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La elección de este 1 de junio no nació de un esfuerzo democrático para mejorar la impartición de justicia, “sino de un intento por controlar al Poder Judicial”, señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en un comunicado.

“Lo que debería ser una transformación hacia un Poder Judicial fuerte, transparente y profesional ha derivado en un proceso opaco, improvisado y manipulado”, afirmó el posicionamiento del sindicato patronal.

Adelantó que el resultado de este ejercicio será un sistema “debilitado, expuesto a intereses partidistas y del crimen organizado”.

En el estado de Chihuahua se van a elegir más de 800 cargos judiciales de los cuales, poco más de 300 corresponden al Distrito Bravos con sede en Ciudad Juárez.

El organismo empresarial planteó que la ausencia de criterios técnicos claros, la improvisación del proceso electivo y la falta de un diagnóstico serio previo, derivaron en un modelo “débil, permeable a intereses políticos y vulnerable a la desconfianza ciudadana”.

No partió de un diagnóstico técnico de mejora institucional sino de una lógica de control, la lealtad política sobre la idoneidad profesional, advirtió.

A poco más de 72 horas de que se declare iniciada la jornada electoral del domingo, Coparmex reiteró su oposición al proceso, enfatizando que “no fue consensuado con las distintas fuerzas políticas”.

Criticó el hecho de que fue imposible que la ciudadanía conociera a las y los candidatos por la falta de un proceso transparente de difusión de perfiles y propuestas.

La falta de difusión pública, estructurada y confiable -planteó- “impide ejercer un voto razonado”.

Ante ese escenario la Coparmex desplegó una estrategia nacional de observación con más de 215 observadores que se sumarán a las más de 139 mil registrados ante el Instituto Nacional Electoral (INE), se informó.

El propósito de la observación electoral, apuntó el comunicado, es documentar irregularidades y denunciar todo intento de manipulación.

En este contexto, sostuvo, “la observación electoral es el último dique frente al debilitamiento de la justicia”.

La aplicación de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos podría llevar a México a una recesión y una devaluación de su moneda.

Ese fue el planteamiento de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en un comunicado emitido este miércoles.

Ambas situaciones tendrían como consecuencia incremento de costos para las empresas y afectarían el poder adquisitivo de las familias, estimó el organismo.

En ese escenario el peso mexicano que hoy ronda los 20 pesos, podría llegar a venderse en más de 22, calculó.

Pero no únicamente habrá consecuencias en México o Canadá, países destinatarios de la tributación aplicada por el gobierno estadounidense.

De acuerdo con el análisis de Coparmex, también se van a generar presiones inflacionarias dentro de Estados Unidos, afectando principalmente a los consumidores de ese país.

El sindicato patronal sostuvo que imponer aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos y canadienses, junto con la aplicación de medidas recíprocas a productos agrícolas a partir del 2 de abril, representa “un retroceso en la relación comercial entre ambos países y vulnera la competitividad de Norteamérica”.

Además, la medida contradice los principios del T-MEC y genera incertidumbre en los sectores productivos.

“La integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá ha sido un factor clave para el desarrollo de las tres naciones, y la imposición de barreras arancelarias socava la estabilidad de las cadenas de suministro y afecta la inversión productiva”, planteó.

En el posicionamiento enviado a medios, Coparmex calificó la decisión del gobierno de Donald Trump como una “falta de compromiso con la cooperación y el respeto a los acuerdos comerciales”.

Lo anterior dado que por parte del gobierno mexicano, se tomaron medidas para atender la seguridad y la migración como lo solicitó el gobierno estadounidense, que puso el plazo de un mes para ver resultados.

En ese sentido estimó que a nivel político, esta decisión unilateral impone presiones adicionales a México en materia de seguridad y migración, “temas que han sido utilizados como condicionantes en la relación comercial”.

De acuerdo con Coparmex, México debe analizar rigurosamente la posibilidad de responder con medidas arancelarias, evitando daños colaterales y acudiendo a posibles recursos de impugnación contemplados en el T-MEC.

