Corrupción

El titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FAECH), Abelardo Valenzuela Holguín, llamó en el Senado de la República a construir una agenda legislativa común que permita enfrentar la corrupción como un problema “estructural, nacional e internacional”.

Ante senadores y funcionarios federales, el fiscal de Chihuahua advirtió sobre los rezagos que persisten en México en materia de autonomía de fiscalías y marcos legales.

Durante un encuentro legislativo convocado por el senador Francisco Daniel Barreda Pavón (Movimiento Ciudadano), presidente de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, el funcionario chihuahuense planteó la necesidad de organizar un foro nacional que reúna a las y los fiscales anticorrupción de los estados, especialistas y representantes de la sociedad civil, con el fin de compartir experiencias y buenas prácticas.

Valenzuela advirtió que la corrupción “no solo debilita a las instituciones, sino que hiere de muerte la confianza ciudadana, obstaculiza el desarrollo y perpetúa la desigualdad”.

En ese sentido, hizo énfasis en la necesidad de consolidar un sistema nacional anticorrupción “sólido, autónomo y eficaz, que no dependa de voluntades particulares, sino de instituciones firmes y permanentes”.

La propuesta, que ya había sido presentada en la Cámara de Diputados el pasado 2 de julio, incluye dotar de mayor autonomía a las fiscalías anticorrupción del país, homologar los delitos relacionados con hechos de corrupción y ampliar sus facultades en materia de delitos financieros y extinción de dominio.

“Es indispensable articular la coordinación legislativa entre el Congreso de la Unión y los congresos estatales para impulsar reformas estructurales y dar seguimiento puntual al funcionamiento del sistema anticorrupción”, señaló el fiscal.

En el encuentro también participaron el presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción y fiscal de Guanajuato, Marco Antonio Medina Torres; el secretario técnico de la CONAFA y director de Inteligencia Delictiva, Patrimonial, Financiera y Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, Diego Alejandro Cárdenas Luján; así como el senador Barreda Pavón, quien refrendó su respaldo a la iniciativa.

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FAC) y el Poder Judicial firmaron un convenio de colaboración académica para profesionalizar a los servidores públicos que operan en el sistema de procuración e impartición de justicia.

El objetivo es fortalecer la lucha contra la corrupción y elevar la calidad del trabajo jurídico en la entidad, informó la FAC, en un comunicado de prensa.

El acuerdo fue suscrito por el fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela, y la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Myriam Hernández Acosta, quienes coincidieron en la importancia de capacitar de manera continua al personal encargado de integrar carpetas de investigación, procesar casos y dictar resoluciones judiciales en materia de hechos de corrupción.

Entre las acciones previstas en el convenio se incluyen:

Organización de capacitaciones, diplomados, conferencias, coloquios y seminarios sobre temas jurídicos clave

⁠Intercambio de publicaciones, criterios académicos y buenas prácticas

-Uso compartido de instalaciones con fines formativos

Diseño de convenios específicos con metas y calendario de trabajo

Durante su intervención, el fiscal Valenzuela subrayó que el acuerdo responde a una exigencia social clara, que es la de dar resultados efectivos en el combate a la corrupción.

“Este convenio refrenda la convicción de mejorar las capacidades técnicas y jurídicas del personal de la Fiscalía Anticorrupción, especialmente en un contexto donde la ciudadanía exige acciones contundentes y resultados efectivos”, expresó.

Asimismo, reconoció el liderazgo de la magistrada Hernández Acosta al frente del Poder Judicial, al considerar que ha promovido una visión institucional sólida y comprometida con la legalidad.

Por su parte, las autoridades judiciales destacaron que el convenio representa un esfuerzo por consolidar una justicia más ágil, profesional y cercana a la ciudadanía, mediante la colaboración interinstitucional.

