congreso del estado

El proyecto para utilizar la telefonía celular activada en el estado para emitir fichas de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas ya entró en una segunda etapa, dio a conocer la diputada local, María Antonieta Pérez Reyes, impulsora de la iniciativa.

Agregó que el siguiente paso es trabajar con las empresas de telefonía y con la Fiscalía General del Estado (FGE) para definir cómo es que se operará esta herramienta tecnológica.

La estrategia, continuó, será un medio eficaz de difusión que contribuirá a la búsqueda, localización y recuperación de menores y adultos desaparecidos, ya que este sistema aprovechará la red de casi 3 millones de teléfonos móviles registrados en el estado de Chihuahua.

“Entramos en la segunda etapa del proceso, en la cual todos los chihuahuenses, a través de los 2.9 millones de celulares activos en el estado, podremos recibir en tiempo y forma la información sobre personas reportadas como desaparecidas o no localizadas”, declaró.

La legisladora mencionó que durante las reuniones de la Subcomisión de Seguridad del Congreso del Estado, encabezada por la diputada Nancy Frías y de la cual forma parte, junto con la FGE y la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SSPE), se anunció la integración de organizaciones civiles, como Nuestras Hijas y Madres Buscadoras.

“Estas mujeres me han acompañado desde el inicio como promotoras de esta iniciativa que presentamos en tribuna”, dijo.

El decreto para la operación de alertas a través de teléfonos móviles en casos de personas desaparecidas fue aprobado y publicado por el Congreso el pasado 21 de mayo.

Otros funcionarios que han participado en la implementación del proyecto incluyen a Miriam Antillón de Sipinna Chihuahua; Lourdes Alarcón, del colectivo Madres Buscadoras Chihuahua; además de Nohemí Bencomo, de Justicia para Nuestras Hijas A.C.

Adicionalmente, acudieron Víctor A. Hinojos Paredes, de la Comisión Local de Búsqueda de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, y Eduardo Cervantes, también de esa instancia.

Pérez Reyes indicó que se espera que el sistema de alertas para personas ausentes a través de mensajes SMS en teléfonos móviles sea una realidad en un plazo estimado de cuatro a cinco meses.

El objetivo de la estrategia, explicó la FGE, es que los ciudadanos reciban un mensaje con la alerta y un enlace que les permita consultar en detalle la ficha oficial con la información de la persona reportada como desaparecida para que apoyen en su localización.

La diputada local Jael Argüelles Díaz (Morena), secretaria de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, advirtió que el sistema de formación médica en hospitales mantiene ciclos de violencia institucional que afectan la salud mental, física y emocional de los residentes.

Acusó a las instituciones del sector salud de someter a situaciones de violencia laboral a sus residentes, quienes frecuentemente enfrentan jornadas de más de 36 horas, sin espacios dignos para el descanso ni acceso garantizado a una alimentación adecuada, dijo.

La legisladora morenista, quien además es médico de profesión, señaló lo anterior a propósito de la muerte del médico chihuahuense Luis Abraham Reyes Vázquez, ocurrida el pasado 1 de junio en Monterrey, presuntamente por suicidio, al denunciar las condiciones precarias en las que laboran los médicos residentes en México.

Argüelles Díaz advirtió que las condiciones de violencia inician desde las escuelas de medicina, donde se les somete a tratos y jornadas laborales extraordinarias.

“No hay dignidad humana, a pesar del esfuerzo que hacen”, dijo, al referirse a los residentes.

“Están todo el día en el hospital y no tienen ni condiciones básicas de higiene, ni alimentación sustanciosa, ni espacios seguros para descansar”, añadió.

En muchos casos, los residentes viajan a otros estados para realizar su especialidad, con una remuneración mínima que no les permite sostener una vida como foráneos.

“Tienen que sobrevivir. No hay acompañamiento psicológico ni salud mental institucional. La suma del acoso, la sobrecarga y las carencias genera condiciones que orillan a muchos a pensar en quitarse la vida”, advirtió.

Argüelles también denunció que, en etapas previas de la formación, como el servicio social, los médicos son enviados a comunidades remotas donde deben enfrentar la presencia del crimen organizado, la falta de insumos médicos y, en algunos casos, situaciones de violencia sexual.

La diputada subrayó que este desgaste no solo daña al personal médico, sino que pone en riesgo a los pacientes.

“La velocidad de reacción ya no es la misma, ni la condición motora. La salud del médico repercute en la atención que recibe la población”, afirmó.

La declaración de la diputada morenista de Juárez, se suma a las múltiples manifestaciones en torno al caso de Luis Abraham Reyes, originario de Chihuahua y residente en cardiología en la UMAE No. 25 del IMSS en Monterrey, el cual ha reactivado el debate sobre las condiciones estructurales en las que se forman los médicos en el país.

Diversos colectivos médicos y legisladores han exigido una revisión urgente de las normas laborales en hospitales públicos.

