Los organismos descentralizados y el propio Gobierno estatal están viendo la tempestad y no se hincan.
Después de pasar los múltiples sinsabores de la pandemia causada por el Covid-19 no han entendido que lo primero es la salud y que los organismos encargados de procurarla deben ir por delante de cuanto proyecto de inversión puedan tener.
Es por eso que no se entiende cómo es que tanto organismos descentralizados como autónomos y el propio Gobierno central han dejado crecer tanto su deuda con el Instituto de Pensiones Civiles del Estado, el encargado de otorgarles no solo las pensiones y jubilaciones a sus trabajadores—que ya sería demasiado—sino también de darles atención médica y hospitalaria.
En total, las instancias de gobierno le deben a PCE 6 mil 775.3 millones de pesos, al corte de marzo pasado.
“¡Ahí nomás!”, diría el clásico. Lo que no haría ese organismo, urgido de fondos, como está, si ese dinero entrara a sus arcas.
Medicinas para los usuarios, pago a proveedores, cobertura de deuda con hospitales subrogados y un largo “etcétera” que pondrían al organismo con mejor salud financiera y con fondos suficientes para enfrentar la bomba que se les avecina.
No es poco lo que viene: la reforma a la Ley de Pensiones es inminente, casi inevitable, y con ello, la incorporación de los esposos de las mujeres trabajadoras al servicio del Estado.
Así que vayan rascándole a la caja y a ver de dónde sacan para pagarle a Pensiones, no vaya a ser que se nos enferme de gravedad.
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El fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación—TEPJF—que dejó al PRI sin castigo por el desvío de más de 260 millones de pesos del erario de Chihuahua hacia sus arcas podría tener un alcance mayor si se aplican los mismos criterios a otra operación donde también se involucraron recursos públicos estatales para ese partido.
Se trata de lo que el entonces consejero del INE, Ciro Murayama, llamó la “lotería de la mala suerte”, que consistía en sortear a los servidores públicos del Gobierno de Chihuahua para ver a quién le tocaba “mocharse” para aportarle al PRI, ya fuera para campañas o para gasto operativo.
El caso se ventiló en sesión extraordinaria del Consejo General del INE el pasado 27 de marzo, penúltima en la que Lorenzo Córdova fungió como presidente del organismo “que no se toca”.
El propio consejero explicó cómo era el entramado: una vez que sorteaban a los empleados, se les hacía una retención de su salario; ese dinero se depositaba en una cuenta bancaria a nombre del Servicio Panamericano, empresa especializada en el traslado de valores, y esta la convertía en efectivo para luego regresarla a la Tesorería del Estado.
Una vez ahí, el “cash” salía rumbo a las oficinas del Comité Directivo Estatal del PRI, donde lo recibía el entonces secretario de Finanzas, Pedro Mahuli, quien ha estado sujeto a proceso penal por esa causa.
Sin embargo, el propio Murayama, tal vez con voz profética, vaticinó que el dinero difícilmente sería rastreado porque fue convertido a efectivo.
Esa fue exactamente la excusa que plantearon los representantes del PRI ante el Consejo General del INE y la que esgrimió el TEPJF para exonerar al tricolor: que no había pruebas de que el dinero—este, de la operación Safiro—había entrado a las cajas de ese partido.
Bien lo dijo Murayama: convertir el dinero mal habido en efectivo “es la vía que suelen usar los actores políticos cuando incurren en corrupción, la manera de no dejar huella en el sistema financiero es volver líquidos los recursos”.
Ahí quedarán los 73 millones 666 mil 660 pesos que salieron de las cajas del Gobierno, y que procedían de las retenciones salariales hechas a los trabajadores al servicio del estado.
¿Dónde quedaron? A saber, pero el TEPJF ya dijo que en el PRI no.
Por cierto, en el fallo del tribunal electoral, el emitido este 5 de julio a propósito de la Operación Safiro, no se niega la existencia del desfalco al erario chihuahuense, sólo se establece que el dinero no fue a dar al PRI. Pero de que hubo sustracción del dinero público, lo hubo.
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El gasto estratosférico que está haciendo la diputada federal Andrea Chávez para promover su imagen ya está haciendo ruido al interior de Morena y tiene a más de un actor o actora de la 4T seriamente disgustados por tamaño despilfarro.
Allegados al morenismo chihuahuense nos comentan que ya ha causado molestias y no falta quien se pregunte de dónde saca tanto dinero para rentar carteleras espectaculares y hacerse toda la propaganda que la tiene posicionada como la figura más visible del “movimiento transformador”.
Una vuelta por las calles de Chihuahua, sobre las avenidas de mayor tráfico, da cuenta de la cantidad de anuncios que tiene colocados la diputada federal, de cuyo sueldo difícilmente saldría para hacer un gasto tan elevado.
No falta tampoco quien se pregunte si ese tren de gasto en una precampaña electoral—a las cosas por su nombre—concuerda con el discurso de la 4T, sobre todo, en un estado como Chihuahua donde hay hambre, muertes por desnutrición y desabasto de medicamentos.
Si bien los ataques que le dirigieron la diputada panista Daniela Álvarez y el periodista Raymundo Riva Palacio cayeron muy mal, también se preguntan por qué Andrea no ha aclarado a cabalidad lo de la casa de enlace legislativo que nadie encuentra y los viajes de sus familiares en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.
Ya anteriormente, a inicios de febrero pasado, había causado escozor con el gasto excesivo que se aventó en la presentación de su informe de actividades, con invitados “fuereños” que saturaron los hoteles de Ciudad Juárez.
Si ese es el relevo generacional, que se queden los que estaban, porque al menos ya les conocíamos el corrido.
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Este jueves 6 de julio se cumplió el aniversario número 200 de la fundación del estado Libre y Soberano de Chihuahua.
Y si “20 años no es nada”, 200 años sí que son mucho, y nada más hay qué ver todo el camino que ha recorrido nuestra entidad en los últimos dos siglos.
Hagamos cuentas: Chihuahua estuvo al pie del cañón, literalmente, para defender a la nación en la guerra de 1847-48 contra los Estados Unidos. El resultado ya lo sabemos: ganó la guerra el invasor, pero nadie le quita el honor y la valentía a la juventud chihuahuense que le salió al paso a las bien equipadas tropas “gringas”.
Casi 20 años después, dio refugio al presidente Benito Juárez y con ello salvaguardó a la República durante la guerra de intervención francesa.
Pasaron los años y la historia siguió pasando por Chihuahua: la entrada del ferrocarril, del telégrafo, de la energía eléctrica antecedieron a la lucha revolucionaria que inició en nuestro suelo en 1910.
De ahí, todo ha sido escribir parte de la historia patria y aportarle a la nación trabajo, ingresos, producción y gente de bien.
Hoy, Chihuahua está entre los 10 estados que más recursos aportan al erario federal y ocupa primeros lugares en la producción de diversos minerales y cultivos agrícolas.
Nada mal para un estado alejado del centro del país, con menos de 4 millones de habitantes y baja precipitación pluvial. Poca agua, ¡pero mucho corazón!