Con sesión solemne del Congreso del Estado y develación de una placa conmemorativa al pie de la gigantesca estatua ecuestre ubicada en Hidalgo del Parral, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial recordaron lo que en realidad fue una ejecución extrajudicial multitudinaria cometida por un grupo de personas que no pagaron por su crimen.
Decir “la muerte” de Villa suena a eufemismo, como si le hubiese atacado un infarto o una enfermedad letal, pero no: fue emboscado en plena ciudad, allá en Parral, junto con otras personas que lo acompañaban.
El historiador Jesús Manuel Villalpando recordó, en la emisión de su programa “La historia que quiero vivir”, que en la conspiración para asesinarlo participaron 11 personas, de las cuales solo una pisó la cárcel: Jesús Salas Barraza, un diputado local por el estado de Durango.
Sin embargo, agrega el especialista, solo duró tres meses recluido en prisión, hasta que recibió el indulto del gobernador de Chihuahua.
Al resto de los conspiradores no se les molestó, ni continuaron las investigaciones sobre el caso.
A propósito de todos esos hechos, campeó la versión de que el homicidio del jefe de la División del Norte fue parte de un complot ordenado desde las más altas esferas de Gobierno, cuando se preparaba la sucesión del presidente Álvaro Obregón.
Todas las personas inmersas en esos hechos que marcaron la historia del país han fallecido ya, pero la memoria no, y el registro histórico sigue abierto.
A 100 años de aquel suceso, valdría la pena que las autoridades continúen, así sea con fines académicos, la investigación criminalística sobre la muerte del caudillo del norte.
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La aspirante presidencial Xóchitl Gálvez estuvo en Chihuahua para continuar su gira proselitista—de qué otro modo se le puede llamar—en busca de la candidatura del frente PRIANPRD a la Presidencia de la República y, en ese andar, se atrevió a elogiar la estrategia de seguridad pública que aplicó el presidente Felipe Calderón Hinojosa en Ciudad Juárez, sobre todo, entre los años 2008 a 2012.
O sea, que para la senadora en funciones, aquello de mandar decenas—nunca contamos los miles—de militares y agentes de la Policía Federal sí funcionó y hasta “redujo los índices delictivos”, según respondió en una conferencia de prensa celebrada en el cuartel general Anti-AMLO, o sea, la Coparmex.
No sabemos a qué Ciudad Juárez o a cuál Felipe Calderón se refiera, porque los que conocemos no pueden decir ni por asomo que su plan anticrimen funcionó, al menos en los términos de aumentar la seguridad y reducir los índices de violencia, y mucho menos “bajaron” como ella dice.
Para hablar en plata y no echar decires sin ton ni son, aquí está los datos del INEG:
Entre los años 2008 y 2012, el gobierno del presidente Calderón impulsó una política de “guerra” contra los cárteles de la droga que incluyó las famosas “Operaciones coordinadas”, en las cuales se sumaban el Ejército, la Policía Federal y las policías locales para combatir al crimen.
Vamos a ver si realmente “funcionó”: fueron mil 620 homicidios en Juárez en el 2008, primer año de las operaciones coordinadas con el Ejército; luego subió a 2 mil 139 en el 2009 y llegó a puntos de locura en el 2010 con 3 mil 747 casos registrados.
Fue Calderón el que desató esa guerra que provocó que Juárez viviera una de las etapas más negras de toda su historia, con episodios como el multihomicidio de Villas de Salvárcar.
Vale recordar que por aquellos entonces, Juárez era considerada la ciudad más violenta del mundo y Chihuahua no cantaba mal el falsete, porque también aparecía en esas listas.
Si bien es cierto que “bajó el índice” de homicidios, fue porque ya no fueron 3 mil, sino “nada más” 2 mil 283 en el 2011, cifra que mantenía a Juárez entre las más violentas del mundo.
Fue la movilización social juarense la que logró recuperar la ciudad, los espacios públicos, la tranquilidad y la paz, y no necesariamente los patrullajes sin sentido que llegamos a ver.
