En un informe de la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, se da cuenta de cómo se están sobreexplotando los acuíferos del estado, particularmente, los que se ubican en la zona más desértica, y el ritmo acelerado con el que la región en su conjunto se está convirtiendo en un, digámosle así, “pueblo fantasma”.

Si bien la Conagua había advertido desde principios de la década pasada que todos los acuíferos de Chihuahua, excepto dos, estaban en condiciones de veda por la extrema sobreexplotación que les han aplicado, la situación no cambió, los productores agrícolas y las áreas urbanas siguieron sacando agua como si debajo del estado hubiera un Amazonas y ahora estamos por quedarnos sin siquiera para llenar un gotero.

¡Aguas! Porque los datos que arroja el estudio aplicado al acuífero de Los Juntos, al norte-noreste de la entidad, son para alarmar a cualquiera, porque así por ese estilo están los demás.

En el año 2020, se hizo un diagnóstico del acuífero, el cual tenía para entonces un déficit de 697.7 hectolitros cúbicos, es decir, millones de metros cúbicos que se sacan de más de un subsuelo donde cae apenas 286 mm, que es casi un chispeo.

En otra época, en esa región se cultivaba algodón de muy buena calidad y se operaban desde sus poblados y ranchos instalaciones agroindustriales de primera calidad.

Hoy, es una zona de pueblos fantasmas. El pueblo de Los Juncos tiene solo 11 habitantes, pero en sus alrededores hay otras siete comunidades que ya no tienen vecinos, porque todos se fueron.

Lo que pasa en esa extensa parte del estado no es diferente a otros puntos donde se extra “chupa” el agua del subsuelo para irrigar cultivos de alto valor agregado, pero de mucho mayor consumo de líquido.

Así que, ojo con el próximo informe de la Conagua sobre los acuíferos del estado, porque incluso nuestras ciudades grandes y medias tienen encima el fantasma de Los Juncos.

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Al alcalde panista de Parral, César Alberto Peña Valles, le van a dar un buen coscorrón por andar violentando los derechos políticos de dos regidoras que no pertenecen a su partido.

El próximo miércoles, la Comisión de Participación Ciudadana y Asuntos electorales del Congreso del Estado votará el dictamen en el cual se dará curso a la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral en torno a la denuncia presentada por las regidoras Dalila Cliceria Villalobos Villalobos y María del Refugio Ochoa Prieto.

Ambas señalaron al alcalde, así como a José Alberto Tarín Pérez, secretario, y Jesús Ricardo Sánchez Aguilera, director de Comunicación Social, todos del Ayuntamiento de Hidalgo del Parral; así como de Blanca Olivia Aguirre Duarte, por conductas que ellas consideran son violatorias de sus derechos políticos.

En efecto, ellas así lo consideraron y el Tribunal Estatal Electoral les dio la razón. Solo falta que el Congreso del Estado aplique “la quebradora” y le dé un buen sopapo político-mediático a este alcalde que nomás no ha sabido conducirse en sus sesiones de Cabildo.

Lo de las regidoras inconformes no es, ni mucho menos, la primera ni la única que se han aventado en esa junta de gobierno municipal.

En enero pasado, un grupo compuesto por cuatro regidoras y un regidor interpusieron una denuncia contra la regidora del Partido Político, su colega Laura Cecilia Arvizo García, porque trató, a jalones, de que su compañera de partido, Aurelia Reyes Rubí votara en el sentido que a ella mejor le venía en gana.

¡Vaya que se llevan pesado!

Por lo pronto, el miércoles se sabrá que tan sonoro es el zape en la nuca a los funcionarios municipales de Parral.

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El pasado jueves 23 de marzo, en ocasión al aniversario número 29 del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el Comité Directivo Estatal del PRI anunció que llevaría a cabo una serie de seminarios o cosa por el estilo, donde participarían los exgobernadores de Chihuahua.

En alusión a esa convocatoria, alguien le preguntó a Alejandro Domínguez, presidente estatal del PRI, si asistiría el exgobernador César Duarte, actualmente recluido en el Cereso 1 de San Guillermo. La pregunta, claro está era más socarrona que otra cosa, pero se prestó para que Domínguez sacara al duartista de hueso tricolorado que lleva dentro y defendiera su administración.

“Hizo más obra que los otros”, exclamó. Sí, nada más le faltó recordar que fue con dinero prestado, algo así como 40 mil millones “del águila” que él, como diputado, aprobó.

Luego a los gobiernos que le siguieron: el de Javier Corral y el de Maru Campos, les piden que también “hagan obra” cuando les dejaron un cuentón por pagar por los créditos contratados en el período duartista.

Ojalá y esos cursos le sirvan al PRI para mostrarle a las nuevas generaciones lo que fue el año 1994, cuando se levantó una guerrilla en el estado de Chiapas, cuando un candidato presidencial y un presidente de la Cámara de Diputados fueron asesinados y cuando inició la peor crisis económica de la historia reciente del país. A ver si aprendieron algo.

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El grupo parlamentario de Morena hará esta semana un último intento por salvar su iniciativa para llevar al proyecto Centinela, con todos sus asegunes, a una consulta tipo plebiscito para que sean los votantes los que decidan si se hace o no esa obra.

Ya les dijeron que no, que no alcanza como para hacer unos procesos de ese tipo y que nada más va a quedar como consulta pública ciudadana. ¿Cuál es la diferencia? Que el resultado del plebiscito sí obliga a la autoridad que hará la obra, en este caso, al Gobierno del Estado, mientras que el segundo es una auténtica llamada a misa, porque no fuerza a la autoridad a tomar una decisión distinta a la que ya lleva a cabo.

Mientras que los morenos insisten en su plebiscito, corre el tiempo para llamar al electorado a participar en la Consulta Ciudadana que ya lleva a cabo el IEE, pero no lo ha hecho.

El tiempo corre, los granitos de arena resbalan hacia abajo y la ocasión de votar a favor o en contra de ese proyecto se está terminando.