Con 25 años de retraso, el Estado Mexicano ofreció una disculpa pública a la familia Trueba Arciniega por el asesinato de Mirey Trueba Arciniega, uno de sus miembros, ocurrido en el poblado de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, allá por 1998.

Tuvo que pasar un cuarto de siglo para que la familia del joven acribillado por la espalda por efectivos del Ejército escuchase de parte del Estado una aceptación de la culpa y de que la actuación de sus fuerzas del orden fue atentatoria de los Derechos Humanos y desapegada por completo a toda norma jurídica vigente.

Sin embargo, las condiciones que propiciaron el homicidio en perjuicio de Mirey están dadas, por lo que ese tipo de actos pueden repetirse en cualquier momento.

Tal fue la postura de Marcela Martino Aguilar, encargada del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), cuando pronunció su discurso en el acto protocolario celebrado en el Palacio de Gobierno de Chihuahua donde se ofreció la disculpa.

La presencia de las fuerzas armadas en las calles abre la puerta a que se repitan hechos como el que le costó la vida a Mirey Trueba.

De hecho, ya ocurrió un suceso parecido el 4 de enero en ciudad Jiménez, aunque no exactamente involucró al Ejército Mexicano, pero sí a la Guardia Nacional. Ahí, dos jóvenes que intentaron evadir un retén murieron a tiros cuando fueron alcanzados por agentes de esa unidad.

En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida el 27 de noviembre de 2018, donde se condenó a México a disculparse por la muerte del joven antes mencionado, se advirtió del peligro de asignar al Ejército labores de fuerza pública.

La Comisión señaló que la ejecución extrajudicial del joven Mirey Trueba Arciniega ocurrida el 22 de agosto de 1998 por parte de miembros del Ejército ocurrió en un contexto en el cual el Estado mexicano asignó a sus Fuerzas Armadas labores de orden público, “con todos los riesgos que ello implicaba y sin disponer”, dice la sentencia.

Aunque con 25 de retraso, se aceptó la culpa y se ofrecieron disculpas. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, encabezó el acto celebrado en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, en presencia de los familiares de la víctima.

Además de la disculpa, el funcionario ofreció el compromiso de que las fuerzas del orden actuarán con estricto apego al respeto a los derechos humanos.

A ver si es cierto.

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De no creerse: el frente morenista que se posesionó de la marcha en demanda de la distribución de los libros de texto gratuitos llevó a tal extremo sus actos de presión que, incluso, le impidieron el paso a una ambulancia.

Así de “firme” la postura de los del partido guinda. Cuando cerraron la avenida Teófilo Borunda o Canal Chuvíscar, aquel miércoles 23 de agosto, una ambulancia iba en tránsito, con torretas encendidas y sirena a todo vuelo, signo inequívoco de que va a atender una emergencia o, más grave aún, que ya lleva en traslado a una persona en condiciones delicadas de salud.

Y en lugar de que los manifestantes dejaran salir al menos un dejo de civilidad, ocurrió todo lo contrario: le cerraron con más ganas su trayecto, que porque en una de esas, lo de la sirena y las luces encendidas eran una “distracción” para romper la protesta.

Habrase visto: la corriente política que dice ver primero por los pobres y ser un partido “humanista” puso a la salud de una persona en riesgo porque, según la diputada América García, de Morena, lo de traer los códigos de emergencia encendidos no prueba nada.

Parece como si dijeran: “ante todo, fastidiar al prójimo con tal de que se enojen con el gobierno”. Lo más probable es que su cálculo haya sido equivocado y que la irritación por ese acto de incivilidad se haya ido hacia la 4T.

Pero tal parece que no se conformaron con trastornarle el día a la ciudad, sino que la dejaron peor con sus declaraciones públicas acerca de la movilización del miércoles.

El diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador parlamentario de Morena, justificó lo sucedido porque las manifestaciones “siempre afectan a terceros”. ¿En serio? No nos habíamos dado cuenta.

Más aún: le pareció más grave dejar sin libros a 680 mil niños y jóvenes—algo, ciertamente, muy grave—que un caso de emergencia médica que bien podría ser de vida o muerte.

Al ser cuestionado sobre el protocolo de la marcha, dijo que el sólo había ayudado en la distribución y acomodo, debido a su experiencia en marchas, pero negó que los diputados de Morena hubieran organizado el mitin y participado en la logística.

Señores y señoras de Morena, ya no le muevan, así déjenlo, porque están quedando peor con sus intentos por justificar la mala pasada de día que le regalaron a la población de Chihuahua con su protesta contra el Gobierno del Estado por no repartir los libros de texto gratuitos para primaria y secundaria.

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En este espacio les informamos que la Universidad Autónoma de Chihuahua, la UACh, no había aceptado aún la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos para atender las quejas de tres universitarias que señalaron a un catedrático de la Facultad de Artes por abusos, acoso y violencia sexual.

Pues bien, Néstor Armendáriz, presidente de la CEDH, en persona, aceptó que fue error de esa comisión, pues la casa de estudios aceptó la recomendación desde el 29 de junio pasado, o sea, hace casi dos meses.

¡Uppsss! Vaya “zafin-zafado” del presidente de la CEDH, porque fue él quien había advertido que la UACh aún no respondía a la recomendación número CEDH: 5s.1.009/2023 relativa a las denuncias contra el ahora ex maestro de la Facultad de Artes.

Lo bueno es que don Néstor fue quien, personalmente, aceptó el error y ahora buscará a los mandos de la UACh no solo para ofrecer disculpas por ese error—producto al parecer de un “traspapeleo” de la documentación relativa a ese caso—sino que también se remangará la camisa para trabajar en forma conjunta en ver cómo resarcen el daño a las quejosas.

En ese caso, se abre la posibilidad—nos comentan—de que el presunto agresor sí reciba una sanción, aunque sea administrativa, por su reprobable conducta.

Aunque ya no trabaje en la UACh, sí se le puede aplicar una sanción de inhabilitación que impediría que impartiera clase en cualquier otra institución educativa pública. Algo es algo, pues.

En cuanto a las universitarias que salieron valientemente a presentar sus denuncias, se les irá a buscar para inscribirlas en el padrón de víctimas, pues eso justamente es lo que son.

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Y se armó una escandalera en redes sociales por la filtración de un oficio en el cual la Secretaría de Educación y Deporte ordenaba a las escuelas públicas de nivel básico no “prenderle” al minisplit, que porque gastan mucha luz.

La alharaca fue tal que tuvo que salir al quite la secretaria para anunciar que sí habrá acciones conjuntas con los padres de familia y con los planteles escolares para dotar de esos aparatos a las aulas y oficinas escolares.

Está bien que les pongan el aire, pero ahora que les permitan encenderlo, si no pues para qué los quieren.

Según información procedente de las entrañas de la SEyD, el oficio se originó porque algunas escuelas pusieron, “de sus pistolas”, ese tipo de aparatos que, como es bien sabido, gastan tanta luz que ponen en peligro las finanzas de quien quiera que los compre.

La respuesta en redes sociales giraba en torno a la necesidad que tienen los escolares de contar con esos aparatos que lo mismo enfrían en el verano que templan en el invierno.

La otra cuestión es por qué han de apagar los aires, si bien que se recauda dinero de las aportaciones de los padres de familia.

Lo bueno es que ya se pusieron de acuerdo y no le van a apagar al aire. O eso dicen, porque ya sabemos cómo se ponen los salones de clases en el verano, calientes cual baño de vapor, y sin aire ambientado, pues peor aún.