A estas horas, si ya le pasaron el dato, el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, ha de andar brincando en un pie, echándose confeti con una mano y aplaudiéndose con la otra.
Resulta que la medición de la casa Mitofsky sobre la aprobación de 150 presidentas o presidentes, alcaldes o alcaldesas del país dejó al morenista “juaritos” en el lugar número 16, es decir, entre los primeros 20, muy por encima de otras personalidades de la política que, desde un espacio similar, andan buscando cargos de mucho mayor rango.
La “palomita” al edil fronterizo no pudo llegar en mejor momento, justo cuando está en curso y a punto de cerrar el plazo para ingresar los registros de candidaturas al Senado de la República y a la Cámara de Diputados por Morena.
Según Mitofsky, su rango de aprobación es del 55.6, que lo ubica en el sitio número 16 a nivel nacional.
Sin embargo, entre los ediles morenistas, queda en el quinto lugar, a centésimas de Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, situada en el número tres, quien anda en busca de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Aunque la cifra es halagadora, también vale apuntar que está por debajo del 57% de aprobación que tuvo en febrero del 2022, que ha sido su mejor “palomita” en lo que va de su gestión.
Por lo que hace a Marquito “New York, New York”, se fue hasta el sitio 22, con un 55.22 de aprobación.
Nada mal el número, pero lo saca de la foto de los primeros 20 y lo deja fuera, incluso, del “top ten” de los alcaldes panistas mejor evaluados. Su rango de desaprobación es del 39.6% y el “no contestó” fue del 5.2%.
Otros dos chihuahuenses entraron en la medición de los 150 alcaldes, y para extrañeza de muchos—incluida esta metiche columna—Mitofsky volvió a incluir a Ahumada, municipio extensísimo, pero con menos de 15 mil habitantes.
El alcalde Fabián Fourzan Trujillo, quedó en el sitio 36, con un 54.2% de aprobación, mientras que César Peña Valles, de Hidalgo del Parral, se fue hasta el sitio número 100, con un desaprobatorio 46.2.
Del estado de Chihuahua, faltaron Cuauhtémoc y Delicias, los municipios 3 y 4 en cantidad de habitantes. A ver si a la otra los incluyen.
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¡Vaya noticias las que nos llegan desde la delegación del ISSSTE en Chihuahua!
La renuncia del general retirado Jorge Domínguez a la titularidad de esa institución en el estado tuvo muchos detonantes, que van desde el pésimo servicio a los derechohabientes, el mal trato a los empleados y esa especie de “camarilla” que se formó al interior, con sus dos subdirectores.
Sin embargo, la gota que derramó el vaso y que en realidad motivó la salida del militar en retiro, fueron sendas demandas promovidas por empleadas del instituto por presuntos actos de acoso, tanto laboral como de otra “índole”.
Son tres, en total, pero podrían agregarse otras, nos aseguran fuentes mironianas bien enteradas del asunto.
Nos aseguran que dichas querellas se encuentran ya en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia del Gobierno del Estado—conocida familiarmente como la “Fiscalía de la mujer”—y son seguidas con lupa, pues se trata de casos muy serios que la actual administración estatal no quiere dejar pasar, por encumbrado que se encuentre el denunciado.
El asunto se ha vuelto por demás enredoso para el ahora exfuncionario federal, porque los citatorios y requerimientos enviados por la Fiscalía de la Mujer han llegado a su domicilio particular, lo que ha puesto en aprietos al denunciado.
Por el momento, se desconoce su paradero, pero nadie debe extrañarse si en días próximos aparecen nuevas denuncias en su contra y alguna orden de esas que a nadie le gusta recibir: de presentación o, peor aún, de aprehensión.
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Pegajoso, espeso y enredoso está quedando el engrudo que pretende hacer Morena para definir sus fórmulas por Chihuahua para el Senado de la República.
Como ya mencionamos en este espacio, se les había amontonado la fila con cuatro aspirantes que traían pesados padrinazgos y fuertes gastos en colocación de carteleras, todo con tal de salir “primeras”, casi con la senaduría en la bolsa.
Sin embargo, desde morenistas oficinas nos llega el “run-run” de que hay una invitada totalmente inesperada, que podría romper todos los pronósticos y los decorados que se habían planteado los grupos o “tribus” de la 4T chihuahuita.
Según nos comentan, la mismísima dirigente estatal, Brighite Granados de la Rosa iría “primeras” y pues, de ser así, “pa’ atrás los filders” con las otras cuatro.
¿Y eso? Se preguntan muchos en las filas cuatro teístas locales. Pues nada, que es la fórmula que encontró la cuasi jefa de Morena en Chihuahua, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, para impedir que su “ex amigo”, Juan Carlos Loera, se quede con uno de esos codiciados boletos.
Nada mal tirada la bola si se trata de sacarlo de la jugada, pues el partido guinda ya no podría poner a su dirigente estatal y a su súper delegado federal en la misma lista, pues son familiares en línea consanguínea y pues, eso del nepotismo a cielo abierto a nadie deja bien parado.
Nos quedan pocas horas para conocer el desenlace de todos estos entuertos, y para ver cómo morenistas, panistas y prianistas se acomodan y reacomodan con miras a iniciar la campaña presidencial con el menor número de grietas posible.
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En días pasados les habíamos comentado de la tremenda exhibida y el duro coscorrón que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le había propinado al ayuntamiento de Chihuahua, que preside Marco “Marquito” Bonilla.
Pues nada, que eso de andar cobrando hasta por la risa es lo de menos. Lo más duro viene en los posteriores apartados, donde prácticamente exhibe al Gobierno municipal de la capital como un estado totalitario donde es delito andar “a pata y en rait”, como dice el Piporro.
Por ejemplo, en su fallo del 4 de octubre pasado, establece que es inconstitucional aplicar multas “por permitir el acceso a pasajeros en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas”.
Así lo dice el reglamento, pero para la “Tremenda Corte”, en cuyo fallo se establece que en esa sanción le daban toda la manga al chofer del camión de decidir quién anda “briago” y quien no, lo cual se prestaba para que decidiera por sus pistolas a quién baja a la fuerza de “su” unidad.
Otra de las exhibidas que les puso el máximo tribunal del país fue eso de quitarles las multas por dormir en la vía pública.
Para los entogados, ese tipo de sanciones “producía un efecto de discriminación indirecta, que afectaba negativamente y de forma desproporcional a las personas que, por su estado de salud, ante enfermedades como el alcoholismo o la drogadicción, tienen la necesidad de pernoctar en esas circunstancias, además de que implicaba validar un estereotipo sobre las personas que viven en situación de calle”.
O sea, que castigaban por igual al que anda subido de copas que a quien le agarró la noche sin techo dónde guarecerse.
La peor, tal vez, era la que multaba a los chamacos y a las muchachas por jugar en la calle, que porque “afectan el libre tránsito de las personas o vehículos o que molestaran a las personas”.