El Partido del Trabajo, el de la “Estrellita amarilla”, tendrá hoy un auténtico “San Lunes”, porque le habrá amanecido temprano y con buenas noticias.
Resulta que este día entra en vigor, para efectos prácticos, el acuerdo del Instituto Estatal Electoral, el IEE, que le devuelve, así sea por mientras, su registro como partido político con registro en el estado.
¿Y eso qué significa? Se preguntará el lector o la lectora: poca cosa: que puede participar por cuenta propia en la repartición de diputaciones de representación proporcional, o sea, las “pluris”, y lo más importante, que puede aspirar a recibir una tajada del presupuesto público destinado a partidos políticos.
¿Qué no? ¡Cómo no! A estas alturas, a nadie importa que el PT no haya alcanzado ni el 1% de la votación válida emitida en la elección local anterior, que fue la del 2021, ni que le falten algo así como 30 mil votos para completar ese límite.
No, eso lo dejarán para después, si es que logra recuperar su 3% que tuvo en años pasados, lo cual le permitía garantizar al menos una curul para Rubén Aguilar y familia, el líder vitalicio de ese partido.
Si los números no mienten, en la elección del 2021 se registró una votación válida de 1 millón 347 mil 982 sufragios, por lo que el 3% que pide la Ley Electoral de Chihuahua para entrarle al reparto de los dineros sería algo así como 40 mil 440 votos.
¿A cuánto se quedó el PT en aquella elección? A mucho: nada más sacó 12 mil 879, según datos oficiales del IEE, que representó apenas el 0.95% de la votación.
Aquí cabe mencionar que fue en coalición con Morena y el Partido Nueva Alianza—ya desaparecido—en el Distrito VI de Juárez, mismo que ganaron con 195 mil 105 votos.
Ese resultado que les permitió “ingresar” al Congreso a su entonces representante, Amelia Deyanira Ozaeta, quien ya no está en su curul, pues se separó por motivos de salud.
Según el acuerdo del IEE antes mencionado, el “Partido del Trabajo…para los Aguilar” recibirá una parte proporcional de lo que le tocaría si hubiese tenido ese 3% que establecía la Ley.
Dirá el amable lector, o la lectora ¿y eso más o menos a cuánto equivale? Hágale cuentas: el dinero público para partidos políticos asciende a 286 millones de pesos, miles más, centavos menos. El 3% de esa cantidad son como cinco millones “del águila”. ¿Dónde estaban?
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Que alguien nos explique el acuerdo al cual llegó Morena con el Partido Verde Ecologista de México para entregarle el estado de Chihuahua.
A la luz de los resultados electorales recientes, y de la escasísima estructura que tienen “los del tucán”, no se entiende por qué le cedieron tres candidaturas a diputado federal y las dos al Senado de la República.
Dirán que nada más las van a “siglar”, como se estila ahora en el argot electoral, es decir, que nada más van a contabilizar los votos, pero a la hora de integrar los parlamentos, cada diputado o senador se acomodará en la bancada que mejor le convenga.
Dicho de otra manera: tú sácale provecho a una votación que te darán candidatos que ni de tu partido son, y luego que se acomoden del lado morenista del Congreso de la Unión.
¿Cómo para qué? Pues todos esos votos que obtenga en Chihuahua y en otras entidades donde va a “siglar” irán a dar a su contabilidad y eso le permitirá recibir mejores ingresos de recursos públicos.
Y por más que le buscamos, no entendemos por qué un partido que tiene militancia suficiente en Juárez, una izquierda histórica en la capital y en algunas regiones de la sierra, le entregara tal cantidad de distritos a un partido como el PVEM, que no tiene ni una curul en el Congreso y, por tanto, ni un voto legislativo qué aportar.
Tampoco tiene regidores en la mayoría de los municipios; su dirigencia estatal para inadvertida, y una votación de 37 mil 105 votos que no le alcanzó para completar el registro estatal.
Y aun así, los morenistas le entregaron los distritos IV de Juárez; VIII de Chihuahua y el IX de Parral, donde colocaron a Alejandro Pérez Cuéllar, ex del PAN; Marco Quezada, ex PRI y a Madalena Valles, quien se bajó apenas un día después, por pudor electoral, pues su padre, Otto Valles, contenderá por la Presidencia Municipal de Parral.
