deportaciones

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos detuvieron el martes 20 de enero a un niño de 5 años, Liam Conejo Ramos, junto con su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, en la entrada de su vivienda en Columbia Heights, un suburbio al norte de Minneapolis, Minnesota.

El incidente ocurrió cuando el menor regresaba del preescolar en Valley View Elementary School, parte del distrito escolar Columbia Heights Public Schools.

Según la superintendente Zena Stenvik, quien ofreció una conferencia de prensa el miércoles, agentes federales interceptaron al padre y al niño en la entrada de la cochera de su vivienda.

Stenvik denunció que los agentes pidieron al niño tocar la puerta de la casa para verificar si había más personas dentro, describiéndolo como “usar esencialmente a un niño de 5 años como carnada” para atraer a otros familiares.

Tanto el niño como su padre fueron trasladados a un centro de detención familiar en Texas, específicamente el South Texas Family Residential Center en Dilley, cerca de San Antonio, según el abogado de la familia, Marc Prokosch, y fuentes escolares.

La familia tiene un caso de asilo pendiente y no cuenta con orden de deportación activa ni cargos criminales mencionados contra el padre en reportes iniciales.

Este caso forma parte de una ola de detenciones en el distrito: cuatro estudiantes han sido retenidos por ICE en las últimas semanas, incluyendo una niña de 10 años y dos adolescentes de 17.

Funcionarios escolares reportaron que agentes han vigilado vecindarios, seguido autobuses escolares y rodeado escuelas, generando miedo entre familias migrantes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ICE rechazaron las acusaciones de que el niño fuera el objetivo del operativo.

En un comunicado oficial en X, DHS afirmó que la acción estaba dirigida exclusivamente contra el padre, un inmigrante indocumentado de Ecuador liberado bajo la administración Biden.

Según la versión federal, el padre huyó a pie al ver a los agentes, “abandonando” al niño en el vehículo; un oficial se quedó con el menor por su seguridad hasta capturar al padre, y luego lo llevaron juntos para no dejarlo solo.

El vicepresidente JD Vance, durante una visita a Minneapolis el jueves, defendió la operación y negó que ICE “arrestara” al niño, enfatizando que no podían abandonarlo en el frío.

Imágenes difundidas por el distrito escolar muestran al pequeño con una mochila de Spider-Man y un gorro azul, de pie junto a agentes federales, lo que ha circulado ampliamente en redes y medios, provocando indignación local, protestas comunitarias y críticas de demócratas que acusan a ICE de tácticas crueles contra menores no violentos.

El evento se enmarca en la intensificación de operativos migratorios bajo la administración Trump, incluyendo “surges” en Minnesota y otros estados. No hay indicios de deportación inmediata del niño; ambos permanecen detenidos en Texas según los últimos reportes del 22 de enero.

Como Jonathan Ross fue identificado el agente de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que disparó y causó la muerte de una mujer durante un operativo federal realizado el 7 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota.

Ross forma parte de la unidad Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés), especializada en operativos de alto riesgo vinculados a detenciones migratorias y cuenta con más de 10 años de servicio dentro de la agencia.

No es la primera vez que su nombre ha estado asociado a hechos violentos.

En junio de 2025, durante otro operativo federal en Bloomington, Minnesota, Ross resultó gravemente herido cuando una persona que intentaba huir lo arrastró varios metros con un vehículo.

El incidente le provocó lesiones severas que requirieron decenas de puntos de sutura y un periodo prolongado de recuperación, de acuerdo con reportes judiciales y policiales de ese momento.

Las autoridades federales sostienen que el agente actuó en defensa propia durante el operativo; sin embargo, autoridades locales, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han exigido una investigación exhaustiva y transparente, al señalar que el historial del agente y las circunstancias del despliegue deben evaluarse de manera integral.

El caso reavivó el debate nacional sobre el uso de la fuerza letal por parte de agentes federales, el papel de ICE en entornos urbanos y los mecanismos de rendición de cuentas cuando un operativo termina con el homicidio de una mujer.

Una disminución en el flujo de connacionales repatriados de Estados Unidos se registró en el inicio de la segunda etapa del Gobierno del presidente Donald Trump, en comparación con las registradas previo al cambio de administración, reportó este día la Mesa Estatal de Construcción de Paz.

Durante la reunión, encabezada por la gobernadora María Eugenia Campos, las autoridades presentes analizaron las estrategias a implementar ante las deportaciones masivas, anunciadas por el vecino país.

Al momento suman mil 891 las personas retornadas a territorio mexicano por la frontera de Chihuahua, de las cuales, mil 617 ingresaron por Ciudad Juárez y 274 por Ojinaga.

La lucha contra la delincuencia

El fiscal general del Estado, César Jáuregui, explicó el desarrollo de la estrategia establecida en Ciudad Juárez, y también la de Guadalupe y Calvo y la manera como se trabaja para combatir la criminalidad, mientras que el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, presentó el conteo de arrestos alcanzados durante los últimos días, mismo que asciende a 62 personas, procesadas por delitos diversos.

La gobernadora exhortó a las y los presentes a redoblar esfuerzos y continuar con el trabajo en conjunto, pues afirmó que solo en unidad es como se podrá garantizar el bienestar de las y los chihuahuenses en todo el territorio estatal.

En el encuentro también estuvieron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el comisario Alejandro Rivas, coordinador de la Guardia Nacional en Chihuahua; el general de Brigada de Estado Mayor, Rubén Zamudio, comandante de la 5/a Zona Militar, y la representación de la 42/a Zona Militar.

Virtualmente participaron Zaira Carrasco, encargada de la Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, y Fernando González, secretario técnico y representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las agencias norteamericanas de migración y de seguridad pública no tienen, a la fecha, conocimiento de cuál será la estrategia a seguir para llevar a cabo la deportación masiva de migrantes que ha anunciado el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo informó Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado (SSPE), al hablar sobre la problemática humanitaria y de seguridad que se avecina con motivo de la llegada de miles de migrantes que serán expulsados del vecino país.

“Nosotros, hasta ahorita, en las reuniones y conversaciones que hemos tenido con nuestros colegas de otras agencias de los Estados Unidos, no tienen claro cómo va a ser”, comentó.

En conferencia de prensa, en la que fue abordado sobre esa problemática que ya se avecina, dijo que ya han platicado también con el Instituto Nacional de Migración (INM) del Gobierno Federal, para poder saber si ya hay una estrategia clara.

La intención es saber cuántos migrantes se pretenden regresar por la frontera del estado de Chihuahua, que la que regularmente se escoge para esas acciones, añadió el funcionario estatal.

Tampoco existe una definición muy clara en torno a si el Gobierno estadounidense expulsará a través de México a personas originarias de otros países.

Mencionó que existe una propuesta de inversión en un condado en el estado de Texas, que no es ni El Paso, ni Presidio, en los límites con Chihuahua, donde se construiría un centro de migración para atender esas acciones.

Loya Chávez descartó que las personas que se encuentran de manera irregular en los Estados Unidos sean delincuentes, narcotraficantes o violadores, como lo ha afirmado el actual presidente electo desde que era candidato del Partido Republicano a la presidencia de aquel país.

“Yo no estoy de acuerdo en que todas las personas que van a los Estados Unidos sin documentos sean criminales”, dijo.

“Todos hemos tenido amigos conocidos o familiares que en algún momento han migrado hacia los Estados Unidos en busca de una mejor vida y no son delincuentes”, concluyó.