¿Y qué pasó en el resto del estado? Pues nada, que en ese período hubo un registro de 19 mil 951 homicidios en el estado de Chihuahua. Fue la cifra más alta de todos los estados del país y representó casi el 20% de los 101 mil homicidios que se registraron en todo el país en ese mismo período.
Fue en ese período, en el 2010 para ser exactos, cuando Chihuahua tuvo su año más violento en tiempos de la postrevolución, con 6 mil 407 homicidios en total.
Luego bajó en el 2011 a 4 mil 500 y a 2 mil 772 en el 2012, y tal vez a eso se refiera la aspirante, pero nunca se pudo regresar a los registros de antes de la “Guerra” de Calderón.
Más todavía: según el mismo INEGI, Chihuahua fue el “campeón” en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, con 113.2, más del doble que el segundo lugar, que fue Sinaloa, con 56.6.
Cierto que los gobiernos que siguieron no lo han hecho mejor y las dos ciudades chihuahuenses siguen en el “top 30” entre las más violentas del mundo.
Vistas así las cosas, ya no se sabe si la propuesta de la extroskista era oferta o amenaza para los juarenses.
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Después de mucho esperar, por fin Ciudad Juárez tiene un director de Transporte que se ocupe de su problemática y de solucionar los enormes retos que tiene esa urbe, una de las más extendidas de todo el país.
Sin embargo, al parecer, en la Secretaría General de Gobierno no encontraron a ningún “juaritos” que tuviera espolones para gallo y decidieron darle el cargo al arquitecto Alberto Armando Martínez Baylón, chiwawita hasta la médula.
El nuevo funcionario, a cuyo cargo estará el intrincado tema del transporte juarense, ha hecho toda su carrera académica, laboral y hasta política en la capital del estado.
Nativo de Chihuahua, estudió todos sus grados académicos en la capital y luego trabajó en diversas áreas de la administración pública, siempre en la misma ciudad.
Con una abultada y destacada trayectoria, el arquitecto que ahora se volverá transportista trabajó primordialmente en funciones de urbanística y de ordenamiento catastral, más que de transporte.
Así lo hizo en las administraciones de José Reyes Baeza, César Duarte y Javier Corral.
Fue con este último cuando estuvo más cerca de las áreas de transporte público, pero en calidad de asesor técnico del director de ese departamento durante la administración corralista, David Holguín.
Los transportistas de Juárez se quejaban de que no había un director juarense que se ocupara de su problemática y que lo debían tratar con autoridades de Chihuahua.
Por fin, ya tienen a “su” director, solo que no es su paisano ¿qué tiene?
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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó hacer un “monitoreo” a las acciones, mítines, contratos de publicidad y carteleras que andan haciendo por aquí y por allá los aspirantes a ganar algún puesto de elección popular el año próximo.
El máximo órgano electoral le dio su aval a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) y la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) para que le hagan cuentas a los adelantados que ya tienen hasta el copete a sus ciudadanos con tanto cartel espectacular y con esas portadas de revista que nadie lee.
La advertencia va para todos: lo mismo para los de Morena que para los del Frente Amplio por México (FAM) integrada por PAN, PRI y PRD.
Dedos les van a faltar a los funcionarios del INE para contar tanto cartel espectacular colocado a lo largo y ancho del país, lo mismo por las “corcholatas” morenistas que por los “adelantados” de la coalición PRIAN-PRD.
Lo que no quedó en claro es sí, ya entrados en la cuenta, se van a meter en los cuantiosos gastos que están haciendo los políticos locales para promover su imagen de la manera más burda posible, como el caso de Marquito Bonilla.
A ver qué dicen cuando vean la ciudad de Chihuahua tapizada de imágenes de un alcalde en anuncios que, según el PAN, no promueve las obras de su gobierno, ni se paga con dinero del erario municipal.
Entonces ¿para qué las pone y de dónde tanto dinero para pagarlas?
Así que ya lo saben: ahí viene el INE, nada más falta ver si no salen con un “tiritito” y al final, el Tribunal Electoral no tumba sentencia sancionadora, como pasó con el caso de la Operación Safiro. En fin.