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La gobernadora Maru Campos encabezó este lunes en Palacio de Gobierno, la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, en la que hizo un llamado a las autoridades presentes a seguir con los trabajos coordinados para reforzar las estrategias de seguridad en la entidad, sobre todo las enfocadas en la protección a las mujeres.

La mandataria instó a quienes integran las diferentes corporaciones de seguridad, a mantener la suma de voluntades y la coordinación con las diversas instancias, para lograr la erradicación de los delitos por razones de género.

Además, la gobernadora destacó la importancia de seguir trabajando para garantizar una respuesta eficaz y el seguimiento adecuado a quienes reporten este tipo de situaciones, a través de la colaboración entre la FEM, la Ceave y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres).

En este sentido, el fiscal general del Estado, César Jáuregui y la fiscal especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), Wendy Chávez, presentaron las principales acciones implementadas y los resultados obtenidos a lo largo de la presente administración, en comparación con la anterior.

Entre los datos destaca que, al corte del pasado jueves, en 2025 la FEM ha iniciado 13 carpetas de investigación por casos de feminicidio en la entidad; seis ya cuentan con una vinculación a proceso, una está en etapa de judicialización, cuatro siguen en investigación y dos fueron archivadas, se indicó.

Además, se dio inicio a 14 carpetas por tentativa de feminicidio, de las cuales siete ya cuentan con una vinculación a proceso, cuatro están en etapa de judicialización y tres más siguen en la integración de elementos como parte de la indagación, de informó.

En lo que va del año se han obtenido 16 sentencias condenatorias: seis por casos que desde el inicio fueron clasificados como homicidio, pero en los que la FEM dio seguimiento hasta su conclusión, una por homicidio por razón de género, cinco por feminicidio y cuatro por tentativa de feminicidio, añade el reporte presentado esta mañana.

Por su parte, Norma Ledezma, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (Ceave), expuso a la mandataria las estadísticas de servicios otorgados desde el 2021 a la fecha, con más de 36 mil personas canalizadas por primera vez, y arriba de 259 mil atenciones jurídicas y 120 mil de psicología.

Al encuentro asistieron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el titular d la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya; la titular del ICHMujeres, Raquel Bravo y los generales de brigada de Estado Mayor, Alberto Miguel Rodríguez y Alejandro Gutiérrez, comandantes de las zonas militares 5/a y 42/a, respectivamente.

También acudió el delegado de la Fiscalía General de la República en Chihuahua, Ramón Ernesto Badillo; el coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Alejandro Rivas; y el secretario técnico y representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila.

El Congreso del Estado convocó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, a comparecer para que informe sobre los hechos ocurridos el pasado 8 de marzo, cuando mujeres manifestantes fueron detenidas durante una protesta.

Además, se solicitó una investigación sobre los agentes involucrados en dichas detenciones.

El funcionario se presentaría ante las Comisiones Unidas de Igualdad y Seguridad Pública, donde se le harían los cuestionamientos relativos a los hechos del sábado pasado, que derivaron en la detención de tres mujeres manifestantes.

La diputada América Victoria Aguilar Gil (PT), quien presentó la proposición, denunció que las tres mujeres fueron detenidas sin causa aparente y trasladadas a instalaciones de seguridad sin permitírseles comunicarse con abogados o familiares.

Mencionó testimonios y reportes periodísticos, así como videos publicados en redes sociales que muestran que las detenciones fueron violentas “y sin justificación clara”.

Aguilar Gil recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 6 y 9, protege el derecho a la manifestación pacífica.

Del mismo modo, existen tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscritos por México que garantizan ese derecho.

Los diputados exigieron al secretario de Seguridad Pública que dé a conocer los protocolos aplicados durante la manifestación, las acciones que se implementarán para garantizar el respeto a los derechos humanos en futuras movilizaciones y las sanciones a funcionarios o elementos que hayan incurrido en violaciones a derechos fundamentales.

La comparecencia busca esclarecer los hechos y evitar que se repitan actos arbitrarios que vulneren los derechos de las personas manifestantes.

La diputada América Aguilar Gil (PT) calificó como “indignante, violenta y una burla a las mujeres”, la detención de activistas durante la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, ocurrida el pasado sábado.

En un comunicado, la legisladora expresó su rechazo ante los actos de represión y el uso excesivo de la fuerza por parte de policías vestidos de civil contra las manifestantes. 

“La ironía y el cinismo de que arrastren, golpeen y electrocuten a mujeres que están pidiendo que no se violente a las mujeres, cae en la burla”, declaró Aguilar.

Las detenciones, agregó, se hicieron de manera arbitraria y con un nivel de agresividad inaceptable. 

Según información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, son tres mujeres las que fueron detenidas el sábado 8 de marzo en el entorno a la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

Ese acto, añadió la legisladora, es una muestra “de la violencia sistemática que enfrentan las mujeres, incluso cuando alzan la voz para exigir justicia y seguridad”.

“Es indignante ver la agresividad con la que hombres, abusando del poder que les da una placa, tratan de reprimir y silenciar con golpes a mujeres que están alzando la voz contra esa misma violencia”, afirmó. 

Aguilar Gil hizo un llamado a las autoridades competentes para que investiguen los hechos y se evite la impunidad. Instó a que se dé respuesta a las denuncias presentadas por las mujeres agredidas y se garantice su derecho a la justicia. 

Asimismo, la legisladora exhortó a las mujeres de Chihuahua a no dejarse intimidar y a continuar exigiendo sus derechos.

“Son estos mismos actos los que nos dejan en claro que no estamos seguras en las calles”, subrayó.

La marcha del 8 de marzo del 2025 reunió a cientos de mujeres de diversas edades para manifestar su rechazo a la violencia de género y exigir justicia para las mujeres víctimas de la violencia.

La concentración estaba convocada para las 4 de la tarde, pero desde las 3:30, la glorieta de Pancho Villa, punto de inicio, entre la avenida Universidad y División del Norte, estaba desbordada.

Las manifestantes, muchas de ellas, eran integrantes de alguna colectividad en defensa de los derechos de la mujer, pero también había personas que de manera espontánea se sumaron a la manifestación.

En su camino rumbo a la Plaza del Ángel, algunas manifestantes pintaron consignas en las paredes de los edificios aledaños y anotaron nombres completos de hombres a los que acusaban de violación, acoso o maltrato hacia la mujer.

Si bien, los edificios públicos ubicados en la ruta habían quedado protegidos con barras metálicas, el edificio que ocupa la Educem, una institución educativa privada, tenía sus ventanas cubiertas con tablas de madera, lo que no impidió a manifestantes retirarlas a punta de golpes y quebrar los vidrios.

Consignas en contra de “los machos” y del machismo, en favor del derecho de la mujer a decidir y, sobre todo, en reclamo a la autoridad por no frenar la violencia ni esclarecer crímenes por razones de género predominaron en la manifestación.

Con cánticos como “señor, señora, no sea indiferente, le matan las mujeres en la cara de la gente” o “la Policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, se fueron andando las cientos de mujeres hasta llegar a la Plaza del Ángel del centro de la ciudad, el cual, desde el jueves pasado, lucía amurallado con vallas metálicas en derredor del Palacio de Gobierno, el edificio de Rectoría y la Plaza Hidalgo.

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