Pinedo

Los argumentos que la Fiscalía Anticorrupción vertió sobre la culpabilidad del excoordinador de Comunicación Social corralista, Antonio P.C., por el delito de “uso ilegal de atribuciones y facultades”, fueron suficientes para que la jueza Miriam Montejo dictara vinculación a proceso para el imputado.

Y, al conceder el plazo máximo de seis meses a la Fiscalía, fijo la realización del juicio para el 26 de marzo de 2024.

Por lo tanto, la Fiscalía Anticorrupción en este lapso llevará a cabo su investigación para obtener testimonios de entrevistar al personal que tuvo cercanía con los hechos.

A la defensa le pareció excesivo el plazo solicitado, al considerar que es exagerado entrevistar a toda el área de una dependencia estatal, porque representa un perjuicio para su representado ya que deben prevalecer los derechos del imputado y no se trata de un delito grave.

Los cargos en contra del exvocero corralista fueron por favorecer los siguientes contratos:

Araly Cristina Paulina del Rocío L.A. Directora Administrativa y cómplices externos, Abril Susana Pilar R.L. y Efraín Alonso M. D., en esta capital adquisiciones con cargo al gobierno del estado a nombre de la moral Xtreme Sports S. de R.L. de C.V.; con la misma moral, SH/ADE/001/2018 con fecha del 17 enero de 2018 por 800 mil 779 pesos.

También, el contrato SH/ADE/006/H/2018 con fecha del 1 febrero de 2018 con un monto de 4 millones 175 mil pesos.

Asimismo, se indicó la licitación que se otorgó a la persona moral Upcon, S.A. de C. V. con el contrato SH/LPE/017/2018, con fecha del 14 de febrero del 2018 por 3 millones 917 mil 188 pesos.

Además, el contrato SH/DAS/ADOC/017/2018 con fecha 9 de febrero, con la moral Malcomsat, S.A. de C.V. por un monto de 354 mil 960 pesos para comprar dos computadoras.

Finalmente, el contrato simplificado número 117000105 con fecha del 25 de julio del 2018 con Malcomsat, S.A. de C.V. con un monto de 73 mil 269 pesos para una cámara de vídeo.

En el debate de argumentos de la audiencia de vinculación a proceso de Antonio P.C., a quien le fijaron como medida cautelar la prisión preventiva justificada por uso ilegal de atribuciones y facultades, el Ministerio Público, Ramón Anchondo, argumentó que “los contratos son una cosa y la vida privada es otra, y pienso que la vida privada sí tiene que ver con el conflicto de intereses”.

Señaló como pruebas principales los testimonios de un empleado de Xtreme Sports, quien reconoció hacer trabajos de edición y producción; en contraparte, los dichos de empleados de la Coordinación de Comunicación Social que consideraron innecesario la contratación de la empresa.

También señaló que el Comité de Adquisiciones y Servicios fue coptado por el subsecretario de Administración de la Secretaría de Hacienda, Guillermo Luján Peña, y por el gobernador Javier Corral, de quien dijo, no eran ajenas esas contrataciones de servicio.

Además, mostró como comprobante de la supuesta relación amorosa entre el imputado y la representante de Xtreme Sports, Abril Susana del Pilar Ruiz Licón, una licencia de conducir de Antonio P.C. donde aparece el celular de ella como número de emergencia.

Por éstas y otros razonamientos, la Fiscalía Anticorrupción pidió que al imputado se le formalice el auto de vinculación a proceso.

Esto lo solicitó el defensor José Luis Contreras Cruz a la jueza Miriam Montejo, aludiendo que el testimonio de Pablo Pinedo no reconocía ninguna relación de su padre con las personas involucradas, ni la relación amorosa con Abril Susana.

En su argumentación, el defensor indicó que no encontraba un beneficio para Abril Susana, en su calidad de apoderada de la empresa y tampoco para el excoordinador de Comunicación Social.

La licencia de conducir que mostró el MP, según Contreras, es de una fecha posterior a la de la celebración de los contratos, de enero a junio de 2018, entre Gobierno del Estado con las empresas involucradas (Xtreme Sports, Malcom Sat y Upcom) a finales de ese año.

“Son pruebas suficientes para que usted, su señoría, para solicitar el auto de no vinculación a proceso a favor de Antonio P.C.”, demando la defensoría.

Luego del debate, la jueza estableció una prórroga para emitir su veredicto.

Al reanudar el juicio inicial de Antonio P., el Ministerio Público prosiguió con el desahogo de pruebas y presentó documentos originales del contrato que celebró el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación de Comunicación Social (CCS) con X treme Sports quien “tiene amplia cobertura y capacidad financiera suficiente” por diversos servicios, uno de ellos durante el informe del gobernador.

El contrato de enero de 2018 presenta las rúbricas de aprobación del entonces subsecretario de Administración de la Secretaría de Hacienda, Guillermo Luján Peña, de Antonio P, de la administradora de CCS, Araly Cristina L. A. y del representante legal de Xtreme Sports.

La Fiscalía Anticorrupción también mostró el dictamen del acta de adjudicación, del 16 de enero de 2018, autorizado por Carolina Córdoba, en su calidad de presidente del Comité de Adquisiciones.

El Ministerio Público reforzó sus argumentos al mostrar a la jueza Miriam Montejo, facturas y comprobantes de pago, entre enero y noviembre de 2018, con pagos parciales por la cantidad de 379 mil 636.04 pesos mensuales.

El desahogo de pruebas siguió con la presentación de un diálogo del 18 enero 2018, donde Araly Cristina se comunica con ingeniero Gamboa Rascón de Upcom y remite documentos para recibir una mega pantalla, con la instrucción de fijarla en la avenida Paseo Triunfo de la República en Ciudad Juárez.

Enseguida, la jueza pidió un receso.