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mobbing

Con la finalidad de mejorar las condiciones laborales de las y los chihuahuenses,  integrantes de la Comisión de Igualdad, aprobaron en positivo el proyecto de dictamen por medio del cual se propone reformar el Código Administrativo, y la Ley del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambos del Estado.

El mobbing o acoso laboral es un problema que afecta a una gran proporción de trabajadores, para los que, acudir a su puesto de trabajo resulta una pesadilla y que en muchos casos ello culmina en renuncia de las víctimas de acoso laboral, o inclusive en suicidio de quien sufre este tipo de hostigamiento, dijo la diputada Ivón Salazar.

En las adecuaciones a los ordenamientos estatales, se incluye la actualización del concepto de violencia laboral y docente, para incorporar dentro del acoso los conceptos de hostigamiento y los malos tratos; dichas definiciones de acuerdo a lo establecido en el Protocolo para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Laboral, emitido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal.

Cabe mencionar que una vez aprobado el proyecto de dictamen, éste será presentado ante el Pleno de la 67 Legislatura en Sesión Extraordinaria.

Por otra parte, es importante mencionar que dentro de la misma reunión, se analizaron otros asuntos, entre ellos, el relativo a reformar el Código Civil del Estado con el propósito de implementar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

Asimismo, los relacionados a reformar la Constitución Política; las leyes Orgánica del Poder Ejecutivo y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, todos ordenamientos del Estado, a fin de promover la igualdad y contribuir a la eliminación de la brecha salarial por género.

Por último, el referente a adecuar la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para promover acciones encaminadas al reconocimiento progresivo del derecho de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, y establecer los medios y mecanismos tendientes a la convivencia sin menoscabo del pleno desarrollo humano.

La iniciativa presentada por la diputada por el PRI, Ivón Salazár, pretende armonizar ordenamientos locales con la NOM-035-STPS-2018, que tiene como objetivo establecer los elementos para identificar los factores de riesgo psicosocial.

Salazar Morales añadió que según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en 2022 se reportaron 109 mil 319 abandonos de empleo de personas que recibieron maltratos psicológicos en el desempeño de sus actividades e incluso algunos sufrieron amenazas y agresiones físicas, lo que representa el 3.4% del total de renuncias en el país.

Por lo que se busca mejorar y garantizar las condiciones laborales de los trabajadores chihuahuenses del sector público y privado, dijo la legisladora priista. 

“Se estima que el acoso y discriminación laboral que ejercen mandos superiores de empresas u oficinas de gobierno en contra de sus subordinados provocan que cada hora 12 trabajadores renuncien a sus fuentes de empleo en México”, externó.

Según informó, aproximadamente un 44% de las y los profesionistas en nuestro país ha sido víctima de Mobbing o acoso laboral, porcentaje del cual la mitad son mujeres, mientras que el 65 por ciento ha sido testigo de ese tipo de abuso en contra de algún compañero de trabajo.

La diputada dijo que es importante visibilizar el acoso laboral, pues en ocasiones se realiza de manera tan sutil que como en muchas de las violencias, la víctima no puede percibirlo. 

La gravedad de esto, agregó, aumenta con el paso del tiempo, ejerciendo presión y generando un ambiente laboral hostil, situación que repercute incluso en la salud de quien lo padece, así como en su calidad de vida.

También resaltó que el hostigamiento laboral produce diversas enfermedades como la ansiedad, depresión, pérdida de concentración, cambios de humor, tristeza, insomnio, trastorno del intestino irritable, entre muchos otros padecimientos que genera el hecho de estar expuestos de manera cotidiana a la presión laboral.

En ese sentido, consideró pertinente presentar dicha iniciativa con el fin de atender la responsabilidad que recae en el poder legislativo para garantizar la salud mental y física de los chihuahuenses.

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