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El Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, informó que aún no se determinan los daños causados por las lluvias y las granizadas registradas el fin de semana pasado.

El personal del área de protección civil se encuentra evaluando los daños que dejaron a su paso en los municipios afectados, para determinar el alcance exacto de las precipitaciones, por lo que aún no se dispone de información precisa.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Mario Vázquez, informó de daños en varias colonias de diversos municipios, este es el caso de la colonia Ortiz en Rosales, que se vió afectada con inundaciones.

Dijo que también se han reportado inundaciones en varias colonias de Ojinaga, y es probable que se produzcan daños en la agricultura en la región entre Bachiniva y Cuauhtémoc.

A pesar de lo anterior, se ha destacado que estas lluvias sirven para recargar los mantos freáticos de la región y para el crecimiento adecuado de la vegetación necesaria para la ganadería.

Un bloqueo parcial en la carretera Chihuahua a Juárez, junto a la caseta de Sacramento, realizaron transportistas en protesta por la inseguridad y el cobro de derecho de piso de 2 mil 500 pesos por parte del crimen organizado.

Los manifestantes pertenecen a la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, quienes se movilizaron en 10 tractocamiones sin caja de carga, bloqueando la circulación de un carril en ambos sentidos de la carretera.

La protesta se realiza a la altura del kilómetro 30 + 300 de la carretera Chihuahua a Juárez, sin que se vea interrumpido el tráfico y sin afectar el cobro en las casetas.

Los transportistas denunciaron que son víctimas de los criminales, especialmente en los tramos carreteros de Ojinaga a Camargo y de Ascensión a Juárez.

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Denunciaron el robo de mercancía por parte de los grupos delictivos, además del cobro de cuotas.

Los manifestantes pidieron un diálogo con los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Secretaría General de Gobierno, Gilberto Loya y Santiago De la Peña, respectivamente.

Santiago de la Peña Grajeda, secretario General de Gobierno (SGG), declaró que Ciudad Juárez vive una crisis humanitaria que ha generado no solamente malestar social, sino también un incremento en “picos” en materia de inseguridad.

El tráfico de personas que ingresan al país de manera irregular ha causado que haya más de 35 mil personas migrantes en Juárez, sin que esta frontera cuente con la infraestructura para atenderlos.

Diariamente llegan entre 800 y mil 500 personas procedentes de países de Centroamérica y Sudamérica, pero no hay lugares donde vivan, alimentos y otros servicios de índole social, dijo.

Sin embargo, el Gobierno Federal no se ha dado por entendido, porque el delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera, llegó a la reunión de seguridad “sin hacer la tarea”.

“El delegado del Bienestar finalmente ya asistió a la mesa de seguridad, esa es la buena; la mala, pues es que no llevo la tarea”, afirmó Loera.

Dijo que Loera de la Rosa se retiró una vez concluida la mesa de trabajo en materia de seguridad; sin embargo, espera que antes de que se retire de la mesa el delegado dé a conocer al gobierno estatal cuál será la política migratoria que trabajará la federación.

De la Peña señaló que lo que se busca es que a través del delegado se tenga el conocimiento y coordinación del tema, ya que debe ser Loera el conducto entre la federación y la administración que encabeza María Eugenia Campos Galván.

Afirmó que una cosa es la atención humanitaria a los migrantes y otra la forma en la que se deja ingresar a indocumentados, que ya tiene a Ciudad Juárez en una gran crisis.

Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno del Estado, encabezó hoy la sesión de Consejo Consultivo de Transporte en Chihuahua y en Ciudad Juárez, con las que se da seguimiento al compromiso de la actual administración de brindar un transporte público eficiente y a la altura de lo que se merecen los chihuahuense.

Durante el análisis realizado en ambas ciudades, se identificó que la frecuencia y unidades de transporte que circulan, es menor a la necesaria para cubrir las exigencias de los usuarios.

También se analizó el precio de la tarifa en comparación con la inflación acumulada, el precio del diésel y el salario mínimo, pero teniendo en el centro de las decisiones a los usuarios en este tema.

En el ejercicio realizado se identificaron los problemas más sentidos, entre los que destacan:

El incumplimiento de horarios

Rutas incompletas

Última vuelta

Tiempos de espera superiores a los 40 minutos

El secretario general de Gobierno, junto con Luis Manuel Aguirre, subsecretario de Transporte Público, y el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Valdéz, refirió que el ajuste que se da a la tarifa responde a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo de implementar un modelo integral de movilidad urbana, conectada, intermodal, moderna, segura y accesible en los principales centros urbanos del estado al centrar base en el beneficio de las y los usuarios.

Ante las consideraciones expuestas se aprobó por unanimidad, por los Consejos Consultivos de Transporte de Chihuahua y Juárez, el ajuste de la tarifa de transporte a 12 pesos general.

Para estudiantes, grupos indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad, jubilados y pensionados, la tarifa preferencial será de 6 pesos, mientras que para el sistema BRT, se tendrá un aumento de 10 pesos de tarifa general y 5 pesos preferencial, sin embargo, una vez que cuente con 100 por ciento de las unidades se realizará el ajuste tarifario de modo que quedará en 12 general y 6 pesos en preferencial.

Concesionarios tendrán que cumplir

Con el incremento a la tarifa, los concesionarios están obligados a cumplir los compromisos los cuales se derivan de lo dispuesto en la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua sin excepciones:

Tendrán que renovar el 100 por ciento de las unidades

Activar el 100 por ciento de las concesiones

Cumplir con recorridos, horarios e itinerarios

Instalar GPS en todas las unidades

Capacitar a los conductores

Tener las revalidaciones y accesorios en regla

Cumplir con las prestaciones laborales a choferes

Integrar las rutas al Sistema Integrado de Transporte (SIT)

Realizar los cobros de acuerdo a los requerimientos de la Subsecretaría

Contar con un app de localización de unidades en tiempo real con botón rosa anti acoso

La actual administración estatal exigirá de manera puntual que los concesionarios asuman los compromisos ya mencionados para mejorar el servicio y en el caso de no hacerlo aplicarles las siguientes acciones de cumplimiento:

20 de abril de 2023, se hará un requerimiento al 100 por ciento de los concesionarios para que en un plazo máximo de 3 meses presenten unidad nueva

Otorgamiento de concesión en sustitución a concesión cancelada a quien presente camión nuevo (preferentemente a concesionarios cumplidos)

En seis meses se evaluará el porcentaje de cumplimiento en la modernización de las unidades y en cuanto a incentivos, a través del Fideapech, se brindará un programa de financiamiento de anticipos para compra de unidades nuevas y otorgamiento de concesiones por 10 años a quienes adquieran unidades nuevas.