Demanda

El caso de la demanda de México contra fabricantes de armas, fue desestimado bajo el argumento de que el Gobierno mexicano no proporcionó las pruebas que señalaran que las actividades de las empresas fabricantes tuvieran relación con algún delito en territorio mexicano.

Será la Corte Suprema estadounidense quien decidirá si bloquea o no la demanda por 10 mil millones de dólares que México interpuso en contra de las principales empresas que se dedican a producir armamento.

Dichas compañías son acusadas de que su giro ha propiciado gran parte de los decesos en México.

Estas empresas acusadas pidieron anular el fallo del tribunal de apelaciones que dio pie a la demanda, pese a la protección legal con la que cuenta la industria de la fabricación de armas.

México podría apelar la decisión de un juez federal que desestimó gran parte de la querella, afirmando que las empresas tenían conocimiento de que sus clientes pertenecían al crimen organizado, quienes ingresaban estas armas de forma ilegal a territorio mexicano.

Las autoridades gubernamentales creen que al menos 70 por ciento de las armas que entran ilegalmente a México, vienen de Estados Unidos.

Un estudio sobre la demanda, consumo y distribución de drogas, que no lo hay en los últimos siete años, ayudaría mucho para conocer la situación actual de las adicciones y, principalmente que arroje datos sobre los efectos del fentanilo en la sociedad, consideró el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.

En conferencia de prensa el funcionario explicó que un estudio actual es necesario, “pero hay que recordar que el organismo (federal) que se encargaba de eso, lo desaparecieron, y del Centro de Integración Juvenil nos dijeron que ya no les dan recursos para sus programas”.

El año 2016 fue la última vez que el Gobierno Federal realizó un estudio-encuesta sobre el tema y que se publicó en el 2017.

De acuerdo a estadísticas de la Fiscalía General del Estado, se han decomisado cerca de 700 mil pastillas de fentanilo en la entidad.

Además, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en las últimas semanas, ha incautado 5.2 kilos de esa droga en polvo, que hace suponer que existen en territorio estatal laboratorios clandestinos para su procesamiento.

“Yo no dudo que haya por ahí alguien que la consuma, pero no es algo general. Y respecto a que existan en el estado donde se fabrique fentanilo, la Fiscalía no tiene evidencias, pero tampoco lo puedo descartar”, manifestó Jáuregui.

“El que no tengamos evidencia de que existan laboratorios, no quiere decir que no los haya. Lo que sí es un hecho es que, el estado de Chihuahua y su territorio, sí son utilizados como plataforma para hacer llegar el fentanilo a los Estados Unidos”, dijo el fiscal general.

Ante las altas temperaturas que la ola de calor ha traído al país, la demanda de agua durante este verano aumentó a niveles históricos, mil 500 metros cúbicos por segundo, informó Alan Falomir, titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

“Tenemos una baja generalizada en la presión en los últimos 15 días, pues con la temperatura máxima alrededor de los 40 grados que se han registrado se generó una demanda histórica de agua en la ciudad”, comentó el funcionario.

Informó que los 160 pozos que alimentan a la ciudad están trabajando al máximo y que, con la inminente llegada de las lluvias, espera que se estabilicen las temperaturas y pueda restablecerse el servicio de agua con normalidad.

Agregó que la falta del suministro de agua ha tenido que ver con las fallas en la CFE y que no es responsabilidad de la JMAS, e indicó que se da mantenimiento preventivo a los pozos para evitar fallas.

En este sentido, 26 pozos tuvieron fallas por la falta de luz. De momento, se están recibiendo 600 reportes al día por falta de presión, mencionó el funcionario.

“Invitamos a la población a evitar desperdicios de agua. A respetar los horarios de riego de 7 de la tarde a 7 de la mañana, e indicó que las casas con números pares pueden regar los días lunes, miércoles y viernes, mientras que los números nones, los días domingo, martes y jueves. Recordó que el sábado no se permite el riego.

Finalmente, dijo que ya se encuentran al servicio de la ciudadanía 60 pipas de agua que se pueden solicitar al 063, mismas que trabajan 20 horas al día para abastecer de agua a la ciudadanía.

La demanda de vivienda en combinación con la liberación de tierras ejidales, leyes obsoletas y la falta de vigilancia en la obra de contratistas, han influido negativamente para que las inmobiliarias incursionen cada vez más en el entorno natural de la capital de Chihuahua en la construcción de fraccionamientos.