Vistas así las cosas, ahora entendemos por qué andan tan enojados los morenistas “de base”, esos que llevan años armando comités de vecinos o enarbolando causas sociales, pero que no les dieron ni una regiduría.
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La marcha “de color rosa” que terminó en una manifestación en la Plaza del Ángel dejó en claro que los mundos electorales en los que se mueven Chihuahua y Ciudad Juárez son polarmente opuestos.
Allá en la frontera, nos cuentan, la manifestación “por la democracia”, o al menos así decía la convocatoria, no tuvo la misma recepción que vimos en Chihuahua, donde los simpatizantes o, mejor dicho, los “amlofóbicos” capitalinos sí lograron armar una buena mancha color rosa en la avenida Universidad y, posteriormente, en el mero centro de la ciudad.
“Fuera comunismo”, decía la arenga más frecuente.
Si bien la convocatoria era para “defender a la democracia”, la consigna más escuchada fue la arenga en contra del presidente AMLO y de sus proyectos de reformas constitucionales, que van desde la desaparición de organismos autónomos hasta la elección de ministros de la Corte y jueces federales mediante el voto popular.
Sin embargo, si en algo hicieron énfasis algunos de los oradores fueron en criticar los programas a los que los simpatizantes de la 4T llaman “Programas sociales”, mientras que sus opositores les dicen “asistenciales”, “cacha-votos” o “para mantener a güevones”.
Ayer, uno de los oradores, sin andarse por las ramas, dijo que no quería jóvenes “estirando la mano”. Tal vez se refiera a los beneficiaros del programa “Jóvenes construyendo el futuro”, el cual, según su portal digital, consiste en entregar “una beca de 3,600 pesos al mes y seguros de enfermedades y maternidad y riesgos de trabajo durante 12 meses”, eso, siempre que se presente a recibir la capacitación para incorporarse al mercado laboral.
Si ese era su blanco, ya le atinó: son cerca de dos millones de personas de entre los 10 a los 29 años—o sea, en edad de votar—que se encuentran en esa condición. Ya les dijo que “no estiren la mano”. Qué pesado se llevan, así como para pedirles el voto.
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¡Órales! Como si fuera su despedida del cargo, el actual presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Néstor Armendáriz, le entrará de lleno a revisar el caso de las personas que se dicen afectadas por la emisión de polvos contaminantes por parte de la empresa Cementos de Chihuahua.
A solicitud enviada por el Congreso del Estado, el ombudsman, a quien le queda poco tiempo de desempeño en el cargo, respondió que ya “anda en eso” de analizar e indagar hasta qué punto afecta a los derechos de los chihuahuenses todo el proceso de producción del mencionado grupo cementero, uno de los más importantes del país en ese ramo, dicho sea de paso.
En sustancia, lo que le pide el Legislativo al titular de la CEDH es que “se involucre en la problemática social y determine la afectación a la salud de cada uno de los ciudadanos, así como la reparación del daño que pudiera existir a favor de los chihuahuenses”.
Armendáriz, a su vez, informó a las y los diputados de las acciones realizadas por la regañona CEDH, “para de manera integral efectuar la investigación correspondiente y, en su momento, estar en posibilidad de resolver lo conducente, según se precisa en el oficio en mención”.
Como ya hemos difundido en nuestro querido Norte de Chihuahua y en esa comunicativa columna, desde el Congreso del Estado se han aprobado exhortos para que las autoridades en materia ambiental y de salud pública analicen la posible afectación que causa la industria en cuestión.
Como es bien sabido por los habitantes del este de la ciudad, la fábrica ocupa un enorme espacio entre las avenidas Juan Escutia y Heroico Colegio Militar, y está rodeada de decenas de fraccionamientos y hasta de una clínica del IMSS.
En su defensa, la empresa fundada por Federico Terrazas Torres (q.e.p.d.) podría decir, no sin razón, que ellos llegaron primero, allá por los años 40s, cuando esa parte de la ciudad era un solo breñal.
No estaría de más reclamarle a quienes aprobaron la construcción de vivienda en sus alrededores.