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crimen organziado

Conocido como el “padre Marcelo”, este sacerdote tzotzil, asesinado el domingo pasado, ha puesto en evidencia la cruda realidad de violencia que azota a la región mexicana de Chiapas.

El hecho sacudió a la comunidad de San Cristóbal de las Casas, dado que el párroco era una figura emblemática en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, en la lucha contra el crimen organizado y en el activismo por la paz en uno de los estados más violentos de México.

Marcelo Pérez Pérez nació en San Andrés Larráinzar, Chiapas, una comunidad indígena tzotzil, que marcó profundamente su identidad y su misión en la vida. 

A lo largo de más de dos décadas de labor pastoral, el padre Marcelo se dedicó a servir a las comunidades indígenas más vulnerables, convirtiéndose en un defensor inquebrantable de sus derechos.

Uno de los hitos de su vida fue su servicio como párroco en Chenalhó y Simojovel, dos municipios chiapanecos marcados por conflictos sociales, pobreza y una creciente presencia del crimen organizado. 

Desde 2014, Pérez Pérez se convirtió en un líder visible en la resistencia contra el crimen organizado en Chiapas, ya que ese año encabezó una peregrinación para denunciar el creciente tráfico de drogas y la penetración de grupos criminales en las comunidades indígenas. 

Perseguido y amenazado

En 2020, el sacerdote denunció públicamente que había recibido amenazas a través de llamadas telefónicas. Detalló que su cabeza tenía un valor que oscilaba entre 150 mil y un millón de pesos.

A pesar de esto, sus pedidos de protección no fueron respondidos de manera adecuada por las autoridades. 

El 13 de septiembre de 2024, el padre Marcelo participó en la Marcha por la Paz en Tuxtla Gutiérrez, donde más de 20 mil personas se unieron para exigir un alto a la violencia en Chiapas. 

Fue fundador del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, una organización conformada por indígenas tzeltales, tzotziles y ch’oles de 13 municipios en la región de los Altos y la Selva de Chiapas.

Asesinato y reacción pública

El asesinato de Marcelo Pérez Pérez ocurrió la mañana del 20 de octubre de 2024, cuando el sacerdote fue interceptado por dos hombres armados a bordo de una motocicleta en el barrio Cuxtitali de San Cristóbal de las Casas.

Los atacantes, presuntamente de la banda criminal de Los Motonetos, le dispararon a quemarropa mientras él se encontraba dentro de su vehículo.

La diócesis de San Cristóbal de las Casas, encabezada por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, condenó enérgicamente el crimen y exigió al gobierno una investigación exhaustiva y justicia. 

Al mismo tiempo, el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, lamentó el homicidio y exhortó al gobierno en el poder a buscar soluciones para desmantelar a los grupos armados que tanto daño hacen a la comunidad.

El asesinato de Marcelo Pérez no pasó desapercibido en el ámbito internacional. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) emitió un comunicado condenando el crimen y solicitando a las autoridades mexicanas que realicen una investigación “pronta, exhaustiva y eficaz”. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresó su consternación, recordando que desde 2015 el padre Marcelo contaba con medidas cautelares, debido al constante riesgo que enfrentaba.

Cabe apuntar que la presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que ya se investiga el caso y dará más detalles sobre ello este lunes.

Miles de personas se unieron en una marcha en San Cristóbal, siguiendo el féretro del sacerdote hasta la parroquia de Guadalupe, clamando por “justicia” y portando banderas blancas.

EC

Desde hace varios años, en la selva de Chiapas es un secreto a voces que los miembros de la comunidad lacandona, integrada por indígenas tzeltales y lacandones, están inmersos en el tráfico de migrantes del Caribe, África, Centroamérica y Sudamérica, así como en el trasiego de marihuana y cocaína.

Esto se confirmó el 1 de septiembre de 2021, cuando miembros de la comunidad lacandona detuvieron y desarmaron a cuatro agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y siete de la Guardia Nacional, quienes habían detenido un día antes a dos hombres que transportaban migrantes rumbo a Palenque.

