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El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid dijo que no se puede negar la realidad de los centros penitenciarios en el estado señalados en las observaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero que hay avance en temas de seguridad, rumbo al segundo informe de Gobierno de María Eugenia Campos.

Chávez Madrid dijo no tener conocimiento del Diagnóstico sobre la situación de las mujeres en los centros penitenciarios del estado de Chihuahua 2023, en el que se califica a los Ceresos femeniles de Chihuahua y Juárez, con un 5.9 y 5.2, respectivamente.

“Nosotros siempre observamos, analizamos y tomamos muy enserio las observaciones de la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, esa es otra diferencia en este estado, el presidente quiere desaparecer la CNDH, que sirve para señalar fallas de los gobiernos de todos los niveles en lo que respecta a derechos humanos”, expresó el diputado.

El panista aseguró que desde la Secretaría de Seguridad Estatal toma el control de los penales, se tiene un mayor orden y estabilidad en “todos los sentidos”, tanto en lo administrativo, penitenciario y logístico, y declaró que “falta mucho por hacer” pero que cree que en este 2024 viene un aumento en ese rubro.

Al ser cuestionado si las calificaciones otorgadas por la CEDH le parecen un avance en el gobierno estatal en materia de prevención y atención a la seguridad, respondió que “no tengo referencia si sea un avance o no, porque no conozco los estudios anteriores, pero te puedo contestar es que hay un tema de atención del Gobierno del Estado a los penales”.

De acuerdo al diagnóstico, Chihuahua ocupa la sexta posición a nivel nacional con población penitenciaria femenil en México, así como el quinto lugar con una tasa de  28.3 por cada 100 mil mujeres, lo que coloca a la entidad por encima del promedio nacional que es 18.9.

Hasta julio de 2023, Chihuahua registró un total de 474 mujeres privadas de su libertad, 62 por ciento ubicadas en Juárez; el 41.1% con edades promedio entre 18 y 29 años de edad, mismo que coincide con el informe de la CNDH 2022, en el que se dio a conocer que, en el estado, la mayoría se concentra en mujeres jóvenes y edad reproductiva.

Asimismo, que de las 474 mujeres 182 se encuentran en situación de vulnerabilidad, que representan el 40 por ciento y dentro del penal viven 17 niños y niñas. Señalando como causas directas de su reclusión, la ausencia de paz, estigmatización, drogadicción, deficiencias en el sistema judicial, ausencia de servicios de salud mental, el aspecto sexual, entorno y hogar.

Y con causas estructurales por parte de las instituciones basadas en la discriminación, desigualdad socioeconómica, falta de educación y oportunidades, pobreza, desigualdad entre hombres y mujeres, violencia contra niñas, niños y adolescentes y la cultura de violencia.

“Tampoco podemos negar la realidad que dice la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que debo decirlo, en este periodo extraordinario de sesiones vendrá a el titular a dar su informe y estaremos atentos a este y otros temas, ver cómo podemos abonar el respeto a los derechos humanos”, agregó.

En este sentido, el Congreso del Estado informó que este 30 de enero en punto de las 11 horas, se celebrará una sesión extraordinaria con motivo del informe de la CEDH, el último de su presidente Néstor Armendáriz nombrado durante la administración pasada de Javier Corral 2018-2021, y del cual hasta el momento se desconoce si buscará su reelección como ombudsman del organismo.

“Si allá (a nivel nacional) se quiere desaparecer la Comisión, aquí en Chihuahua se reciben los informes, porque siempre serán beneficiosos”, concluyó.

Entre las observaciones de la Comisión destacan el déficit en el personal operativo de seguridad, inadecuado equipamiento, condiciones laborales precarias, ausencia de capacitaciones integrales, carencia de reglamento interno, sobrepoblación, riesgo para la seguridad de quienes laboral y viven dentro de los centros, deficiencia en los derechos de salud, hacinamiento, entre otros.

En 42 de los 290 Centros de Reinserción Social del país existen actividades ilícitas, insuficiencia de personal de custodia, así como un ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad, destaca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En su Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria (DNSP) 2022, revela que en esos penales existen deficiencias en el procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias, falta de reglamentos internos y en algunos casos extorsión y soborno.

Destaca que en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 El Amate, en Cintalapa, Chiapas, no existen programas para la prevención y atención de incidentes violentos, así como deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a los presos.

El organismo que dirige Rosario Piedra Ibarra reprobó con calificaciones de entre 4.26 a 5.94 a 12 prisiones que se ubican en Sonora, Puebla, Chiapas, Hidalgo, Tabasco, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes y Colima, porque no existen condiciones para el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

El documento destaca que 13 sistemas penitenciarios obtuvieron calificaciones entre 6.05 a 6.98, correspondientes a la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Veracruz, Guanajuato, Michoacán de Ocampo, Coahuila, Sinaloa, San Luis Potosí, Baja California Sur y Campeche.