El Congreso del Estado inició el camino para reformar la legislación estatal con el fin de que las casas-habitación que se construyan en el futuro, cuenten con sistemas de reutilización de aguas residuales.

Este miércoles 4 de junio, se instaló la mesa técnica que analizará la iniciativa de reformas legislativas para que los nuevos proyectos de construcción incorporen sistemas para el tratamiento de aguas residuales domésticas.

El objetivo de dicho proyecto legislativo es garantizar la reutilización del agua en riego y otras actividades sustentables en el estado, según se informó durante la sesión convocada por la Comisión del Agua del Congreso local.

En este sentido, la Secretaría Técnica explicó que el asunto, presentado por el diputado Ismael Pérez Pavía, del Grupo Parlamentario del PAN, propone adicionar un artículo 33 a la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, con el fin de establecer una reforma de fondo en los sistemas de construcción.

De esa forma, se busca que los nuevos proyectos de vivienda y plazas comerciales incorporen sistemas para la captación, almacenamiento y tratamiento de aguas residuales domésticas.

Dichos sistemas deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la normativa federal aplicable, lo que garantizará una adecuada captación, tratamiento, almacenamiento y distribución del agua recolectada.

Estas medidas podrían contribuir a las actividades económicas de la entidad, en un contexto de severa sequía, considerada ya como una crisis hídrica sin precedentes.

Actualmente, 42 de los acuíferos del estado se encuentran en condición de sobreexplotación, lo cual compromete la disponibilidad del recurso para las futuras generaciones.

En la sesión se hizo hincapié en que una gestión eficiente del recurso hídrico puede repercutir directamente en la recuperación de los niveles de los acuíferos, sobre todo en las regiones con grandes concentraciones urbanas, como Chihuahua, Juárez, Delicias, Parral, Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes.

Los trabajos de instalación de la mesa técnica estuvieron a cargo del diputado Arturo Zubía, presidente de la Comisión del Agua del Congreso del Estado. Asimismo, participaron como vocales los diputados Guillermo Ramírez, Antonieta Pérez y Pedro Torres.

También estuvieron presentes representantes de la Junta Central de Agua y Saneamiento, de las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Juárez y Parral, así como académicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua y del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Ante diputados de todos los partidos representados en el Congreso, el titular de Pensiones Civiles del Estado (PCE), Heriberto Miranda Pérez, informó que la dependencia a su cargo tiene una deuda de mil 90 millones de pesos con proveedores, misma que se viene arrastrando desde el año 2016.

Ese acumulado es uno de los factores que inciden en la difícil situación financiera por la que pasa el organismo encargado de proporcionar atención médica y pago de pensiones y jubilaciones a empleados de 53 organismos públicos del Estado.

Los legisladores que integran la “Comisión especial de para la atención inmediata de la problemática en Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua” escucharon de viva voz del titular de la misma que la atención a cada derechohabiente cuesta 31 mil 960 pesos, a precios del año 2024.

Esa cantidad se genera, en gran medida, por la atención médica que requieren los más de 90 mil derechohabientes, la cual se proporciona en consultorios y hospitales privados, toda vez que la institución no cuenta con sanatorios propios, explicó.

En ese sentido, señaló que Chihuahua es la única entidad del país donde todo el servicio médico de los empleados estatales se hace mediante subrogación a clínicas particulares.

Actualmente, la población de derechohabientes es de 94 mil 470 personas, entre trabajadores y sus dependientes, así como los pensionados y jubilados.

De ese total, más de la mitad: 52 mil 936 están adscritos a la ciudad de Chihuahua; en Juárez hay otros 17 mil 380; Cuauhtémoc, 9 mil 50; Parral, 7 mil 601 y Delicias, 7 mil 380.

Informó a la comisión legislativa que, pese a la difícil situación financiera de PCE, se han emprendido mejoras para agilizar los servicio al derechohabiente, como mecanismos de inteligencia artificial para optimizar procesos clínicos, mejorar toma de decisiones médicas; el uso del WhatsApp para una mejor comunicación ágil y directa con los derechohabientes, mejorando la atención y reduciendo tiempos de respuesta, así como acciones de ciberseguridad contra amenazas, entre otros.

De acuerdo con información proporcionada por PCE mediante solicitud de transparencia, los organismos beneficiarios de ese servicio le adeudan a la institución 9 mil 246 millones de pesos.

El mayor deudor es el Gobierno del Estado, un rezago 6 mil millones, el 65% del total; le siguen la UACH, con 2 mil 4 millones 748 mil 68.48 pesos y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, con 570 millones 967 mil 363.57 pesos.

La mencionada comisión que encabeza el diputado Óscar Avitia Arellanes, recibieron al Director General de dicha dependencia, Dr.Heriberto Miranda Pérez, para conocer de primera mano el estado que guarda PCE.