pedro torres

El diputado de Morena, Pedro Torres, calificó de “irresponsables” las declaraciones del legislador de Movimiento Ciudadano, Francisco Adrián Sánchez, quien acusó a integrantes del Congreso de “proteger a narcoterroristas”.

Torres calificó dichas expresiones “temerarias y profundamente ofensivas con las que solo busca generar “likes” y protagonismo.

“Resulta preocupante que un legislador recurra a este tipo de acusaciones sin sustento jurídico ni práctico, únicamente con la intención de generar polémica en redes sociales”, expresó el morenista.

Torres señaló que no hay evidencia ni análisis serio que respalde las afirmaciones de Sánchez.

“Lo que sí existe –dijo– es una clara intención de buscar protagonismo en redes a costa del respeto institucional y de la verdad”.

Criticó que su homólogo de MC ponga por delante su deseo de emitir mensajes que se hagan virales y andra a la casa de los “likes” en redes sociales.

El morenista hizo un llamado a recuperar la seriedad del Congreso local y recordó que los temas de seguridad pública y combate al crimen requieren rigor, no declaraciones efectistas ni confrontaciones mediáticas.

“Como Congreso, no debemos caer en provocaciones. Pero sí debemos señalar, con toda claridad, cuando un representante elige el camino del espectáculo por encima de su responsabilidad constitucional”, concluyó.

El diputado juarense Pedro Torres Estrada (Morena), denunció desde la tribuna del Congreso del Estado el despojo ilegal de agua perpetrado por el exgobernador César Duarte Jáquez, por la construcción de una presa, varias represas y un pozo en su propiedad conocida como El Saucito.

El legislador aseguró que esas obras las realizó sin la autorización obligada de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y en medio de una crisis hídrica que afecta al 98.6 % del territorio estatal.

“El exgobernador se robó el agua del pueblo para llenar sus represas privadas, mientras miles de familias enfrentaban los estragos de la sequía. Eso es corrupción en su forma más descarada y no puede quedar impune”, señaló el legislador.

Torres Estrada presentó datos sobre la magnitud de la emergencia hídrica que vive Chihuahua: la producción de frijol reducida al 5 %, las presas como La Boquilla por debajo del 15 % de su capacidad y una disminución del hato ganadero de más del 30 %.

El legislador recordó que, tras la exposición pública de las obras ilegales en el rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició en abril la demolición de las estructuras hidráulicas construidas por Duarte Jáquez sin permisos.

Sin embargo, una suspensión provisional concedida por la jueza federal Madhay Soto Morales, detuvo los trabajos en menos de 24 horas.

Torres Estrada criticó que, a pesar de que Duarte fue extraditado desde Estados Unidos en 2022 y enfrenta múltiples procesos por peculado, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa, permanezca libre y sin restricciones judiciales visibles. Calificó esta situación como una “burla a la justicia”.

Asimismo, advirtió que la jueza Soto Morales ya ha sido señalada en otras decisiones controversiales, como la suspensión de la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua.

“El agua no es un lujo, no es un negocio. Es un derecho humano. Si no defendemos la vida desde este Congreso, ¿entonces para qué estamos aquí?”, cuestionó el legislador.

Finalmente, Pedro Torres presentó una proposición con carácter de acuerdo, en la que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a revisar la actuación de la jueza Soto Morales en el amparo 1183/2025-IX, por presunta extralimitación en la interpretación de la ley, y a imponer sanciones en caso de confirmarse irregularidades.

El diputado juarense Pedro Torres Estrada (Morena) presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para establecer la figura de la legítima defensa en beneficio de las mujeres que repelen las agresiones su pareja o de otros hombres y, en ese intento, terminan lesionándolos o incluso privándolos de la vida.

Torres equiparó su propuesta a la llamada “Ley Alina”, referente a la policía de Tijuana, Alina Mariel Narciso Tehuamixtle, quien inicialmente había sido sentenciada a 45 años de prisión por haber asesinado a su esposo cuando éste la agredía y la amenazaba.

Las mujeres en el país cada vez se detectan más casos de legítima defensa en donde mujeres luchan físicamente por defender su vida y como consecuencia su victimario muere, señaló el morenista.

Sin embargo, agregó, al no existir tratamiento desde el inicio con perspectiva de género, se catalogan estos casos como homicidios y las mujeres terminan purgando una condena en prisión.

Lo peor del caso es que se les da tratamiento de homicidas cuando en muchos casos se trata de legítima defensa, dijo Torres Estrada.

Para evitar que se cometan ese tipo de errores procesales, es necesario que las investigaciones y las personas juzgadoras actúen con perspectiva de género, recalcó.

Del caso de Alina, recordó que la sentencia quedó revocada por un de primera instancia de Baja California, pero se pudo haber evitado ese proceso si se hubiera tratado el caso con perspectiva de género.

Lamentablemente, continuó, el caso de “Alina” no es el único que se ha presentado, ya que existen ejemplos en Chihuahua, como el de María Guadalupe, de 19 años de edad.

El caso ocurrió en el 2015, cuando la joven estaba privada de su libertad y fue atacada a golpes por su pareja, quien armado e intoxicado la amenazó con ultrajarla y asesinarla.

En el forcejeo un arma se disparó y la pareja de María cayó herido. A ella se le acusó y sentenció por el delito de “homicidio en riña con carácter de provocado”.

“Ese tipo de casos demuestran el aumento de la violencia en contra de mujeres en el país, cada vez se detectan más casos de legítima defensa en donde mujeres luchan físicamente por defender su vida y como consecuencia, el victimario muere”, dijo.

Por lo tanto, es necesario que las investigaciones valoren las pruebas de un caso con un enfoque de género apropiado conlleva a producir sesgos que invisibilizan la violencia contra la mujer, contribuyendo a la impunidad.

Algo sumamente problemático si se tiene en cuenta que la impunidad perpetúa estereotipos negativos sobre las mujeres que terminan, culpabilizándolas o victimizándolas de su propia agresión.

Torres Estrada pide adicionar al artículo 28, fracción cuarta, un tercer párrafo y quedar de la siguiente manera:

También se presumirá legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando la agresión tuviere lugar en un contexto de violencia de género que abarque la violencia física, psicológica, sexual, familiar o feminicida y sea esta sea repelida.

La iniciativa será turnada a comisiones y, en fechas próximas, podría ser sometida a análisis para su posible votación.