“Instamos al gobierno de México a adoptar una postura firme y a hacer uso de los mecanismos establecidos en el T-MEC para impugnar esta medida arbitraria”, afirmó.

Finalmente, como lo han venido planteando diversos líderes empresariales en los últimos años, la Coparmex reiteró la necesidad de fortalecer la diversificación de mercados y reducir la dependencia de un solo país, con estrategias que fomenten la competitividad y el crecimiento de las empresas mexicanas en los mercados internacionales.

“México debe ofrecer un entorno estable, incentivos estratégicos y certidumbre jurídica que fortalezcan la confianza empresarial y promuevan la permanencia y expansión de las compañías en el país”.

“Para ello, la colaboración entre el sector privado y el gobierno es indispensable”, ponderó.

Para el caso particular de Ciudad Juárez la amenaza de los aranceles es parte del coctel que en el último año y medio ya se llevó más cincuenta mil empleos y amenaza con la salida de diversas empresas, especialmente en el sector maquilador.

Apenas la semana pasada la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez (Canaco) compartió datos del IMSS confirmando el cierre de 402 empresas en el mismo periodo.

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- En una inusual alianza entre patrones y trabajadores -definida así por ellos mismos- representaciones de Coparmex de todo el estado de Chihuahua, Canacintra, CCE y centrales obreras, se unieron en un posicionamiento conjunto para rechazar la reforma al Infonavit.

El objetivo del posicionamiento fue rechazar un “intento de albazo legislativo sin diálogo y sin previo aviso a trabajadores y empresarios”, señaló Salvador Carrejo, presidente de Coparmex en la capital.

“Rechazamos de manera firme tanto la forma como el fondo de esta reforma”, señaló.

Dijo que en caso de que se hubiera aprobado en sesión extraordinaria, como era el plan de los promoventes en la Cámara de Diputados, los trabajadores serían los principales damnificados.

Como en pocas ocasiones esta propuesta de reforma unió al sector empresarial y al sector de los trabajadores, refirió Carrejo.

Mario Cepeda, líder del sindicato patronal en esta frontera, secundó la postura cuestionando la intentona de que el Infonavit, como lo plantea la reforma, establezca una empresa filial que manejaría a discreción los fondos de los trabajadores.

Es positivo que con una filial del Infonavit el gobierno plantee subsanar la crisis de vivienda que hay en el país, pero -precisó- la intervención del estado tendría que ser “acotada y monitoreada”.

El Instituto utilizaría fondos propios para la ampliación de esta empresa filial de vivienda, enfocándose en los trabajadores de menores ingresos, madres solteras y jóvenes, algo que es muy necesario, reconoció Cepeda.

Incluso señaló como algo positivo que la iniciativa aparentemente pretenda reactivar la economía, generando empleos y ofreciendo soluciones de vivienda accesibles.

El problema, dijo, es que su funcionamiento operaría bajo un esquema de derecho privado, con el Infonavit controlando el 99 por ciento de las acciones de la empresa y no sería considerada una empresa paraestatal.

Esto significa que se financiaría con recursos del presupuesto de administración, operación y vigilancia del mismo instituto, es decir, con los recursos propios del Infonavit aportados por los patrones, propiedad de todos los trabajadores, no con recursos públicos federales, alertó.

Hay riesgo de sobrecostos y corrupción

“Coincidimos en materializar el derecho a la vivienda para la clase trabajadora, reconociéndolo como un derecho social y no como una mercancía; coincidimos en superar las barreras que impiden a los trabajadores acceder a una vivienda adecuada, teniendo como objetivo la justicia social y un estado de bienestar”.

“Esta nueva filial, al no estar sujeta a las normas de entidades públicas, plantea riesgos de sobrecostos, de calidad, de mal manejo de recursos y hasta posible corrupción, sin los controles adecuados”, señaló el presidente de Coparmex Juárez, Mario Cepeda.

Por su parte, Juan de Dios Loya Chavira, presidente de Coparmex Parral, criticó que al desaparecer la supervisión o revisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se pueda perjudicar a empleados y sus familias.

