificaciones generan incertidumbre entre los agricultores que cuentan con concesiones de agua, particularmente en regiones altamente productivas del estado.

Durante su intervención, señaló que la aprobación se realizó en una sesión nocturna y sin atender las solicitudes de diálogo por parte de agricultores convocados previamente.

Mencionó además casos como el del municipio de Camargo, que no ha recibido el derecho de agua solicitado pese a gestiones anteriores. “Si nos quitan el agua, prácticamente nos están quitando la tierra”, expresó.

El diputado indicó que la reforma continuará su proceso en el Senado y subrayó la importancia de escuchar a quienes trabajan el campo antes de legislar sobre el agua. Su postura fue respaldada por las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Irlanda Dominique Márquez Nolasco (PT) presentó ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa para reconocer la llamada violencia vicaria y tipificarla como delito mediante una reforma al artículo 5 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En la tribuna del Legislativo, la diputada petista reclamó al bloque mayoritario, integrado por PAN, PRI y MC, que hasta la fecha no se haya aprobado una tipología penal que sancione la violencia ejercida a través de los hijos.

“¿No les da vergüenza ser el único estado que no ha legislado violencia vicaria?”, exclamó la diputada, quien representa al Distrito VI con cabecera en Juárez.

Al presentar su proyecto legislativo, explicó que el objetivo es instaurar la violencia vicaria como un tipo específico de violencia contra las mujeres que se ejerce al utilizar a hijas, hijos u otras personas cercanas como instrumentos de daño.

Es una forma de ejercer control, intimidación o castigo hacia las mujeres, reiteró.

La iniciativa recibió el apoyo de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, pero no de quien fuera su compañera de grupo parlamentario, América Aguilar Gil. Tampoco se sumaron las diputadas del PAN ni la de Movimiento Ciudadano.