testigos protegidos

Al darse a conocer que el gobierno de Estados Unidos busca reducir las condenas de Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán y de Néstor Isidro Pérez ‘El Nini’, el presidente de la República refiere que la práctica de testigos protegidos es común del gobierno estadounidense.

“Es una práctica que tiene el gobierno de Estados Unidos, ellos negocian con procesados, quienes están sujetos a investigación, que están detenidos, antes de ser sentenciados para obtener recursos o información… son llamados testigos protegidos”, dijo AMLO en la conferencia mañanera de este lunes 19 de agosto.

López Obrador señala que no extraña que el gobierno de Estados Unidos busque convertir como testigos protegidos a los tres miembros del Cártel de Sinaloa, puesto que desde la detención del Mayo Zambada informó que ya tenían un acuerdo previo.

“No es extraño, porque el mismo gobierno de Estados Unidos dio a conocer que venían manteniendo relaciones para un acuerdo con Guzmán López, esto lo informaron cuando se detuvo y trasladaron a Estados Unidos al señor Zambada”.

La jueza de garantías, Delia Valentina Meléndez, negó al órgano defensor de César Horacio D.J. que se revele la identidad de los testigos protegidos que presentó el Ministerio Público, por contravenir esta solicitud con acuerdos internacionales, así como normativas federales y estatales de protección a testigos.

Esta resolución, la emitió la jueza justo antes de declarar un receso en la audiencia intermedia, por lo que se reanudará la audiencia mañana a las 8 de la mañana, dentro de la causa penal 3021/2019.

Recordó que para considerar los criterios de oportunidad y de protección a la identidad de los testigos, no basta el dicho de estas personas, si no que hay un análisis detrás de todas las personas a las que se les concedió la medida de protección.

“No hay justificación para levantar la protección de identidad de testigos”, comentó la jueza y rechazó la solicitud de la defensa de un criterio de excepción para publicitar la identidad de los testigos protegidos.

Son ocho los testigos protegidos que presentó el Ministerio Público, en la lista de casi 200 testigos que la representación social interrogará para tratar de demostrar la responsabilidad de César D.J. en los delitos de peculado y asociación delictuosa por un monto de 96.6 millones de pesos en perjuicio del gobierno estatal.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra testigos protegidos durante la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, que desaparecieron y dejaron de acudir a las diligencias de sus casos.

Fuentes ministeriales reportaron que la FGR busca a los testigos con clave Paco, Tauro, Conde, Karen, entre otros, quienes en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron dados de baja del programa de testigos colaboradores.

Sin embargo, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) los siguió requiriendo después para continuar testificando en casos de capos importantes del Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana, Los Zetas y Los Beltrán Leyva. Por ejemplo, Paco y Tauro declararon en el caso del exlíder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z40”.

Actualmente, sólo colabora un testigo protegido en casos de Los Zetas, que data del programa iniciado en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, que llegó a tener más de 300 testigos colaboradores, mismos que fueron reducidos a menos de 100 en la primera mitad del sexenio Peña Nieto.

La extinta PGR les daba un pago mensual de más de 20 mil pesos y protección a cambio de colaborar con declaraciones ministeriales en diferentes casos, como el llamado Michoacanazo.

En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General República también ha echado mano de testigos colaboradores para el caso Ayotzinapa, como Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, y Gildardo López Astudillo, “el Gil”, del grupo criminal Guerreros Unidos, cuyas declaraciones han servido para detener al general José Rodríguez Pérez, al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam y al exjefe antisecuestros de la extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Gualberto Ramírez.