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La cárcel le espera no nada más a quien cometa sexting cibernético mediante el envío de imágenes con contenido sexual, sino también, a quienes las reciban.

La reforma penal que sancionará con hasta 5 años de cárcel a quien reciba imágenes con contenido sexual que involucren a personas que no han dado su consentimiento, ha entrado en vigor y, a partir de este lunes, comenzará a aplicarse.

El Periódico Oficial del Estado publicó este sábado la reforma aprobada por el Congreso del Estado de Chihuahua al artículo 108 bis del Código Penal, para tipificar como delito el hecho de recibir mensajes de texto, audio o video con contenido sexual explícito en perjuicio de terceras personas.

El nuevo tipo penal establece que, a quien reciba u obtenga de una persona, imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico o sexual y las revele o difunda sin su consentimiento y en perjuicio de su intimidad, se le impondrá de dos a cinco años de prisión y de cien a doscientos días de multa, que son de 10 mil 857 a 21 mil 714 pesos del 2024.

Con esta modificación, se amplían las sanciones contra quienes participen en la difusión, recepción o almacenamiento de material de carácter íntimo sin el consentimiento de las personas involucradas.

La reforma fortalece las disposiciones ya existentes en torno al delito de sexting, término que hacía referencia a la divulgación de contenido sexual explícito.

De esa forma, se tipifica como punible la simple recepción de este material si existe la intención de afectaciones a la privacidad o dignidad de terceros. De esta manera, Chihuahua se posiciona como uno de los estados pioneros en endurecer las medidas contra este tipo de violencia digital.

La iniciativa llegó a la tribuna de Congreso del Estado desde el año de 2019, a cargo de la diputada Rocío Sarmiento y el diputado Arturo Parga, ambos de Movimiento Ciudadano, quienes propusieron la reforma al 108 bis del Código Penal para incluir en el castigo.

En aquel entonces, la diputada Sarmiento, quien leyó la iniciativa en la Tribuna del Congreso, expresó que, con una tipificación penal de ese tipo, se logrará sancionar a todas las personas que lleven a cabo la difusión de imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico o sexual que perjudican a las víctimas de este delito.

El proyecto de reforma nació a partir de una serie de casos que ocurrieron en la ciudad de Chihuahua, donde circularon en redes sociales imágenes y audios con contenido sexual que involucraban a personas que no dieron su consentimiento ni para ser grabadas, y menos aún para que se difundiera ese material.

Cabe mencionar que el delito de sexting quedó incluido en el Código Penal de Chihuahua desde el año 2019, donde se contemplan sanciones de 4 a 8 años de cárcel a quien cometa conductas como las antes descritas.

La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) presentó este lunes, una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado en contra de Alfredo “El Caballo” Lozoya Santillán, exalcalde de Parral y actual candidato federal plurinominal por Movimiento Ciudadano, por el delito de robo de agua y daño a la infrestructura hídrica

Mario Mata, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, arribó a Parral junto con sus testigos para presentar la denuncia correspondiente.

Para poder fundamentar la denuncia que fue presentada ante la Fiscalía General del Estado, al tratarse de un delito, se realizó un peritaje técnico.

Según la JCAS, durante cinco años, Lozoya sustrajo agua de la red general mediante una toma clandestina ubicada en una vivienda de su propiedad en Hidalgo del Parral.

Dicha toma fue encontrada el pasado jueves en una vivienda de Alfredo Lozoya y permitía la extracción de hasta 9 litros por segundo. Durante los trabajos de inspección, se detectó un registro con un tapón que estaba recién colocado y aún húmedo, lo que indicaba su reciente instalación y uso ilegal.

La JCAS oficializó la denuncia por toma clandestina y robo de agua. Alfredo Lozoya no permitió la entrada del personal de la JCAS para verificar la toma al interior de su propiedad, lo cual generó mayor sospecha sobre la ilegalidad de la acción.

Mata desmintió que los documentos exhibidos ayer domingo, por Alfredo Lozoya tengan la legalidad y el pago de los derechos del agua en cuestión, ya que pertenecen al pago de derechos de las 18 viviendas que se encuentran en el fraccionamiento cercano a la casa donde se detectó la toma ilegal.

