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Los cuatro policías municipales que fueron privados de la libertad el lunes 29 de diciembre mientras escoltaban a la alcaldesa de Ojinaga, Lucy Marrufo Acosta, fueron localizados con vida durante la noche del lunes y madrugada del martes, informaron fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas en la carretera Ojinaga-Aldama, cuando un comando armado interceptó el convoy en el que viajaba la presidenta municipal rumbo a una reunión de seguridad regional en el municipio de Aldama.

Los elementos fueron obligados a bajar de la patrulla, que quedó abandonada con las puertas abiertas a unos tres kilómetros de la caseta de Ojinaga.

Inmediatamente se desplegó un amplio operativo por tierra y aire con elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la FGE.

Horas después, los cuatro policías fueron hallados con vida en un predio conocido como Rancho Largo, en la zona entre Aldama y Chihuahua, o en un terreno similar, según reportes preliminares.

No se han detallado lesiones graves ni las circunstancias exactas de su liberación, y las autoridades mantienen reserva sobre posibles motivos del secuestro.

La alcaldesa Lucy Marrufo se reportó ilesa y fuera de peligro.

Cinco presuntos integrantes de un grupo criminal que opera en el noroeste de Chihuahua fueron capturados por fuerzas estatales y federales durante un operativo desplegado en el municipio de Moris, donde el pasado 7 de octubre fueron asesinados tres agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Entre los detenidos se encuentra Rafael N., alias El Pray, segundo al mando dentro de la estructura criminal encabezada por Ever José N., El Águila, identificado como uno de los principales generadores de violencia en la región serrana. Su captura representa un golpe estratégico contra una célula delictiva con presencia en Sonora, Sinaloa y Chihuahua, de acuerdo con las autoridades estatales.

De origen sonorense, El Pray era considerado una pieza clave dentro del grupo dedicado al trasiego de drogas, robo de vehículos y ataques contra fuerzas de seguridad. Su historial delictivo lo colocaba como objetivo prioritario a nivel nacional.

Los otros detenidos: el jefe de sicarios, su hermana y los encargados del “taller del narco”

Otro de los capturados es Adrián N., de 26 años y originario de Uruachi, identificado como jefe de sicarios de El Águila y presunto participante directo en la emboscada contra los policías estatales en el poblado de Motul, perteneciente a Moris.

Junto a él fue asegurada su hermana, Michelle Jiménez N., de 19 años, señalada también como generadora de violencia en la zona serrana, y presuntamente involucrada en la logística y comunicación de la célula criminal.

Las autoridades también detuvieron a Diego N., de 51 años, mecánico especializado en modificar vehículos robados y alterar sus números de serie. En su taller, de acuerdo con los informes oficiales, se blindaban camionetas y se colocaban emblemas alusivos a grupos delictivos.

El quinto detenido, Óscar Alexis N., contaba con una orden de aprehensión vigente emitida por la Fiscalía General de la República en Sonora, por delitos del fuero federal.

Operativo en la sierra: 17 vehículos asegurados y una cacería abierta

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Realivázquez Domínguez, informó que durante el operativo se aseguraron 17 vehículos, varios de ellos con reporte de robo en Texas, Nuevo México y Sonora, además de algunos con blindaje artesanal y rótulos de grupos criminales.

Entre las unidades incautadas figuran una RAM 1500 TRX modelo 2023 robada en Arlington, Texas; una Jeep Gladiator sustraída en Dallas en mayo de 2024, y una Ford F-250 Super Duty con emblemas de una organización criminal, además de camionetas Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Lincoln Navigator y Cadillac Escalade.

El operativo desplegado en Moris contó con 230 elementos de distintas corporaciones, 75 unidades terrestres, un helicóptero Bell 429, cuatro drones y 80 puntos de monitoreo.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, mientras continúa la búsqueda de otros integrantes de la célula armada responsable del ataque.

Sin impunidad y con respaldo del Ejército, asegura Loya Chávez

“Hoy más que nunca estamos trabajando de la mano con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para contrarrestar los efectos de la delincuencia organizada en esta y otras regiones del estado. No habrá impunidad para quienes atenten contra la vida de policías o de cualquier ciudadano”, advirtió el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez.

