Ahora que más de una docena de personas anda recorriendo el país de costa a costa y de frontera a frontera tratando de conquistar simpatías para obtener una candidatura a la Presidencia de la República, habría que pedirles que expliquen a detalle cuál será su estrategia para detener la violencia.

Al menos en el estado de Chihuahua, las cosas han ido de mal a peor y de peor a horrendo.

Olvídense, por lo pronto, del delito. Ese ya lo tocaremos. No, la violencia, porque en lo que va del presente milenio (contado desde el año 2000) se han cometido en Chihuahua más de 50 mil homicidios en la entidad.

Cifras del INEGI nos muestran que la incidencia de ese terrible delito era alta, ciertamente, pero en rangos muy distintos a los actuales: 518 casos anuales del 2000 al 2007, antes de que iniciaran las operaciones coordinadas entre el Ejército y las policías locales y federales para combatir a los cárteles.

Para darnos una idea del cambio de mundo en el que vivimos, el año más violento de ese período fue el 2001, con 648 personas fallecidas a causa de ese delito.

El monstruo se apareció a partir del 2008, cuando la cifra anual se disparó a 2,601 y luego subió a 3,671 en el 2009.

Así fue como cerramos los primeros 10 años de los “dos miles” con 7,253 personas privadas de la vida.

Pero lo peor estaba por venir, porque al 2010 se llegó a 6,407, y no paramos hasta cerrar el período 2010-2019 con 29,057 casos, a razón de 2,909 por año.

Las cosas no mejoraron, ni mucho menos, a partir del 20, año de la pandemia, cuando la violencia “se volvió loca” y alcanzó niveles propios de una situación de guerra.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos indican que, del 2020 al 2023, se han registrado 9,300 homicidios en el estado.

Y vaya que hemos ido de programa en programa, de plan en plan, y ninguno ha bajado la delincuencia y la violencia homicida.

Así que ahí están las “cifras del terror” para el que quiera examinarlas y echárselas en la cara a toda esa gente que anda ahora pidiendo el voto, ofreciendo soluciones mágicas a cambio.

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El magistrado Luis Villegas Montes ha emprendido una campaña para promover la postulación de Xóchitl Gálvez Ruiz a la presidencia de la República por la coalición PRI, PAN y PRD, más los que quieran acumularse.

Desde los primeros de activismo, la senadora que se dice indígena sumó a cientos, tal vez miles de voluntarios promotores de su precandidatura, y entre ellos, uno de los más entusiastas ha sido el magistrado presidente del Consejo de la Judicatura del Estado.

Él mismo se complació de que, en las primeras horas de vida de su grupo de WhatsApp “Xihuahua 2 Chihuahua con Xóchitl Gálvez” ya tenía más de 400 seguidores, y contando.

Como hemos visto casi desde el inicio de su gestión como miembro del Poder Judicial del Estado, Villegas Montes no ha dejado de externar sus simpatías y sus fobias partidistas, así como sus litis personales contra personajes de la política y de la administración pública.

Ahí están las cartas que le ha dedicado al ex gobernador Javier Corral, a quien llegó a llamar “perro”, o al diputado Oscar Castrejón, al que le dedicó tres artículos periodísticos consecutivos para decirle que es un “don nadie”. ¿Un “Don nadie” amerita tres artículos?

La militancia panista del ahora magistrado es más que evidente, pues antes de ocupar ese rimbombante y bien pagado cargo trabajaba como asesor del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, y en años anteriores había sido representante de ese partido ante organismos electorales.

Lo que está por verse es si es válido que un juzgador manifiesta abiertamente sus filias o sus fobias, su promoción partidista y la descalificación que hace de otras fuerzas políticas. Porque, si es así, entonces deberá de excusarse de conocer cualquier tema que huela a Corral, a Morena, a Castrejón o todo aquel que sea merecedor de sus repudios.

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La Secretaría de Hacienda dio a conocer la distribución de los recursos federales a los 67 municipios durante el primer semestre del año y, por lo visto, la equidad fiscal sigue en señal de espera, porque a Juárez y a Chihuahua les dieron mucho menos que a otras demarcaciones con menos habitantes.

Según el informe publicado en el Periódico Oficial del 15 de julio pasado, el Gobierno distribuyó 7 mil 331.2 millones de pesos entre los municipios de la entidad entre enero y junio de este año.

Como es de esperarse, Juárez recibió la mayor parte, con 2 mil 468.6 millones de pesos que representan el 33.6% de todo el reparto entre los 67 municipios. Ya desde ahí andamos cortos, porque esa frontera alberga al 40.4 por ciento de la población.

Si bien es “consuelo de tontos”, Juárez no es el único municipio al que le quedan rabones los recursos federales, porque a la capital le va más o menos igual: Le tocaron mil 527.8 millones de pesos, que representan el 20.8% del total.

Sin embargo, en su territorio habita el 25% de la población del estado. Entonces ¿cuál equidad?

Peor les va a los dos “grandes” cuando comparamos la cantidad de dinero federal que les llegó por habitante.

A Juárez le tocaron 1,632 pesos por cada “juaritos” y a Chihuahua 1,629 por cada uno de sus “chiwahuitas”.

En cambio, a Guadalupe y Calvo, un municipio enclavado en la sierra, con 50 mil 514 habitantes—según el censo 2020 del INEGI–, le tocan 3,460 pesos por cada guadalupense.

Ahí está para las y los diputados que se la pasan mandando puntos de acuerdo que nadie lee: pónganse a revisar el Código Fiscal del Estado para ver si dejan un mecanismo de distribución de recursos fiscales y estatales más parejo.

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El Congreso del Estado podría recibir un “jalón de orejas” de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, por tener una incompleta legislación en materia de inclusión e igualdad de derechos en razón del origen étnico.

Resulta que, para ese organismo, el máximo garante de los derechos humanos en el país, la protección de los derechos de la comunidad afrodescendiente en el país ha pasado a ser una de las funciones prioritarias, ya que se trata de un sector de la población que había estado en la invisibilidad hasta hace poco tiempo.

En esas andadas, la CNDH le informó al Congreso que la directora general y encargada del Despacho de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está elaborando un informe sobre la vigencia de los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas.

Lo anterior, en apego a la reforma constitucional del 2019, la cual reconoció a esos afrodescendientes como parte de la composición pluricultural de la nación; solicitándonos, en vía de colaboración, diversa información y/o documentación en esa materia.

El llamado podría venir porque prácticamente toda la legislación en materia de pueblos originarios en el estado refiere a los grupos étnicos ya conocidos: rarámuri, guarojío, tepehuano y pima, pero casi nunca refieren a los que tienen ascendiente africana.

Así que nadie se extrañe si, en breve, inician reformas legislativas para dar cabida a ese grupo étnico en todo el marco legislativo del estado.