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El Congreso del Estado inició el camino para reformar la legislación estatal con el fin de que las casas-habitación que se construyan en el futuro, cuenten con sistemas de reutilización de aguas residuales.

Este miércoles 4 de junio, se instaló la mesa técnica que analizará la iniciativa de reformas legislativas para que los nuevos proyectos de construcción incorporen sistemas para el tratamiento de aguas residuales domésticas.

El objetivo de dicho proyecto legislativo es garantizar la reutilización del agua en riego y otras actividades sustentables en el estado, según se informó durante la sesión convocada por la Comisión del Agua del Congreso local.

En este sentido, la Secretaría Técnica explicó que el asunto, presentado por el diputado Ismael Pérez Pavía, del Grupo Parlamentario del PAN, propone adicionar un artículo 33 a la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, con el fin de establecer una reforma de fondo en los sistemas de construcción.

De esa forma, se busca que los nuevos proyectos de vivienda y plazas comerciales incorporen sistemas para la captación, almacenamiento y tratamiento de aguas residuales domésticas.

Dichos sistemas deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la normativa federal aplicable, lo que garantizará una adecuada captación, tratamiento, almacenamiento y distribución del agua recolectada.

Estas medidas podrían contribuir a las actividades económicas de la entidad, en un contexto de severa sequía, considerada ya como una crisis hídrica sin precedentes.

Actualmente, 42 de los acuíferos del estado se encuentran en condición de sobreexplotación, lo cual compromete la disponibilidad del recurso para las futuras generaciones.

En la sesión se hizo hincapié en que una gestión eficiente del recurso hídrico puede repercutir directamente en la recuperación de los niveles de los acuíferos, sobre todo en las regiones con grandes concentraciones urbanas, como Chihuahua, Juárez, Delicias, Parral, Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes.

Los trabajos de instalación de la mesa técnica estuvieron a cargo del diputado Arturo Zubía, presidente de la Comisión del Agua del Congreso del Estado. Asimismo, participaron como vocales los diputados Guillermo Ramírez, Antonieta Pérez y Pedro Torres.

También estuvieron presentes representantes de la Junta Central de Agua y Saneamiento, de las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Juárez y Parral, así como académicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua y del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Ante diputados de todos los partidos representados en el Congreso, el titular de Pensiones Civiles del Estado (PCE), Heriberto Miranda Pérez, informó que la dependencia a su cargo tiene una deuda de mil 90 millones de pesos con proveedores, misma que se viene arrastrando desde el año 2016.

Ese acumulado es uno de los factores que inciden en la difícil situación financiera por la que pasa el organismo encargado de proporcionar atención médica y pago de pensiones y jubilaciones a empleados de 53 organismos públicos del Estado.

Los legisladores que integran la “Comisión especial de para la atención inmediata de la problemática en Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua” escucharon de viva voz del titular de la misma que la atención a cada derechohabiente cuesta 31 mil 960 pesos, a precios del año 2024.

Esa cantidad se genera, en gran medida, por la atención médica que requieren los más de 90 mil derechohabientes, la cual se proporciona en consultorios y hospitales privados, toda vez que la institución no cuenta con sanatorios propios, explicó.

En ese sentido, señaló que Chihuahua es la única entidad del país donde todo el servicio médico de los empleados estatales se hace mediante subrogación a clínicas particulares.

Actualmente, la población de derechohabientes es de 94 mil 470 personas, entre trabajadores y sus dependientes, así como los pensionados y jubilados.

De ese total, más de la mitad: 52 mil 936 están adscritos a la ciudad de Chihuahua; en Juárez hay otros 17 mil 380; Cuauhtémoc, 9 mil 50; Parral, 7 mil 601 y Delicias, 7 mil 380.

Informó a la comisión legislativa que, pese a la difícil situación financiera de PCE, se han emprendido mejoras para agilizar los servicio al derechohabiente, como mecanismos de inteligencia artificial para optimizar procesos clínicos, mejorar toma de decisiones médicas; el uso del WhatsApp para una mejor comunicación ágil y directa con los derechohabientes, mejorando la atención y reduciendo tiempos de respuesta, así como acciones de ciberseguridad contra amenazas, entre otros.

De acuerdo con información proporcionada por PCE mediante solicitud de transparencia, los organismos beneficiarios de ese servicio le adeudan a la institución 9 mil 246 millones de pesos.

El mayor deudor es el Gobierno del Estado, un rezago 6 mil millones, el 65% del total; le siguen la UACH, con 2 mil 4 millones 748 mil 68.48 pesos y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, con 570 millones 967 mil 363.57 pesos.