El auge de la digitalización de las empresas ha propiciado el aumento de casos de fraude cibernético y robo de datos, esto puede derivar en el hurto de  contraseñas, número de cuenta de tarjetas de crédito u otra información confidencial sobre la identidad de una persona.

Por lo anterior, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Bazán Flores, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto en el que se propondrá modificar el artículo 206 ter., del Código Penal del Estado, en materia de usurpación de identidad.

Con dicha modificar el artículo quedaría de la siguiente manera:

Artículo 206 ter., comete el delito de usurpación de identidad el que por cualquier medio obtenga datos personales en perjuicio de un tercero, con el objetivo de suplantar su identidad a fin de obtener algún beneficio para sí o para otra persona, o para la comisión de cualquier otro delito. 

A quien cometa este delito, se le impondrá pena de dos a diez años de prisión y una multa de doscientos cincuenta a cuatrocientas Unidades de Medida de Actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten.

Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el presente artículo y suspensión del derecho de ejercer la actividad profesional por un lapso de uno a cinco años, en el supuesto de que el sujeto activo tenga licenciatura, ingeniería o cualquier otro grado académico reconocido en el rubro de la informática, telemática y/o áreas afines.

El diputado Bazán dijo que un estudio realizado por la Asociación de Internet en México reportó que en 2021 cinco de cada 10 usuarios digitales fueron víctimas de algún fraude cibernético, principalmente robo de información, engaños y pérdidas financieras. 

Este aumento se debe a que muchas empresas y empleadores optaron por el trabajo remoto, lo que impulsó los ataques. 

Los criminales saben que, debido a todo lo anterior, los negocios han bajado sus filtros de fraude o relajado sus reglas, ya que buscan aceptar más transacciones, señaló.

El Gobierno Federal debe investigar el tráfico de personas porque la comisión de este delito propicia que estén llegando más migrantes a la ciudad, declaró el representante del Gobierno del Estado en esta frontera, Óscar Ibáñez Hernández.

“El crimen organizado está involucrado en este fenómeno, es un tema muy serio que debe atender el Gobierno Federal”, mencionó.

Las leyes y los procedimientos que hace el Gobierno Mexicano, consideró, sólo les otorga la estancia legal y eso favorece que se dé el tráfico de personas.

Enfatizó que se tiene que aplicar la ley a las personas que se encuentran en esta circunstancia.

El tráfico de migrantes, dijo, representa un negocio de 30 millones de dólares mensuales según cifras establecidas por funcionarios policiacos.

A algunos de los migrantes se los traen desde sus países de origen con la promesa de cruzarlos, pero difícilmente alcanzan ese propósito.

“Les dicen que los van a cruzar y, lamentablemente, muchos de esos temas terminan muy mal, algunos acaban muertos, algunos extorsionados y la gran mayoría sin poder llegar a Estados Unidos”, comentó.

Ibáñez Hernández opinó que el Gobierno de México debe de deportar a los que ya fueron rechazados por Estados Unidos, no tiene ningún sentido que sigan aquí.

Debe clarificar, además, una política para otorgarles empleo si es que van a permanecer en el territorio nacional.

Representantes de organizaciones civiles que apoyan a personas en condición de movilidad le dijeron que los ayudan a llegar al norte porque acá existen fuentes de empleo, mientras que en el sur son inexistentes.

“Eso es evidente, pero el tema es que el migrante no quiere venir a trabajar aquí, sino cruzar a Estados Unidos y no ayuda que los estén acercando”, dio a conocer.

Dijo que si el Gobierno Mexicano no define una política integral que atienda a los migrantes, ofreciéndoles empleo y que les den a todos los permisos para lograrlo, incluso otorgar incentivos a las empresas para que los contrate.

Hay muchas cosas que se pueden hacer y no sólo decirle al gobierno de Estados Unidos que los regrese a territorio mexicano sin que haya una política definida e integral.

Lo que nos queda, dijo, es atender a los que ya están aquí, informarles cómo está la ciudad y las opciones que tienen al quedarse.

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