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La iniciativa de Reforma a la Guardia Nacional presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya había sido aprobada días antes por la Cámara de Diputados, traslada el control y la administración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), siendo que antes estas eran facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), un órgano de carácter eminentemente civil.

Mediante la disposición aprobada, se asignan las funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas de manera permanente, lo que significa que ahora los militares tendrán la facultad para enfrentar a grupos criminales, homicidas, extorsionadores o cualquier otro tipo de delincuente

“La Federación contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría del ramo de Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”, reporta el informe del Senado sobre la medida aprobada.

Entre otras determinaciones de la reforma, está el otorgar fuero militar a la Guardia Nacional, que la GN tenga facultades de investigación al igual que la Policía y el Ministerio Público, así como que el Congreso tenga la facultad de expedir leyes que regulen la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en el apoyo a la seguridad pública.

La reforma señala también que el Senado de la República estará encargado de ratificar los nombramientos del titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, designado por el presidente de la República a propuesta del titular de la Sedena.

Con la medida se establece también que el presupuesto de la Guardia Nacional será en adelante ejercido por la Sedena, y la reforma señala que el Senado de la República estará encargado de ratificar los nombramientos del titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, designado por el presidente de la República a propuesta del titular de la Sedena.

El personal de la extinta Policía Federal que actualmente pertenece a la Guardia Nacional, pasará a formar parte de la SSPC y el Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días después de la entrada en vigor del decreto para armonizar el marco jurídico con el contenido de la reforma, señala el informe aquí descrito.

Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, que presiden la senadora Olga Sánchez Cordero y el senador Rafael Espino de la Peña, respectivamente, aprobaron un proyecto para extender la facultad del Ejecutivo Federal para brindar amnistía, de manera directa, a quienes aporten elementos comprobables que resulten útiles para esclarecer los hechos y llegar a la verdad en casos relevantes para el Estado.

A través de un comunicado de prensa se informó que la propuesta, que adiciona el artículo 9 a la Ley de Amnistía, también establece que se concederá amnistía a la persona o personas contra las que se haya ejercido acción penal, estén siendo procesados o se encuentren sentenciados por cualquier delito.

El documento, aprobado con 18 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones, precisa que en los casos a que se refiere esta disposición no será aplicable lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley y que la amnistía concedida extinguirá las acciones penales y las sanciones impuestas, se informó.

La presidenta de la Comisión de Justicia, senadora Olga Sánchez Cordero, aseveró que el fondo del proyecto es buscar la verdad, implementar la justicia transicional e impulsar la reparación del daño a las víctimas de un delito y sus familias.

Al respecto, la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, de Morena, afirmó que este proyecto ayudará a llegar a las verdades históricas, además de que impulsará la justicia social, pues diversos testimonios fueron obtenidos a través de la tortura.

“Llegar a la verdad es llegar a los autores intelectuales de los delitos, que muchos de ellos, de gobiernos anteriores, se encuentran libres”, acotó.

El senador de Acción Nacional, Damián Zepeda Vidales, argumentó que esta reforma tiene sólo “un beneficiario”, que sería el titular del Ejecutivo Federal, pues con la modificación legal, advirtió, “se hará más poderoso” al tener la facultad de perdonar un delito a quien sea por delincuencia organizada, trata de personas, feminicidio, violación, secuestro, huachicol o incluso narcotráfico.

Por el PRI, el senador Mario Zamora Gastélum pidió cuestionar a quién quiere perdonar el presidente de la República, especialmente antes de las elecciones. En ese sentido, denunció que la premura por aprobar esta propuesta es para otorgar la amnistía a alguien que pueda ayudar a Morena a ganar la elección presidencial, señala el comunicado.

Laura Iraís Ballesteros Mancilla, senadora de Movimiento Ciudadano, acusó que estas reformas y su análisis en “fast track” son muestra de la intención de reinstalar un “hiperpresidencialismo mexicano”, que calificó como “peligroso” por otorgarle al Ejecutivo federal gran cantidad de facultades que no le deberían corresponder.

En tanto, Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, declaró que “no se puede llevar a la Constitución el principio de abrazos y no balazos a los criminales”. En ese tenor, afirmó que la aprobación de esta propuesta es una afrenta a la división de poderes, pues se le otorga mayores facultades al Ejecutivo, apunta el comunicado.

Mediante redes sociales, Mario Vázquez externó su preocupación por el clima de inseguridad afecta a todo el país, señalando que “ya no se puede sostener la idea de que la ruta correcta es no molestar a los generadores de violencia, están lastimando a las familias, pareciera que con permiso”, publicó.

Esto, recordando la estrategia de seguridad del Gobierno federal que solo ha provocado una efervescencia de la delincuencia organizada en todo el país, no solo en las carreteras, sino también afectando a productores agrícolas quienes sufren el cobro de “derecho de piso” y dejando una estela de casi 180 mil muertos en los últimos cinco años.

Por esto calificó como legítimo el paro nacional de transportistas y expresó su solidaridad para con ellos, que ahora están en franca protesta a nivel nacional, con los agricultores, así como con las madres que buscan a sus hijos desaparecidos y que no tienen el apoyo de la federación.

“Es momento de superar la idea de rencor y odio que intentan sembrar para que no pidamos un México seguro y libre. Es momento de recordar que México es uno sólo y que en la división no podemos cuidarnos entre nosotros. Es hora de la reconciliación, es hora de gritar fuerte por los nuestros y por los demás”, indicó.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, lamentó la muerte del oficial mayor de Nuevo Casas Grandes, Pedro Lara Chávez, y reiteró que en Chihuahua las fuerzas estatales garantizan la seguridad de los habitantes de la zona noroeste.

“Los habitantes de Nuevo Casas Grandes no están solos, esta la gobernadora Maru Campus y las fuerzas estatales, reiteramos que nosotros como diputados vamos a hacer los que nos toca en los temas de seguridad, en este Estado los delincuentes no nos asustan”, expresó el diputado.

Agregó que desde meses atrás el Gobierno del Estado ha respondido de manera categórica y contundente, “estaremos muy al pendiente de la investigación, el estado de Derecho es una realidad en la entidad, lo ha dicho la gobernadora y el fiscal, los delincuentes no nos van amedrentar”.

Al ser cuestionado si se implementará alguna medida extraordinaria para garantizar la seguridad del gabinete municipal, dijo que confía en las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y llamó a los habitantes a “no tener miedo, porque somos más los que queremos paz y orden”.

“La revocación de poderes tendría que venir del Ayuntamiento, nosotros respetamos la autonomía municipal, este Congreso ha hecho trabajos de coordinación con el municipio; la cooperación es clave para mantener el orden y paz en NCG”, concluyó.