La mencionada comisión que encabeza el diputado Óscar Avitia Arellanes, recibieron al Director General de dicha dependencia, Dr.Heriberto Miranda Pérez, para conocer de primera mano el estado que guarda PCE.

Esta tarde Jael Argüelles, diputada local de Morena, presentó ante el Congreso del Estado una propuesta para reformar la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Chihuahua, con el propósito de prohibir la publicidad que obstruya a la vía pública.

La legisladora comentó que esta iniciativa surgió gracias a las aportaciones de grupos en favor de la movilidad sostenible, como los colectivos Peatones Heroicos, Fixie Beat, Desierto Andante, entre otras, dedicadas a la mejora de la cultura vial, especialmente para los peatones y ciclistas.

Argüelles expresó que, desde tiempo atrás, las empresas publicitarias han puesto sus intereses comerciales por encima de las necesidades viales de la población.

La implementación de publicidad, desde las banquetas hasta en las calles o con la utilización de carros publicitarios, ha traído un daño considerable para la movilidad de la ciudadanía.

Señaló que es una problemática que se comparte en distintos municipios del estado, como Ciudad Juárez, Chihuahua y Parral, entre otros.

Agregó que, tomando en cuenta la “deficiente infraestructura urbana de la entidad”, esta situación representa un riesgo considerable, ya que pueden representar distracciones para las personas, que pueden costar vidas.

Por lo anterior, enfatizó en la importancia de eliminar la publicidad que directamente obstruye el libre tránsito de las personas.

La iniciativa de ley presentada en esta jornada, tiene el propósito de cambiar el Artículo 130, para que quede de la siguiente manera:

“Quedan prohibidas la instalación, circulación, operación o utilización de cualquier medio, dispositivo, estructura o soporte destinado a la difusión de publicidad comercial física o digital, ya sea fija, móvil, aérea o proyectada, dentro de los elementos que conforman el espacio público…”.

El Congreso de Chihuahua aprobó por mayoría de votos la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en materia de jubilación y retiro anticipado de jueces y magistrados.

La modificación fue al Artículo Segundo Transitorio, fracción I, del Decreto LXVIII/RFLEY/0189/2025 III P.E., se informó a través de un comunicado de prensa.

La reforma está dirigida a las personas que debían de retirarse del cargo antes de concluir su periodo por haber declinado o manifestado su interés a no participar en el proceso de elección, y que pudieran acceder a una pensión o jubilación, se indció.

La adecuación presentada por la Comisión de Justicia, a través de la diputada Edna Xóchitl Contreras Herrera, permite que las personas que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Pensiones Civiles del Estado y demás leyes relacionadas, soliciten su pensión o jubilación, finiquitándose su relación laboral con las prestaciones laborales que les correspondan, según sea el caso.

Titulares de Magistratura y juzgados de primera instancia que se encuentren en el supuesto referido, accederán a manera de pensión complementaria al cincuenta por ciento de la compensación que percibían como activos hasta su fallecimiento, la cual tendrá un incremento anual conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se informó.

Además, los juzgadores o sus beneficiarios que se encuentren disfrutando de una pensión o jubilación, así como aquellos que a más tardar el 31 de agosto de 2025 reúnan los requisitos para obtenerla, podrán gozar de los beneficios contenidos en los artículos 29 y 30 en su texto vigente antes de la presente reforma; los cuales no se verán afectados por la entrada en vigor de este Decreto. Sin embargo, podrán acogerse a los beneficios que éste les otorgue, añade el comunicado.

Dentro de los transitorios se estableció que las magistradas, magistrados, juezas y jueces de primera instancia, que cumplan con los requisitos que establece la Ley de Pensiones Civiles del Estado para acceder a una pensión o jubilación, ya sea que se encuentren en proceso de retiro o que presenten su solicitud de pensión o jubilación antes del primero de septiembre del 2025, serán acreedores a los beneficios del Decreto, con independencia de la fecha en que hayan presentado su solicitud, especifica el reporte.

Finalmente, la reforma plantea que las pensiones y jubilaciones que reciban las personas integrantes del Poder Judicial del Estado o sus beneficiarios familiares, ya en retiro o que se otorguen en los términos del Decreto LXVIII/RFLEY/0189/2025 III P.E. y del presente, constituyen derechos adquiridos, y en consecuencia no podrán ser afectadas por ninguna resolución o disposición normativa que se expida con posterioridad a su otorgamiento.

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