La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) han impuesto multas por 27 millones de pesos a empresas por subcontratación laboral.
La STPS ha realizado más de 3 mil acciones de inspección en la materia para evitar que se vulneren los derechos de las personas trabajadoras.
A dos años de la entrada en vigor de esta reforma, se han reportado diversos beneficios para los trabajadores, entre estos, hubo 2.9 millones de personas que migraron hacia su empleador verdadero; lo que conllevó que los patrones cumplieran activamente con las disposiciones de la reforma y llevaran a cabo la aplicación del ajuste a sus plantillas en tiempo y forma, sin generar distorsión en el mercado laboral formal.
Además, el salario base de cotización aumentó de 469 a 597 pesos, un incremento de 27.4%. En el caso de las mujeres el aumento fue de 29%.
Adicionalmente, la STPS ha establecido un plan de trabajo coordinado con otras autoridades para identificar esquemas de defraudación, iniciar acciones de fiscalización y, en su caso, de sanción.
A la fecha, se han realizado más de 3 mil acciones de inspección, en las que se han advertido distintas irregularidades, indicó la STPS en un comunicado.
Derivado de lo anterior, se han cancelado mil 755 registros del Padrón Público de Contratistas de Servicios u Obras Especializadas (REPSE); se han iniciado procesos sancionatorios en contra de las empresas beneficiarias de los servicios y se han emitido, en su conjunto, multas por más de 27 millones de pesos.
Además de las cancelaciones, el SAT, el IMSS, el Infonavit y la STPS han procedido bajo mecanismos de intercambio de información para continuar con la programación y vigilancia del incumplimiento en la materia, por lo que más de 33 mil constancias de registros se encuentran en investigación.
Sumado a los procesos sancionatorios, la STPS ha actuado de manera preventiva y, con el ánimo de reafirmar lo que se encuentra prohibido por la reforma, ha emitido criterios de inspección relacionados con la agroindustria y el sector hotelero.