Detalla que durante 2022 disminuyeron los incidentes violentos en los centros penitenciarios estatales, federales y militares, al pasar de mil 478, en 2021, a mil 302 ocurridos el año pasado.
Estos incidentes fueron riñas, con mil 96 casos en 2022; suicidios, 100; homicidios, 47, y huelgas de hambre, 29. Sin embargo, los homicidios al interior de los penales se incrementaron de 39, en 2021, a 47 en 2022.

En cuanto a la identificación de temas de mayor incidencia, durante las visitas de supervisión realizadas por la CNDH se observó que persiste en los centros carcelarios la necesidad de implementar los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, así como fortalecer las actividades laborales y de capacitación.

Sobre las prisiones militares, en promedio, las tres visitadas por la comisión obtuvieron una calificación global de 8.38.

La CNDH asegura que las distintas problemáticas que enfrenta gran parte del sistema penitenciario del país, como la sobrepoblación, el autogobierno, el hacinamiento, la insuficiencia del personal de seguridad, la falta de supervisión de las personas titulares, la indebida o ineficiente clasificación de las personas, representan alarmas que requieren atención primordial, que de no observarse continuarán generando graves efectos, que vulneran y ponen en riesgo, no sólo la seguridad de los centros, sino la vida de quienes viven y trabajan en ellos.

En la presentación del referido diagnóstico, la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, lamentó que pese a los resultados de los anteriores diagnósticos emitidos por la comisión no se hayan tomado las medidas para generar condiciones dignas y realizar acciones que permitan revertir las grandes problemáticas que se detectan e impactan en la situación de los penales, por lo que llamó a las autoridades responsables a efectuar un análisis crítico y detectar los obstáculos y limitaciones que impactan en las condiciones de gobernabilidad y seguridad.

El coordinador parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Mario Vázquez Robles, señaló que, mientras los penales de Chihuahua tienen una sobrepoblación del 20%, en los federales hay más de 9 mil espacios vacantes.

En un documento presentado ante la Diputación Permanente, el panista mencionó que los  14 centros penitenciarios federales tienen espacio para 28 mil 520 personas, pero albergan solo a 18 mil 855.

Mientras, los centros de reclusión de Chihuahua tiene 7 mil 386 espacios en conjunto, pero alojan a 8 mil 901 personas privadas de la libertad.

Es decir, añadió, que tienen las cárceles del estado mil 151 personas más de lo disponible, lo que representa una sobrepoblación del 20.52%.

Por lo tanto, la Federación debe hacerse cargo de los internos por delitos del fuero federal, que en Chihuahua son 873 corresponden al fuero federal, indicó.

Mientras que los reclusorios del país albergan a 29 mil 538 personas acusadas o sentenciadas de delitos del fuero federal, en las cárceles federales hay 9 mil 665 espacios vacantes, añadió.

“La federación ahorra recursos y desperdicia espacios penitenciarios que bien pudieran ser ocupados por personas vinculadas al crimen organizado y narcotráfico, que desestabilizan las cárceles estatales”, comentó.

Sin mencionarlo por su nombre, Vázquez Robles cargó contra el delegado de la Secretaría del Bienestar, Juan Carlos Loera, por las críticas que este hizo al gobierno del estado por los sucesos del 1 de enero en el Cereso 3 de Juárez, cuando se fugaron 30 internos y 17 personas fueron asesinadas.

“Critican a las autoridades estatales por los actos que desequilibran los centros penitenciarios y las ciudades donde se ubican, cometidos por presos que debieron estar purgando sus condenas en cárceles federales”, destacó el diputado.

Congreso de la Unión debe regularizar la forma y la temporalidad de los traslados de  personas privadas de su libertad hacia otros penales de la República, demandó el diputado.

En una iniciativa de punto de acuerdo, el panista señaló que el Comité Técnico debe realizar un diagnóstico dichas personas tomando en cuenta  delito y peligrosidad de que se trate, de manera permanente.

Queda claro que, tras los sucesos del 11 de agosto del 2022 y del 1 de enero del 2023 se hace necesaria una reforma a fondo de todo el marco jurídico que regula la operación de las cárceles en el país.

Es necesario realizar una reforma que busque vincular a la autoridad nacional, “al cumplimiento de una revisión constante y sistemática de los niveles de peligrosidad de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios de las entidades federativas”.

Detalló que las instancias obligadas del tema son la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal y al titular del órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

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