Esa es, en síntesis, la opinión calificada del arquitecto Pablo Hernández Quiñones, quien desde hace 10 años es representante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua, ante el Consejo de Planeación Urbana Municipal (CPUM).

El desarrollo inmobiliario que ha afectado a las ciudades mexicanas y en particular ha dañado cerros y praderas de Chihuahua, tiene sus orígenes en la demanda de 800 mil viviendas durante el sexenio de Vicente Fox.

De acuerdo a Hernández Quiñones es la etapa en que el Infonavit migró de ser constructora a una colocadora de créditos.

Eso se juntó con la liberación de los ejidos, donde los ejidatarios vieron una mayor posibilidad de negocio: vender sus terrenos a inmobiliarias, que sembrar sus parcelas.

Este fenómeno fue como una bola de nieve negativa para las ciudades, particularmente la de Chihuahua, que siguió mucho el modelo de “sprawl cities” (ciudades extendidas) de poblaciones del sur de Estados Unidos como Phoenix, El Paso o el mismo Los Ángeles.

“Con esa combinación, de tierra barata y nula regulación del ordenamiento de la ciudad, las constructoras empezaron a comprar terrenos ejidales a precio barato, pero lejos en las sierras pequeñitas del nororiente de la ciudad”, dijo el representante ante el CPUM.

En aquel entonces, no había mucha regulación respecto al ordenamiento de la ciudad que también trajo consigo el encarecimiento de las viviendas en esos sectores.

Pablo Hernández ha visualizado que muchas veces el daño que le hacen a los cerros es por una situación de ejecución de obra.

Indicó que eso es parte de responsabilidad de las inmobiliarias; o sea, cuando un desarrollador presenta un proyecto, éste indica hasta dónde va a llegar el polígono, cuánto es de áreas verdes, dónde van a ser las áreas privativas, dónde va a ser el equipamiento, pero ya en la ejecución, los desarrolladores contratan a una empresa o contratista que realiza los movimientos de tierra.

“Más que buscar del lado el gobierno, sí deberían de poner más atención las desarrolladoras en el sentido que cuando preparan los paquetes de licitación, tendría que definir bien las cláusulas de contrato por parte de los particulares, y así establecer un protocolo de protección a la flora y la fauna”, expresó el representante del Tec de Monterrey.

En el aspecto legal, Hernández Quiñones manifestó que se han dado pasos pequeños para que legisladores pongan atención al problema e incentiven leyes para que se regule el ordenamiento urbano y la ciudad no crezca en extensión un metro más.

“Soy parte del Consejo Consultivo del Implan y la verdad, sí hay una intención de normar eso con reformas a la ley. La intención existe, pero a veces es más lento de lo que nos gustaría para poder solucionar las cosas”, dijo el representante del Tec de Monterrey.

Como integrante del Consejo, se le cuestionó si ha detectado algunas irregularidades en los procesos de trámites donde se aprueban esos proyectos.

Cualquier proyecto de autorización de fraccionamiento tiene que entrar por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología en la Subdirección de Fraccionamientos y luego de ahí lo pasan a un estudio técnico y lo mandan al Implan, donde el staff le da como un segundo visto bueno, respondió.

Él mismo, señaló, en su calidad de arquitecto, ha realizado trámites para una obra con uso específico y con cambio de suelo y ha sido lo mismo, no ha habido un trato preferencial que le den por ser integrante del Consejo.

“Yo no he escuchado que haya habido una irregularidad. Y que yo tenga conocimiento, voy a ser bien sincero: no hay mano negra en el sentido de que hay un uso de suelo en determinado predio que está como reserva territorial o ambiental y que cambien a otro tipo de uso; no me ha tocado y eso que tengo de consejero en el Implan unos 10 años”, reveló Hernández Quiñones.

–¿Entonces hay transparencia, no hay dados cargados; por decir, los miembros del consejo que menciona no marcan tendencia?, se le cuestiona.

–No fíjese que no, todo está bastante balanceado, todo se cabildea e inclusive, las mesas de trabajo, aseguró.

También dijo que le consta que se han recibido denuncias de ambientalistas y colectivos que vigilan por el medio ambiente.

“Sí he sabido de esas denuncias, porque sí es algo de lo que platicamos en el Consejo y creo que se les ha invitado a acercarse a dialogar para explicarles cuál es el proceso”, concluyó el arquitecto Hernández Quiñones.