Se quedarían sin beneficios como tener acceso a nuevos productos bancarios, por ejemplo créditos que le den mayores facilidades de pago y mayor rentabilidad en el uso del crédito.

Al comentar sobre el recurso que estaría manejando el instituto Loya Chavira señaló que se trata de una suma de más de 2 billones de pesos, que son patrimonio de los trabajadores, “no es dinero del gobierno”.

Otro tema planteado en el posicionamiento a medios tuvo que ver con el organigrama.

De acuerdo con Alberto Armendáriz, presidente de Coparmex Nuevo Casas Grandes, el gobierno estaría asumiendo la mayoría de representación en los órganos internos del Infonavit.

Con esto las decisiones dejarían de ser tripartitas y paritarias, con un evidente desequilibrio que jugaría en contra de quienes ponen el dinero: patrones y trabajadores.

“No estamos de acuerdo con esta reforma, ya que estamos viendo que esta propuesta de reforma en Infonavit es para darle mayoría a la participación a los representantes del Gobierno federal, en las comisiones, para las tomas de decisiones en Infonavit”.

“Estamos viendo que se están ampliando estas comisiones donde estaban de una manera representada entre gobierno, patrón y obrero de forma equitativa, pues ahora se está haciendo una balanza más encaminada, más cargada para el lado del representante del gobierno federal”, apreció.

En ese sentido, el presidente de Coparmex Chihuahua Salvador Carrejo, puso el foco en que prácticamente se elimina el tripartismo paritario que se tenía desde 1972 cuando fue creado el Instituto.

Además del desequilibrio en la distribución de las posiciones, también manifestó una preocupación por el exceso de poder en el director general.

“Dentro de las preocupaciones que tenemos es que se faculta al director general para presidir la asamblea y el consejo de administración, cuando hoy esa presidencia es rotativa entre los tres actores importantes que dan vida al Infonavit”, refirió.

“Es sumamente preocupante las facultades de veto que se le dan al director general, con esta reforma tendría la facultad de vetar decisiones del consejo de administración y del comité de vigilancia lo cual es completamente irracional cuando los recursos pertenecen a los empresarios y a los trabajadores”, sentenció.

También se reduce -informó- el número de integrantes de la asamblea general que pasa de 45 a 30 integrantes y del Consejo de Administración que pasa de 15 a 12.

Lo más preocupante, de acuerdo con Carrejo, es lo que sucede con tres comités, torales para la transparencia y para evitar temas de corrupción.

Por su importancia dichos comités también eran tripartitas de manera paritaria y ahora se propone que el Comité de Vigilancia tenga 5 integrantes del gobierno, 2 de los empresarios y 2 de los trabajadores; el de Auditoría, 3 miembros del gobierno, 1 de empresarios y 1 de trabajadores; y el de Transparencia, 3 del gobierno, 1 de empresarios y 1 de trabajadores.

En los tres casos el esquema pasa de ser paritarios a tener un claro dominio del gobierno, indicó.

“Los recursos que se pretenden utilizar para esta reforma, no hay un solo centavo del gobierno federal y pretende tomar las decisiones de los recursos que aportamos los empresarios y que aportan los trabajadores”, reiteró.

Es un proyecto que puede ser populista

Para Carlos Hermosillo Trujillo, de Coparmex Cuauhtémoc, el problema está en el riesgo de que los recursos se usen con fines políticos.

Planteó que se estaría permitiendo al Infonavit adquirir terrenos, construir viviendas, desarrollar proyectos, con entidades públicas y privadas, utilizando obviamente los ahorros de los trabajadores.

Y estos recursos -añadió- podrían destinarse a proyectos que en algunos casos no beneficien directamente a los derechohabientes.

“Hay un riesgo de uso político de estos recursos; el patrimonio del Infonavit pertenece a los trabajadores, obviamente este dinero no es del gobierno y con esta reforma el Ejecutivo tiene la mayor discrecionalidad para usar estos recursos”.

“Es un proyecto que puede ser populista”, remató.

