El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Chihuahua, con la que se reconoce el derecho individual y colectivo de su libre determinación como medio para alcanzar su autonomía.
Esta ley reconoce que las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas mantienen una capacidad histórico cultural que permea en todos los aspectos de su vida colectiva y les permite sobrevivir.
El nuevo instrumento garantiza el respeto de sus particularidades culturales con los derechos que nacen y se interrelacionan con su permanencia en el tiempo, además de colocarlos en la categoría estatal de poseedores originarios de los territorios y espacios donde reproducen y ejercen esas formas de vida.
Aunado a lo anterior, establece el derecho al uso y desarrollo de su sistema médico tradicional, así como al acceso, sin discriminación alguna a todas las instituciones de salubridad y de servicios de salud y atención médica.
Así como la inclusión de los derechos lingüísticos, tanto en privado como en público, sin tener en cuenta la nacionalidad, etnia o número de hablantes de dichos idiomas en determinado territorio.
Sus Sistemas Normativos Internos a partir de ahora, tienen la misma validez que las leyes estatales, sujetándose al respeto de los derechos humanos y a la dignidad e integridad de las mujeres.
Los territorios, bienes y recursos naturales del patrimonio de las comunidades indígenas quedan como inalienables e imprescriptibles; no podrán ser enajenados, embargados o gravados de conformidad con lo dispuesto por las leyes en la materia, por tanto, todos los actos que se realicen en contravención de esta disposición, carecen de validez.
Mientras que, quedan prohibidos los reacomodos, desplazamientos o desalojos forzados, con excepción de aquellos que, por motivos de emergencia, seguridad, caso fortuito o desastre natural, sean determinados para salvaguardar la salud, integridad y bienestar de las personas que conforman los pueblos y comunidades indígenas.
Para esta nueva ley, la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas informó que se aplicó un estudio en los 67 municipios y 32 entes gubernamentales, así como utilizar de material de apoyo el diagnóstico de la Consultoría Técnica Comunitaria, sobre la violencia en la Sierra Tarahumara y el del Proyecto Tarahumara Responsable de la WWF-World Wildlife Fund Inc.
En total se instalaron 36 sedes con un total de 5 mil 344 personas, de las cuales 2 mil 841 fueron mujeres y 2 mil 503 hombres, pertenecientes a 862 comunidades indígenas distribuidas en 20 municipios del Estado, del 13 de marzo de 2019 al 22 de febrero de 2020.