El funcionario rechazó versiones que señalaban que los agentes de la SSPE fueron abandonados por las fuerzas federales durante el ataque, y subrayó que existe “una excelente relación y coordinación” con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Policías lesionados: dos a punto de ser dados de alta

Respecto a los elementos heridos en el ataque, Loya Chávez informó que dos ya fueron “prácticamente” dados de alta, mientras que otros dos permanecen bajo observación médica.

En el ataque del 7 de octubre murieron tres agentes estatales, cuando el convoy en el que viajaban hacia Chihuahua para realizar el cambio de turno fue emboscado en una brecha serrana; uno de los vehículos se desbarrancó, lo que agravó el saldo trágico del enfrentamiento.

La diputada federal por Chihuahua, Lilia Aguilar Gil (PT), presentó una iniciativa para dotar de vivienda a policías y demás trabajadores de seguridad pública, ya que la mayoría de ellos no son sujetos de crédito por vivir debajo de la línea de pobreza.

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, la legisladora chihuahuense señaló que casi el 70 por ciento de los elementos de las policías locales perciben salarios menores a 16 mil pesos mensuales, cantidad equivalente a menos de dos salarios mínimos.

Por esa razón, ocho de cada diez agentes de seguridad pública no cuentan con crédito de vivienda ni con seguridad social adecuada, lo que los coloca en situación de pobreza patrimonial, “a pesar de desempeñar una labor de alto riesgo”, dijo Aguilar Gil.

“Es muy triste decir que en este país una gran parte de los policías municipales enfrenta condiciones laborales precarias; por ejemplo, el 51.6 por ciento ni siquiera cuenta con seguro de vida, y solo el 7.6% tiene acceso a un crédito para vivienda”, añadió.

La propuesta de la diputada petista contempla reformar el artículo 60 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna, seguridad social y prestaciones laborales para las y los policías de los tres órdenes de gobierno.

Con ello, se busca garantizar, entre otras cosas, seguro de vida e invalidez, créditos para vivienda, un fondo de ahorro para el retiro y prestaciones laborales justas.

Por último, Aguilar alertó que cada día es asesinado un policía en México, y que Chihuahua es uno de los estados más afectados por esta violencia. Frente a esta realidad, dijo, el Partido del Trabajo considera urgente revertir el abandono institucional y dignificar la labor policial como parte de una estrategia efectiva de reclutamiento, permanencia y justicia social.

El amanecer en la sierra de Moris rompió el silencio con el estruendo de las balas. Eran poco más de las seis y media de la mañana cuando un grupo de agentes estatales fue emboscado en la carretera que conecta a Moris con Ocampo, una zona montañosa que, desde hace años, se ha convertido en territorio de riesgo para las corporaciones policiales.

De acuerdo con la información confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tres policías murieron, tres más resultaron heridos y dos continúan desaparecidos. Todos pertenecían al destacamento de la SSPE que opera en la región.

El ataque ocurrió a la altura del kilómetro 42, cuando los uniformados se dirigían a realizar un relevo de personal. Desde la ladera, un grupo armado les tendió una emboscada. Las ráfagas de los fusiles impactaron las patrullas y, en medio del caos, una de ellas perdió el control y cayó a un barranco.

Entre los agentes caídos están Germán Peralta Hernández, Jesús Roberto Morales Valle y Ana Esmeralda Arteaga Arroyo, quienes, según la corporación estatal, cumplían servicio operativo en la zona serrana.

Una de las víctimas murió durante el intercambio de disparos; las otras dos perdieron la vida cuando la patrulla se precipitó por el desnivel tras el ataque.

Heridos y desaparecidos

Los agentes lesionados fueron identificados como Jorge Leal Muñoz Leal, José Mario Cano Valenzuela y Claudia Lizeth Patiño Cadena.

Los tres fueron evacuados en helicóptero a hospitales de la región. Muñoz Leal fue reportado en estado grave, mientras que sus compañeros permanecen estables.

Además, dos policías —Guillermo Aguirre Palma y Jesús Manuel Cera Medrando— no han sido localizados. Las autoridades mantienen un operativo de búsqueda por aire y tierra en los alrededores del sitio del ataque.

La sierra bajo fuego

Después del enfrentamiento, la SSPE desplegó refuerzos con apoyo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Hasta esta tarde, no se reportan detenciones ni se ha identificado al grupo responsable, aunque fuentes oficiales admiten que la zona es disputada por células del crimen organizado ligadas a los cárteles de Sinaloa y de Juárez.