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desplazamiento forzado

El secretario de Seguridad Pública y el fiscal general del Estado, Gilberto Loya y César Jáuregui, respectivamente, negaron que exista desplazamiento forzado de familias habitantes de poblados de la sierra de Chihuahua por amenazas o ataques del crimen organizado.

Ambos funcionarios, abordados por separado, coincidieron en que se han presentado enfrentamientos entre bandas enemistadas, pero no se ha tratado de ataques contra la población civil o que obliguen a la gente a dejar sus lugares de residencia.

Loya Chávez afirmó que sí hay un combate entre dos grupos delincuenciales y que, además están combatiendo contra el Gobierno, pero no tienen como blanco de sus ataques a la población de las comunidades serranas.

“Nosotros hemos estado ahí restableciendo el orden público,”, aseguró Loya.

Lo que sí ha pasado, añadió, es que, ante enfrentamientos entre bandas delictivas, como los ocurridos en Cinco Llagas, municipio de Guadalupe y Calvo, donde la gente se retira ante el temor de salir lastimada por los actos de esos grupos.

En Cinco Llagas, dijo, “llegamos después de este tipo de manifiestos de violencia, restablecemos el orden público y la normalidad”.

Situación similar ha ocurrido en la comunidad de Dolores, del mismo municipio, donde la gente incluso –asegura el funcionario- ya ha ido regresando a sus lugares de residencia, una vez que se reestableció el orden.

Agregó que, así como no ha habido ataques contra la población, tampoco se ha dañado la infraestructura de esos lugares.

A su vez, César Jáuregui, consideró que existen casos muy específicos donde algún grupo llega a buscar a una persona en específico porque supone que está vinculada al bando contrario.

Del desplazamiento de personas, insistió en que no hay tal y que se debe estar atentos ante ese tipo de versiones, pues hay muchas noticias que vienen dirigidas precisamente de quienes están recogiendo los desplazamientos.

El Congreso del Estado aprobó un exhorto de la bancada de Morena, para que la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván atienda de manera inmediata y de forma integral el desplazamiento forzado y la violencia que se vive en el municipio de Guadalupe y Calvo y la sierra de Chihuahua. 

La petición solicitada por la diputada de Morena, Leticia Ortega Maynez, expuso que los residentes de la zona  sufren ataques y amenazas por parte de grupos delictivos que buscan reclutar jóvenes o apropiarse de su territorio para llevar a cabo diversos fines delictivos. 

Leticia Ortega agregó que de acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado, del 2015 al 2023, 572 personas del municipio de Guadalupe y Calvo han abandonado sus viviendas, por lo que es urgente que se brinde el alojamiento digno y seguro para las personas que ya fueron desplazadas de sus territorios. 

Aunado a lo anterior, dijo que el 14 de octubre del 2019 la CNDH emitió la recomendación no. 94 /2019 sobre el caso de desplazamiento forzado interno de 80 personas y por violaciones al derecho de acceso a la justicia y a la verdad, debido a la inadecuada procuración de justicia en agravio de 102 personas integrantes de dicho grupo familiar cometidas por la FGE. 

Mientras que, el 29 de abril del 2022 se emitió otra Recomendación 96/2022 a autoridades de Chihuahua por vulnerar los derechos humanos y no otorgar atención a 120 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, cinco de las cuales fueron asesinadas y una más lesionada en Uruachi y Guazapares.

“Instamos a la gobernadora a brindar la protección y ayuda humanitaria a todas aquellas personas que son víctimas de desplazamiento forzado, otorgándoles viviendas dignas y seguras, con dormitorios, baños, servicios básicos y condiciones de higiene óptimas”, expresó en la Diputación Permanente. 

El punto de acuerdo fue aprobado con 5 votos a favor, sin embargo, al momento de debate el diputado del PAN, Gabriel García Cantú, solicitó una mención que también fue aprobada, para que se solicitará información a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal sobre las acciones emprendidas en el estado de Chihuahua. 