Hacen llamado a los diputados

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Ciudad Juárez, Isela Molina Alcay, dijo que como cámara ya hicieron un llamado a los diputados federales para detener la reforma que calificó como regresiva para el marco regulador de la vivienda en México.

“Se pone a disposición del gobierno un monto de dos billones de pesos para la construcción de vivienda para los trabajadores y para poner a disposición en renta; si bien es un interés legítimo el darles a los trabajadores una vivienda digna consideramos que el camino es inadecuado”, afirmó.

Coincidió en que la propuesta de reforma reduce la participación de los trabajadores y los patrones en los órganos de vigilancia, transparencia y auditoría. Esto tendría como consecuencia que los recursos se usaran de forma opaca y discrecional en un tema sensible como son los hogares de las familias.

Finalmente Molina Alcay recordó la realidad de Juárez con el tema de la vivienda abandonada.

Dijo que la reforma plantea nuevas funciones para el Infonavit con la construcción de más vivienda, pero en el caso particular en Ciudad Juárez tenemos el antecedente 70 mil 790 viviendas abandonadas, un 16 por ciento del total, que no han sido colocadas o aprovechadas.

No se vale pensar en viviendas de cuarenta metros: CROC

La líder de la CROC, Gloria Porras, planteó que en el Gobierno federal deben entender que los recursos son de los trabajadores “y que los trabajadores no son unos ignorantes, tienen conocimiento de que esos recursos son de ellos”.

Criticó que se plantee la posibilidad de rentar viviendas de cuarenta metros, señalando que no se trata de estudiantes sino de padres de familia trabajadores y que se les pondría a pagar renta sin darles garantías patrimoniales.

“¿No se han puesto a pensar que es el dinero de los trabajadores con el mismo que le quieren rentar una vivienda? ¿No han analizado el articulo 51 de la ley del Infonavit de las garantías que tiene un trabajador cuando es propietario de una vivienda, fallece o se incapacita por más del 50 por ciento y queda totalmente liquidada su vivienda?”.

“¿De qué manera van a garantizarle a un trabajador que le rentan una vivienda si fallece o se incapacita? ¿Cómo lo van a garantizar? ¿Lo van a sacar de casa?”, cuestionó la representante obrera.

Finalmente el presidente de Coparmex Chihuahua Salvador Carrejo dijo que le están apostando al diálogo para lograr el mejor de los acuerdos posibles, reconociendo que hubo voluntad política al bajar el tema de este periodo ordinario.

“Lo que se logró a través de las gestiones de las cúpulas empresariales y también por la presión de los organismos de los trabajadores, fue que este tema se pasara al periodo ordinario de sesiones, lo cual nos da más de un mes para reunirnos con los legisladores de cada estado para sensibilizarlos y la gestión al más alto nivel directamente con el poder Ejecutivo”, señaló.

La Coparmex Chihuahua manifiesta su total respeto por los procesos judiciales que se realizan para el combate a la corrupción en el estado de Chihuahua, manifestó la confederación en un comunicado de prensa.

En lo que respecta al intento de aprehensión del exgobernador Javier Corral Jurado, nuestro Sindicato Patronal se mantiene al margen de cualquier declaración o posicionamiento que interfiera con el proceso judicial abierto en contra del exfuncionario estatal.

Esto, con la finalidad de que sean las autoridades correspondientes las que deslinden responsabilidades y se llegue a una sentencia apegada a derecho.

En este caso, como en cualquier otro en materia judicial, la Coparmex siempre estará a favor de los procesos apegados a la ley, y a que se garanticen los derechos de las personas e instituciones involucradas.

Es importante señalar que nuestra Confederación siempre ha manifestado total apoyo a toda actividad que promueva el adecuado uso de los recursos públicos, para que estos sean aplicados en apego a la legalidad, en favor de la ciudadanía.

La transparencia y la rendición de cuentas son dos de los principios fundamentales que la Coparmex promueve y defiende, por ello siempre mantendrá su postura de coadyuvar en la promoción del estado de derecho.