Los siete soldados, los cuatro agentes y dos niños, hijos de un oficial del INM que habían llegado a la comunidad Frontera Corozal a visitar a su padre, estuvieron cautivos durante cinco días en el poblado El Chikle, muy cerca del río Usumacinta.

En este hecho participaron elementos de la Policía Comunitaria de Lacanjá Chansayab, uniformados como elementos de la Policía Municipal de Ocosingo, al que pertenece ese lugar.

De las antiguas aldeas de Frontera Corozal, San Javier, Nueva Palestina y Lacanjá, con casas de techos de paja y muros de caña, ya no quedan vestigios. Hoy las calles están pavimentadas y hay casonas de colores vistosos. Los lugareños conducen camionetas todo terreno con vidrios polarizados y con los estéreos a todo volumen con narcocorridos.

Por las noches, caravanas de vehículos tipo Urvan circulan a toda velocidad por la carretera fronteriza, que enlaza la selva con Palenque, con decenas de migrantes a bordo que son llevados hacia los límites con Tabasco.

El 16 de diciembre de 2022, lacandones y tzeltales detuvieron, desarmaron y desvistieron a soldados de la 15 Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE) de Lacantún, en las inmediaciones de Lacanjá Chasayab.

Los soldados se habían rezagado de un grupo que transportaba cocaína decomisada al cuartel, cuando tzeltales y lacandones armados con fusiles de asalto los rodearon. “De aquí no se van mientras no devuelvan el cargamento”, amenazó uno de ellos.

El hombre al mando obligó a un soldado a grabar un video con su teléfono para pedir el intercambio de él y sus compañeros —12 en total—, junto con sus armas, a cambio de que les devolvieran la droga.

Los mandos militares que recibieron la grabación en sus teléfonos aceptaron devolver la droga y fueron liberados los soldados.

A principios del segundo semestre de 2021 se registró el aterrizaje de una avioneta en los alrededores de la comunidad Lacanjá Chansayab. Cuando los soldados llegaron a Bonampak, a unos 20 kilómetros, lacandones y tzeltales los detuvieron y los obligaron a retirarse.

El 20 de marzo pasado, durante una visita a Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que “en la Lacandona, cerca de Bonampak, hay pistas clandestinas; están manejadas por uno de los cárteles. Están aterrizando aviones con droga”, dijo el Mandatario.

Los miembros de la comunidad suscribieron una carta, en la que aseguraron que en el área que administran “no se tiene [detectada la presencia de] pistas clandestinas” para la descarga de estupefacientes. “El pueblo no tiene acuerdo alguno con los narcotraficantes”, declararon.

El presidente del comisariado de los bienes comunales de la Lacandona, Chankin Kinbor Chambor; el subcomisariado Enrique Andrade Vázquez y el subcomisariado de Nueva Palestina, Emilio Bolón Gómez, alegaron que su preocupación es la conservación de la biodiversidad de las 331 mil hectáreas. Sin embargo, los comuneros y los activistas dicen otra cosa.

La avioneta blanca

La fama de los lacandones ha remontado no como los encargados de preservar la selva, sino por un narcocorrido del grupo Extremo Norte, en el que se presume el desembarco de cocaína en la Lacandona: “En la Selva Lacandona hay una fiesta privada… Y lista para el otro viaje quedó la avioneta blanca”.

Un activista que trabaja en la biosfera y pide no ser identificado, asegura que entre Nuevo San Gregorio y Candelaria han sido expulsadas 50 familias por no estar de acuerdo con el uso del territorio “para actividades ilícitas”.

El 25 de enero, elementos de la Fuerza Aérea, de la base El Copalar, y la Guardia Nacional se tras-ladaron en helicópteros a 18 kilómetros al noroeste de San Quintín, donde hallaron una aeronave tipo jet, con capacidad para transportar más de una tonelada de carga. Encontraron dos hombres armados, uno de ellos menor de edad, que resguardaban 270 kilogramos de cocaína.

“Para eso sirven las reservas de biosfera”, bromea el activista. Explica que a pesar de que la Lacandona está militarizada, es muy difícil llegar al punto donde bajan las avionetas con droga.

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