“Con estas acciones, el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía Anticorrupción sellan un compromiso conjunto por la profesionalización y el acceso al conocimiento, en favor de una justicia más eficiente y transparente”, concluyó Valenzuela.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aprovechó el tema de las extradiciones de narcotraficantes hacia los Estados Unidos para criticar al Poder Judicial del país.

“La corrupción del poder judicial en nuestro país es aberrante y ofensiva”, respondió la primera mandataria durante la conferencia Mañanera del pueblo, en respuesta a la pregunta en torno al envío a Estados Unidos de 29 líder de grupos delictivos.

“Qué bueno que el pueblo de México tomó la decisión de cambiar de raíz el poder judicial”, dijo.

“Es una bendición para México, lo que vamos a vivir este año, de elegir a los jueces, magistrados y ministros y que el pueblo pueda salvar al Poder Judicial de esta ofensiva corrupción para el pueblo”, remató.

Sheinbaum Pardo respondió de esa forma a la pregunta en torno al fundamento jurídico en el que se basó el Gobierno de México para el envío de esas personas que estaban detenidas en cárceles del país.

Sin embargo, no accedió a ahondar en el tema, ya que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública darán una conferencia de prensa donde informarán sobre el caso.

El estado de Chihuahua ocupa el sexto lugar nacional en percepción de corrupción durante los últimos 10 años, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Según las seis mediciones realizadas desde 2013 hasta 2023, el 14.9 por ciento de las personas encuestadas en el estado reportaron haber sido víctimas de algún acto de corrupción al realizar trámites o gestiones ante el gobierno.

Este porcentaje posiciona a Chihuahua como una de las entidades con mayores problemas en esta área, solo por detrás de la Ciudad de México, Quintana Roo, Durango, Estado de México y Morelos. En la medición más reciente, correspondiente a 2023, el estado registró la prevalencia más alta a nivel nacional, con un 21.9 por ciento de ciudadanos mayores de 18 años afectados, superando por un amplio margen el promedio nacional de 14 por ciento.

Evolución de la corrupción en Chihuahua

A lo largo de la última década, Chihuahua ha alternado entre los primeros lugares en percepción de corrupción y momentos de mejora relativa. En 2013, se ubicó en el tercer lugar nacional con una prevalencia del 14.7 por ciento, mientras que en 2015 y 2017 se colocó en el quinto sitio, con tasas de 17.6 por ciento y 15.6 por ciento, respectivamente.

En contraste, las encuestas de 2019 y 2021 mostraron una disminución significativa, con Chihuahua cayendo al lugar 29 en ambos años, al registrar tasas del 9.4 por ciento y 10.4 por ciento. Sin embargo, el regreso al primer lugar en 2023 evidencia la persistencia del problema, particularmente en trámites relacionados con autoridades de seguridad pública, donde el 59.4 por ciento de las personas reportaron haber experimentado actos de corrupción.

Corrupción en México, un fenómeno persistente

En el ámbito nacional, el Inegi reporta que el 14 por ciento de los mexicanos mayores de 18 años fueron víctimas de corrupción en 2023. Aunque esto representa un aumento relativo del 15.7 por ciento respecto a 2013, el nivel de denuncias sigue siendo alarmantemente bajo: solo el 4.8 por ciento de las víctimas reportaron el acto ante una autoridad competente.

Entre las razones para no denunciar, destacan la percepción de inutilidad (29.5 por ciento), la creencia de que es una pérdida de tiempo (18.5 por ciento) y la normalización de la corrupción como una práctica común (12.6 por ciento).

Contexto global y acciones pendientes

La publicación de estos datos coincide con el Día Internacional contra la Corrupción, celebrado cada 9 de diciembre desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención contra la Corrupción en 2003. Este instrumento obliga a los países signatarios, incluido México, a fortalecer medidas para prevenir y combatir este problema.

En el caso de Chihuahua, los resultados subrayan la urgencia de adoptar políticas públicas más efectivas para reducir la prevalencia de actos irregulares y fomentar la denuncia ciudadana, con miras a mejorar la confianza en las instituciones gubernamentales.