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javier corral

El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, afirmó que la dependencia no entregará la carpeta de investigación por presuntos actos de corrupción atribuidos al exgobernador y actual senador de la República, Javier Corral Jurado, pese a los intentos de autoridades federales por atraer el caso.

Valenzuela calificó como “increíble e inaudito” que desde la Fiscalía General de la República se busque obtener control del expediente mediante un juez federal, a través de un proceso que, aseguró, constituye “un abuso excesivo de poder”.

“Existe un intento de llevarse la carpeta de investigación. Hemos sostenido que es ilegal. No vamos a permitir que se la lleven para que pase lo que ha sucedido con otras carpetas”, advirtió.

Sobre esa intención, reiteró enfáticamente que no entregará el expediente “por más alarde que haga el imputado”. Sostuvo que la investigación continuará en Chihuahua.

Se trata de causas penales que se le siguen tanto al exgobernador y hoy senador, como a quien fuera su secretario de Hacienda, por presuntos actos ilícitos cometidos durante el proceso de reestructuración de la deuda pública del estado.

Valenzuela expuso que la FGR promovió la atracción mediante el juez federal Antonio Alcoberde, pero la Fiscalía Anticorrupción obtuvo primero la suspensión provisional y después la suspensión definitiva, lo que impide de momento que el caso sea trasladado fuera del ámbito estatal.

El fiscal señaló que el temor de fondo es que el expediente tenga el mismo destino que otros casos que cambiaron al ámbito federal durante la administración de Corral, como el del exfiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, a quien no mencionó por su nombre. Recordó que investigaciones relevantes se debilitaron al pasar a manos de autoridades federales, entre ellas las relacionadas con presuntas irregularidades de la administración anterior.

“Lo que quieren es repetir lo que ha pasado con otras carpetas, como el caso de tortura del anterior fiscal de Derechos Humanos, quien llevaba los expedientes ‘X’. Los delitos de corrupción que tanto se difundieron se manejaban directamente desde la oficina del gobierno”, señaló.

Valenzuela sostuvo que la dependencia agotará todos los recursos legales para mantener la investigación en Chihuahua y evitar que sea trasladada a la Ciudad de México.

Adelantó además que existen varias carpetas adicionales relacionadas con presuntos delitos cometidos durante la administración de Corral, las cuales serán judicializadas antes de que termine el año.

Dijo confiar en que el conflicto competencial se resolverá a favor del estado, independientemente de los cambios próximos en la Fiscalía General de la República.

“Este es un asunto estrictamente jurídico. Celebro que haya jueces de carrera que mantienen su autonomía pese a las presiones.”

Valenzuela reiteró que la investigación contra Corral permanecerá en Chihuahua y que la Fiscalía Anticorrupción defenderá su competencia para concluir el caso. Añadió que permitir la atracción por parte de la Fiscalía General de la República abriría la puerta para que todas las investigaciones en las que aparezca un senador puedan ser reclamadas, incluso si los hechos ocurrieron antes de que los implicados asumieran el cargo.

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta Félix, respondió a los señalamientos del exgobernador Javier Corral Jurado, recordándole que fue su administración la que no atendió una denuncia presentada contra el gobierno de César Duarte Jáquez, además de haber permitido actos de corrupción dentro de su propio gabinete.

El intercambio comenzó luego de que Corral publicara un mensaje en redes sociales en el que cuestionó a la bancada de Morena por la ratificación de Acosta Félix al frente de la ASE. En respuesta, el auditor aseguró que el exmandatario combatió la corrupción “de forma selectiva y convenenciera”.

“No puede soportar —Corral Jurado— que la Auditoría Superior a mi cargo haya descubierto, en su propia administración y algunos casos estando él aún en funciones, hechos de alto impacto en materia de corrupción que hoy tienen sancionados, confesos, bajo proceso y/o prófugos”, afirmó Acosta.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook —y recordando que fue propuesto para el cargo por el propio Corral en 2019— el auditor negó estar beneficiando al exgobernador César Duarte o a la actual administración estatal.

Truena Corral contra diputados de Morena por aprobar reelección de Acosta

“Se le olvida que fue la ASE la que presentó una denuncia penal respecto de la última cuenta pública del gobierno de César Duarte, la cual nunca fue atendida por la fiscalía de su propia administración”, señaló.

Añadió que funcionarios de dicha fiscalía acudieron a su oficina para solicitarle cancelar los sellos de recibido y volver a presentar la denuncia, debido a que durante un año “olvidaron” realizar diligencias. “Obviamente me negué”, afirmó.

Acosta también recordó que varios exfuncionarios de la administración corralista —incluidos un exsecretario de Hacienda, el extitular de Comunicación Social y exservidores públicos de Salud— hoy enfrentan procesos penales derivados de observaciones de la ASE.

Asimismo, mencionó casos graves de corrupción documentados durante la gestión de Corral, como el fideicomiso para atender a niñas y niños víctimas de la violencia, además de irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Rural y en el Cecytech.

