La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) presentó una denuncia penal contra exfuncionarios de la Fiscalía General del Estado en el gobierno de Javier Corral que encubrieron actos de corrupción cometidos presuntamente por testigos protegidos.
El monto total de los recursos públicos desviados por esos servidores públicos asciende a 171 millones 472 mil 766 pesos, mismos que ya no se podrán recuperar, debido a que los encargados de dar seguimiento a esas causas penales las dejaron prescribir.
Los exfuncionarios señalados como presuntos autores del desvío laboraron en el Gobierno del Estado durante el mandato de César Duarte, entre el 2010 y el 2016, pero luego fueron testigos protegidos que coadyuvaron en la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”, en la administración de Javier Corral, entre el 2016 y el 2021.
El titular de la FACH, Abelardo Valenzuela Holguín, informó que quienes omitieron dar curso a esas carpetas de investigación habrían cometido diversos delitos, entre ellos, el de Encubrimiento por Favorecimiento.
Las denuncias que se dejaron sin seguimiento datan de los años 2018 y 2020, las cuales permanecieron excesivamente inactivas, lo que derivó en que la acción penal prescribiera con el paso del tiempo, explicó Valenzuela.
Esa omisión ocurrió pese a que los montos de las irregularidades detectadas ascienden a cantidades millonarias de recursos públicos e involucraban a servidores de primer y segundo nivel de dicha dependencia.
Ante esa situación, el fiscal anticorrupción señaló que la FGE debe investigar si existieron responsabilidades por la negligencia de las personas encargadas de investigarlos en su momento.
La otra posibilidad, agregó, es que hubiesen existido actos deliberados para fomentar la impunidad de “una persona”, dijo, presumiblemente, les sirvió para dar declaraciones judiciales en contra de servidores públicos en la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”.
Agregó que se debe esclarecer por qué no se dio seguimiento a las 23 carpetas de investigación relacionadas con los desvíos multimillonarios antes mencionados, ante lo cual, cuestionó si la “Operación Justicia para Chihuahua” fue selectiva.
“La omisión también es corrupción”, señaló Valenzuela, quien consideró que la sociedad tiene derecho a saber qué ocurrió con estas denuncias y fundamentalmente, a la reparación del daño, que es solo ahí donde se hace justicia.
