Raymundo Romero Maldonado, quien fuera secretario general de Gobierno durante el gobierno de César Duarte, acusó a voz en cuello al gobernador Javier Corral de haberlo sometido a tortura física y psicológica, cuando estuvo detenido en el Cereso 1 de San Guillermo.

Romero dice que a él lo sacaron de su casa la tarde del 24 de diciembre del 2019 y que, una vez recluido en prisión, lo desnudaron, lo bañaron con agua helada y le pidieron que hablara en contra de su exjefe, César Duarte.

Todo lo anterior ha sido profusamente difundido en redes sociales, mediante varios videos captados en el restaurante La Garufa, donde ambos se encontraron la tarde del 20 de diciembre pasado.

Si lo dicho por Raymundo Romero es verdad, no solo da para un pleito de restaurante ni una andanada de “memes”, sino para ejercitar acción penal contra quien o quienes resulten responsables por haber cometido el gravísimo delito de tortura y abuso de autoridad.

Sin embargo, si vamos a hablar de ese tema, habrá que ver cómo andaba eso del respeto a los derechos humanos y la persecución de la tortura en la época cuando el ofendido era Secretario General de Gobierno.

Veamos: entre los años 2012 y 2015, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió un total de 577 quejas contra diversos órganos de gobierno motivadas por actos de tortura. Que se sepa, no hay un solo sentenciado por cometer ese ilícito, ni reparación de daño hacia las víctimas.

Vale anotar también que Romero formó parte de una administración que estableció penas no muy empáticas con el respeto a los derechos humanos, como la cadena perpetua y el traslado de reos a entidades distintas a las de su residencia.

Por lo demás, el gobernador de aquellos entonces llegó a decir que las cárceles bajo su cuidado eran prácticamente hoteles de cuatro estrellas. ¿Podrían certificar que no hubo tratos inhumanos en los reclusorios durante ese período?

Si vamos a hablar de Derechos Humanos, vale hacer una reflexión y una retrospección, porque los que hoy se quejan tal vez no se esforzaron demasiado—por decir lo menos—para combatir y erradicar prácticas tan deplorables como la tortura.

Respecto a Javier Corral, ya va siendo hora que dé la cara y responda por las acciones que se hicieron durante su gobierno. No se vale que se quede callado mientras un sentenciado confeso, como lo es Fernando Reyes, le grita y le apunta con el dedo, tal como lo vimos en el ya famoso video de La Garufa.

Lo que dijo a través de su cuenta X lo pudo responder en persona ¿por qué no lo hizo? Ahora que, eso de pedir la protección de las policías federales, realmente mueve a la risa. En un estado donde se registran 2 mil homicidios al año, francamente, hay urgencias más grandes que proteger a un político para que no le mienten la madre cuando vaya a un restaurante.

Por cierto, ya salió la virtual candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, a condenar “la agresión” contra su colaborador. ¿Acaso no tendrá alguna causa mayor qué defender?

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Si el partido Morena tuviera una farmacia del Bienestar reservada para uso exclusivo de su militancia, en este momento estaría agotada la existencia de antiácidos y de medicamentos para la indigestión, si no es que también los antidiarreicos, después de que su dirigencia nacional anunciara la postulación de las dos candidaturas que contenderán por Chihuahua para obtener un escaño del Senado de la República.

Quien viera de lejos, poquito, aunque sea, diría que, al final, se impusieron las candidaturas oficiales: Andrea Chávez “Lady Jirafa” y el exsúper delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera.

Por un lado, la morenista con más exhibición mediática, después de sus constantes usos de la tribuna en la Cámara de Diputados, pero también, por los cientos de metros cuadrados de carteleras espectaculares que hizo colocar a lo largo y ancho del estado, donde se podía apreciar, ante todo y sobre todo, su nombre y su rostro. ¿Alguna obra, propuesta, iniciativa, aspiración? No, simplemente, “Andrea Chávez, el relevo generacional”.

Por otro lado, el fallido candidato a la gubernatura del estado que perdió por amplio margen en una época en la que su partido gana casi todo.

Juan Carlos viene ahora por la revancha en un escenario por demás complicado, con la necesidad de ganar sí o sí en uno de los pocos estados donde gobierna el PRIAN.  Si no gana, Andrea, su compañera de fórmula, sí alcanzará escaño, pero él no. Otra vez: ¡Qué gacho!

Volviendo a los inventarios de antidiarreicos en la farmacia morenista, a estas horas debe haber varias personalidades de la 4T chihuahuita con el hígado endurecido y el estómago revuelto.

