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sacerdotes asesinados

La diputada Margarita Blackaller Prieto, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, apoyó la aplicación de medidas cautelares en favor de la comunidad Jesuita asentada en la sierra de Chihuahua que solicitó la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De esa forma, dijo, se puede  dar un puntual seguimiento y analizar el contexto en que operan para que un hecho como en el que perdieron la vida dos sacerdotes no vuelva a repetirse.

La legisladora se refirió así a la petición que formuló la CIDH para dar protección a los jesuitas que laboran en la sierra, tras el asesinato de dos de sus integrantes ocurrido dentro del templo ubicado en el poblado de Cerocahui.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó mediante un comunicado, que el objetivo de las medidas cautelares es proteger a los miembros de la comunidad y garantizar su seguridad en las labores que realizan; además se acordó efectuar un análisis de riesgo, respecto al contexto del lugar donde llevan a cabo sus actividades.

Blackaller señaló que la Comisión de Justicia del Congreso del Estado trabaja de la mano con el Poder Ejecutivo y se busca también hacer lo mismo con la sociedad civil.

De las medidas a aplicar, la FGE informó que efectuará un análisis de riesgo en la zona, respecto al contexto del lugar donde llevan a cabo sus actividades, así como un encuentro con los beneficiarios, sus representantes.

A siete meses del asesinato de dos sacerdotes Jesuitas, un guía de turistas y un deportista, continúa la búsqueda de José Noriel Portillo, alias “El Chueco” confirmó en la Conferencia Mañanera el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Luis Rodríguez Bucio.

Resaltó que el prófugo, por quién se ofrece una recompensa de 5 millones de pesos, es buscado en la Sierra Tarahumara y que 31 sujetos ligados a su entorno ya han sido detenidos.

La federación mantiene operativos conjuntos con autoridades estatales y municipales, pero hasta el momento no se ha podido ubicar al presunto homicida.

Colectivos de derechos humanos y la propia Compañía de Jesús han expresado su inconformidad por el ambiente de violencia que persiste en la región serrana y particularmente en el poblado de Cerocahui en el municipio de Urique, Chihuahua.

La medida es impuesta tras los asesinatos de dos sacerdotes, un guía de turistas y un deportista

Enrique Lomas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de once integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui,

del municipio de Urique, Chihuahua, por amenazas y violencia sufrida en los pasados meses.

La CIDH señaló que las medidas cautelares fueron impuestas tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

La solicitud surge luego del asesinato de los dos jesuitas en junio de 2022, en el interior de una iglesia, por un grupo criminal.

Ante esto, los 11 señalados dentro del documento han sufrido amenazas y agresiones por parte del crimen organizado, razón por la que se les impide realizar sus actividades normales.

La Comisión solicitó al Estado cuatro puntos importantes para las medidas cautelares, entre las que se cuentan que adopte las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios.

Entre tales medidas, se debe garantizar su seguridad y prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia en su contra por parte de terceros; adopte medidas de protección que permitan a los propuestos beneficiarios continuar realizando sus labores pastorales sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia en su contra; concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.

La Comisión señaló que de acuerdo al contexto de inseguridad y violencia que afecta principalmente a los habitantes de dicha región tarahumara, es importante que se tomen las medidas correspondientes, ya que los 11 jesuitas se encuentran en «prima facie» en una situación de gravedad y urgencia.

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