El tema del huachicoleo en la zona de El Sauz está que arde. No se trata nada más de un simple foco rojo a tratar en la Mesa de Seguridad a la que se sientan las autoridades, son los ciudadanos de esa parte del municipio los que ya no saben para dónde voltear, por el temor a los “malandros” que son quienes verdaderamente mandan en ese seccional.

Cómo andarán ahí las cosas que El Sauz se quedó sin autoridad formal. El presidente seccional Miguel Ángel Arrieta Palacios, ahora sí que de plano aplicó el dicho aquel de “Más vale aquí corrió, que aquí murió”. Dejó el cargo y se fue a Estados Unidos, con el argumento oficial de que atendería una oferta laboral.

Todo mundo supo en el pueblo que hubo amenazas de los grupos criminales en su contra, y prefirió poner tierra de por medio. Oficialmente el cargo se quedó vacante desde el 13 de marzo, cuando el Ayuntamiento en pleno le autorizó la licencia.

Se suponía que en una semana se definiría si su suplente asumía o le entraba alguno de los regidores, pero no parece haber interesados, precisamente por el antecedente de todo lo que ha ocurrido en el seccional ubicado apenas a 60 kilómetros de la ciudad de Chihuahua, muy cerca de la carretera a Ciudad Juárez, justo por donde cruza un importante ducto de Pemex.

Tanto miedo hay en la población, que esta Doña se ha encontrado a habitantes de El Sauz cargando gasolina en Riberas de Sacramento, porque prefieren no dejarse ver por las gasolineras del pueblo, siempre vigiladas por “los malos”.

Apenas se supo de una actuación federal en la zona de El Sauz y Nuevo Delicias, ya que la Procuraduría General de la República realizó un operativo para asegurar una toma clandestina en Rancho Guadalupe.

También hubo una detención reciente, por parte de la Policía Estatal, de cinco presuntos responsables de cometer el delito de almacenaje, compra y venta ilegtal de hidrocarburos.

Trascendió que cuando se realizó ese operativo, salió a relucir una presunta protección a los delincuentes, por parte de elementos de la Guardia Nacional.

Ya es mucho tiempo de que opera ahí la ley del crimen organizado. No hay que olvidar que, desde abril del 2022, el tema se puso sobre la mesa (o se supone que se hizo), cuando El Sauz fue noticia internacional por la masacre en una carrera de caballos en la que se hacían apuestas ilegales.

Esa noche murieron en el lugar cinco personas y otras seis fallecieron después en distintos hospitales, luego de que un grupo armado llegó para asesinar a un presunto líder criminal, pero disparó también indiscriminadamente contra asistente al carril El Mezquite.

Otros incidentes violentos y con más víctimas mortales han ocurrido desde entonces, por lo que ya va siendo hora de que las distintas autoridades se coordinen y apliquen toda la fuerza del Estado para recuperar ese territorio, y la paz para todos sus habitantes.

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A propósito de quienes piden licencia al Ayuntamiento para dejar su cargo, ayer le tocó hacerlo al alcalde Marco Bonilla.

En sesión de Cabildo, los regidores le aprobaron la licencia al edil panista, para que se pueda ir a gusto a hacer la campaña para su segundo periodo por la alcaldía.

Las campañas locales arrancan oficialmente hasta el 25 de abril, duran 35 días y concluyen el 29 de mayo, tres días antes de la jornada electoral del 2 de junio.

¿Para qué pidió Marquito la licencia con tanto tiempo de anticipación? Por lo visto quiso aprovechar el viaje para agarrar de una vez unos días de descanso en Semana Santa.

Claro que oficialmente, desde hoy le entra a la planeación de su campaña, pero seguramente también se dará tiempo, en cuanto pasen los días santos, de aparecer en uno que otro evento campañero a favor de la candidata presidencial y los otros candidatos a diputados federales y senadores.

Por lo pronto, si consideramos desde ayer, el suplente Jorge Cruz Russek tendrá al menos 70 días, contando hasta el 2 de junio, para ejercer el poder. Ya se verá si Marquito le concede algún pilón después de la jornada electoral, a lo mejor y se toma también algunos días para descansar del trabajo campañero.

Así que los ojos están ahora encima del empresario, hermano nada más y nada menos, que de Víctor Manuel Cruz Russek, el prometido de la gobernadora Maru Campos.

La familia Russek controla el mercado de la distribución de vehículos de distintas marcas en la ciudad de Chihuahua. Por eso Jorge ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles en Chihuahua, además de presidente de Coparmex.

El apellido está vinculado al patrocinio de campañas azules y tricolores. Y, desde luego, las empresas de la familia no quedan fuera del reparto de los contratos gubernamentales.

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Los morenistas no se quedaron en la pura denuncia pública o en la respuesta legal y le entraron ayer con todo a la movilización política, para hacer frente a la denuncia que en contra de varios diputados locales interpuso la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas Porras.

O sea que en verdad traen temor de que proceda y se avale en las instancias electorales locales, tanto el Instituto Estatal Electoral, como el Tribunal Estatal Electoral, la denuncia por violencia política en razón de género, presentada por la expriista “malquerida” por muchos en Morena.

La juarense tomó esa vía legal cuando la bancada morenista decidió excluirla de plano de su grupo, por ponerse del lado del PRIAN, principalmente a partir del enjuague mayor, aquel que le permitió a Adriana convertirse en presidenta del Congreso por un segundo periodo legislativo.

Y ahí está el quid del asunto de los morenistas. Creen que esos mismos arreglos de Terrazas Porras con el grupo en el poder a nivel estatal, estarían pavimentando el camino para que algunos de los legisladores de Morena queden inhabilitados para la reelección.

Así que eso originó la protesta morenista que primero se llevó a las afueras del Congreso del Estado y luego al Palacio de Gobierno y a la sede del Tribunal Estatal Electoral. Diputados de Morena se sumaron a la marcha y a las manifestaciones que organizó la dirigencia estatal del partido guinda.

O sea que los de la 4T quisieron mandar el mensaje de que no dejarían pasar un asunto de ese tamaño, sin tomar las calles y a lo mejor hasta los edificios públicos. A ver hasta dónde se estira la liga.

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Hoy será el último día de trabajo en el Congreso del Estado, antes de tomarse unos días de asueto por Semana Santa.

La duda más trascendente es si los diputados finalmente le darán para adelante a la propuesta de reforma al Poder Judicial, la que ya lleva un año en construcción desde que se hizo el primer planteamiento, de parte de la propia presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández Acosta.

El dictamen sobre la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia tiene que ser votado primero en comisión, lo que se suponía debía ocurrir desde la tarde de ayer, para que pudiera luego pasar al Pleno del Congreso.

El asunto no es enchílame otra, ya que la reforma plantea al menos dos modificaciones de fondo. La primera es que la elección de magistrados se pueda realizar sin mayoría calificada. La segunda es que todo el proceso de elección se quede en control del Consejo de la Judicatura.

O sea que le están quitando candados para que se facilite la operación política a la hora de renovar las magistraturas, pero ya sabemos que, en este tipo de temas, luego pueden aparecer complicaciones jurídicas. En los amparos suele alegarse que toda reforma debe de ser progresiva.

Justo está pendiente de realizarse un proceso para llenar al menos cinco plazas vacantes de magistrados.

A ver cómo resuelven el entuerto, ya que ahí andan todavía pendientes, algunos de los juicios de amparo.