Susana Prieto, la abogada que hizo de la jornada de 40 horas su bandera de campaña, anda despotricando en redes sociales; Rosana Díaz y Adriana Terrazas no deben andar muy contentas después de que dejaron la posibilidad de llegar a San Lázaro por andar buscando el hueso de seis años, o sea, la senaduría.

Y de los hombres, ya ni hablemos: el tal “Falo” Espino soñaba con que sería la propuesta del Partido Verde, pero nada de nada. El “Teto” Murguía, enojado acaso, no por la derrota interna, sino porque tuvo qué decir que era “de izquierda”; Lalo Gómez, apesumbrado al ver que la militancia de base no pesa en la toma de decisiones, y así sucesivamente.

Y si la venta de antiácidos estaría a la orden del día, ni qué decir de las pomadas para los raspones, quemaduras y cicatrizaciones.

¿Cómo andará ahora mismo el “crucismo” ante la postulación de su “entrañable amigo” Juan Carlos Loera? ¿Dónde se van a meter los morenistas de hueso guinda cuando vean que su candidata echó la casa por la ventana para hacerse de la candidatura?

Les queda poco tiempo para pasar el mal rato y cicatrizar la herida que aún supura, así que más vale que digieran el mal trago o, de plano, que le entren al “chapulinazo”.

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La elección de magistraturas para el Tribunal Superior de Justicia se topó con un bache más, luego de que un juzgado de distrito otorgara una suspensión provisional en favor de la abogada Erika Mireya Mendoza García, quien busca ocupar la Quinta Sala Penal del Distrito Morelos, o sea, el de la capital.

El amparo 2651/2023 del juzgado décimo primero de distrito, implica asumir una más de las suspensiones que se han concedido hasta ahora desde que inició el proceso de elección, evita que el Congreso del Estado elija a una titular de la Quinta Sala, mientras que el juzgado que sigue la causa analiza el fondo del litigio.

Entre otros ángulos, el juzgador revisará todo el proceso de selección de ternas, al considerar que el Comité Técnico que las eligió no aplicó un instrumento objetivo de evaluación de perfiles de las aspirantes.

La quejosa señaló ante el juez de distrito que el proceso de selección lleva implícito un trato desigual y discriminatorio por no haber sido evaluados de manera objetiva.

En total, fueron 95 las y los aspirantes que se inscribieron para contender por las siete del Tribunal Superior de Justicia que están vacantes.

Sin embargo, a todos los que quedaron “fuera” no se les ha evaluado objetivamente, según los inconformes, ni se les ha fundado y motivado la razón por la que quedaron fuera de la integración de las ternas.

Aunque la promotora del amparo solicitó la suspensión para el proceso de elección en las siete salas, el juez aceptó el amparo por todo el proceso, pero la suspensión provisional solo la concedió para la Quinta Sala Penal.

Y bueno, hasta en tanto no se resuelva el fondo del asunto, la elección de esa magistratura quedará atorada en uno de los muchos baches legislativos que viene dejando la actual Legislatura.

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El estruendo causado por los actos de violencia ya pasó la cuenta a la industria turística de la Sierra Tarahumara.

Viajeros, habitantes y operadores de esa actividad nos comentan que ha bajado de manera notoria el flujo de viajantes hacia sus principales puntos de atracción, y le achacan la culpa a los hechos delictivos que fueron noticia mundial en fechas recientes.

El “bajón”, nos comentan, se resintió desde mediados del año pasado, cuando el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y de un operador turístico ocurrido en el poblado de Cerocahui, municipio de Urique, enlutó a toda la comunidad y puso la etiqueta de “zona de riesgo” a toda la región.

El detalle, de que los homicidios ocurrieron en el interior del templo católico del poblado, una auténtica joya del período colonial, no ayudó mucho a promover la afluencia de vacacionistas.

Otros hechos sangrientos han ocupado las planas de medios nacionales, como el asesinato del oficial mayor del municipio de Nuevo Casas Grandes o las luchas entre organizaciones delictivas en diversos municipios serranos.

La consecuencia está a la vista: pueblos turísticos con pocos visitantes; hoteles a medio llenar, en el mejor de los casos, y restaurantes con pocos comensales.

Los operadores de la región esperan que las cosas vayan mejor y que, en los próximos meses, se recupere el buen ánimo que había hacia la Sierra Tarahumara, de preferencia, antes de Semana Santa, que es una de las temporadas más fuertes en cuanto a flujo de visitantes.

A ver si, de aquí a entonces, ya se logró recuperar la calma en el noroeste, y los promotores turísticos le meten el acelerador para invitar a la gente a recorrer las bellezas naturales de nuestra querida Sierra Tarahumara.