Además de que el titular de la Fiscalía General de la República informe al Legislativo de Chihuahua, el número de carpetas de investigación iniciadas por la comisión del delito de delincuencia organizada en el estado, el número de personas detenidas, vinculadas a proceso y sentenciadas, y si los agentes aprehensores de estas personas han sido por agentes policiales del orden federal, municipal o estatal.

Por último, también incorporó un llamado a las personas titulares de la Comisión Nacional y Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que actúen e intervengan conforme a derecho en el tema.

Registra Baborigame más de 150 personas desplazadas “forzadamente” en 2024 

“En Morena siempre hemos combatido el desplazamiento forzado de comunidades completas, con motivo de la violencia, por la llegada de algunas empresas transnacionales, mineras particularmente”, respondió Andrea Chávez, aspirante al Senado de la República por Morena, PT y PVEM.

La actual diputada federal informó que tiene contemplado en este periodo de intercampaña y campaña que comprende 90 días, acudir a diversas partes de la Sierra Tarahumara, y que es una prioridad en su gestión la defensa del territorio y de las familias que pertenecen a pueblos originarios.

Andrea Chávez respondió que, aunque se le ha advertido del riesgo en algunas zonas de la entidad, le corresponde como servidora pública acudir a las comunidades a escuchar a los pobladores y multiplicar su brigada voluntaria a más espacios.

“Hemos tenido reuniones con la Fundación Paso del Norte en materia de defensa de derechos humanos; con la Asociación Alianza Sierra Madre, que lleva varios de estos casos. También diversas reuniones a nivel nacional con los compañeros en defensa del agua, en defensa del territorio, particularmente los integrantes de la comunidad rarámuri”, comentó.

Organizaciones de la sociedad civil detallaron que durante agosto y diciembre de 2023 y el 3 y 4 de enero del 2024, acudieron a Guadalupe y Calvo para brindar ayuda humanitaria y prevenir el desplazamiento forzado de familias y comunidades Ódames de la región. 

El pasado 7 de junio, un grupo de alrededor de 60 personas de la comunidad Ódame La Sierrita, fueron víctimas de desplazamiento, debido al clima de inseguridad con la tala ilegal y la presencia de grupos armados.

La Sierrita cubre varios ranchos y se sustenta principalmente con el autoconsumo, donde las familias  desplazadas tenían ganado, chivas, gallinas, mulas y sobre todo plantíos de vegetales como tomate y calabacitas, maíz, frijol, chícharo y trigo.  

Por lo que, la Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), el Colectivo de Prácticas Psicosociales (Coppsac), Servicios para la Paz (SeraPaz), Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y la Parroquia de Baborigame, realizaron tres visitas a la comunidad de Mala Noche, para brindar ayuda a quienes se quedaron y evitar la salida de más familias. 

No obstante, en enero de 2024, en el poblado de Baborigame, estas mismas organizaciones documentaron los hechos violentos que obligaron de nueva cuenta a más de 150 personas a salir de sus casas, debido a amenazas y al clima de violencia que existe en la zona.

A esto se suma, los datos de la Fiscalía General del Estado con un registro de desplazamiento forzado de 572 personas del municipio de Guadalupe y Calvo, desde el año 2015 y hasta mayo de 2023.

En este sentido, el Cedehm informó que presentó el 11 de diciembre un amparo para brindar alojamiento emergente digno, seguro y con enfoque de pertinencia cultural, contemplando un espacio autónomo, suficiente, dormitorios, baños, condiciones de higiene óptimas, servicios básicos e instalaciones que permitan el desarrollo de actividades recreativas de las familias desplazadas. 

Además de pedir alimentación, vestido, abrigo, calzado, educación con enfoque étnico, atención médica digna, respaldo psicológico y jurídico, así como apoyo para obtener una fuente de ingresos que les permita rehacer su vida. 

“Es indispensable que las autoridades atiendan a las personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado, pues al dejar sus hogares y trasladarse a las ciudades las condiciones en las que viven no son favorables para su calidad de vida”, expresaron a través de sus redes sociales. 

Por último, hicieron un llamado a las autoridades estatales para la instalación de un resguardo con personal de seguridad permanente en la región, para que las comunidades puedan retornar a sus hogares.

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