Tras rechazar señalamientos de protección al gobierno actual, el auditor invitó al exmandatario y hoy senador a consultar los informes oficiales.

“Parafraseándolo, por mí hablan mi trayectoria y mis actos; por él, ahora solo sus palabras”, remató.

El senador Javier Corral Jurado arremetió contra la bancada de Morena en el Congreso del Estado por votar a favor de la reelección de Héctor Acosta Félix como titular de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE), pese a que —afirmó— el funcionario enfrenta investigaciones de la Fiscalía General de la República y de la Auditoría Superior de la Federación.

Corral, quien actualmente enfrenta un proceso penal por presunto peculado derivado de auditorías realizadas durante la gestión de Acosta Félix, calificó de “cuestionable” el desempeño del auditor y señaló, entre otras omisiones, la falta de revisión al gasto del actual gobierno estatal en el proyecto Torre Centinela.

“Acosta Félix fue ratificado hoy por los diputados del PRIAN y sus aliados y, de manera insólita, también por los legisladores de Morena”, escribió el exgobernador en su cuenta de X (antes Twitter). A su juicio, la votación contradice los principios que Morena asegura defender.

Corral enlistó casos que, según él, ameritan investigación: adjudicaciones directas en la compra de libros de texto, la adquisición de vehículos a una empresa perteneciente al esposo de la gobernadora, así como la compra de camiones inservibles para la ruta troncal en Chihuahua capital. También acusó al auditor de usar la ASE “de manera facciosa para fabricar expedientes contra adversarios políticos”.

Aseguró que, aun con dicho historial, algunos diputados justificaron la ratificación bajo el argumento de un “buen desempeño”, aunque —señaló— sin precisar en favor de quién.

Cabe destacar que la ASE, bajo el mando de Acosta Félix, realizó la auditoría que derivó en los procesos penales iniciados contra el propio Corral y contra Arturo “N”, exsecretario de Hacienda en su administración.

El empresario Eduardo “Lalo” Almeida citó este viernes a conferencia de prensa en el exterior de las instalaciones del Poder Judicial para anunciar que un juez un juez federal ordenó la comparecencia obligatoria del senador Javier Corral en la audiencia inicial por la denuncia presentada por amenazas.

Según Almeida, el juez advirtió que, de no acudir de manera personal, se aplicará apercibimiento e incluso podría tenerse por desistida la denuncia, conforme al artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En un comunicado, el empresario, quien fue acusado de presuntos actos de corrupción por el gobierno de Corral Jurado, informó que el juez ordenó al Ministerio Público Federal entregar a la defensa y al propio Almeida la carpeta física, foliada y certificada de la demanda que interpuso el exgobernador y ahora senador de la República contra Almeida.

La denuncia derivó de una bravata ocurrida en marzo del 2025, cuando Almeida y Corral coincidieron en el aeropuerto “Roberto Fierro” de la ciudad de Chihuahua.

El altercado ocurrió el 20 de marzo de 2025 en la sala de espera del aeropuerto, cuando Almeida increpó a Corral por las investigaciones impulsadas durante su administración.

Según se pudo apreciar un video que circuló en redes sociales, el empresario elevó el tono y se aproximó de manera agresiva al exgobernador, lo que obligó a personal de seguridad a intervenir.

Tras el incidente, Corral declaró que el comportamiento de Almeida era “una expresión más del desquiciamiento personal y político de quienes se sintieron afectados por la lucha anticorrupción”.

El empresario respondió acusando al exgobernador de haber montado “una persecución política” en su contra y de fabricar denuncias para utilizarlo como “moneda de presión” en el caso Duarte.

La disputa pública coincide con un revés jurídico para Almeida. En junio y julio de 2025, tribunales federales confirmaron la validez de un crédito fiscal superior a 511 millones de pesos, derivado de omisiones de ISR e IVA detectadas por autoridades hacendarias desde 2014.

La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y un tribunal colegiado negaron los últimos recursos promovidos por el empresario, dejando firme la decisión.

Con el fallo, la Procuraduría Fiscal de la Federación quedó en posibilidad de reactivar una carpeta penal por presunta defraudación fiscal agravada, lo que podría escalar el caso hacia una acción penal formal.

Almeida ha sostenido reiteradamente que el expediente fiscal es resultado de una “venganza política” de Corral, a quien —según él— apoyó económicamente en etapas anteriores.

Corral, por su parte, ha afirmado que las investigaciones se basaron en auditorías, trazabilidad financiera y triangulación de recursos vinculados a la red operada bajo el gobierno de César Duarte.

El enfrentamiento en el aeropuerto se suma a una larga serie de señalamientos cruzados entre ambos personajes y vuelve a colocar el caso en el centro del debate público, ahora bajo la atención del nuevo contexto judicial que enfrenta el empresario.

Cabe mencionar que, a la fecha, Corral y Almeida son compadres.

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