La diputada Georgina Bujanda sufre cada vez más la ley del hielo y la indiferencia de sus compañeros de partido en el Congreso del Estado.

Y el vacío más notorio fue cuando la diputada se quiso ir a la yugular contra la Delegación del IMSS por el terrible caso de los bebés que sufrieron abuso sexual en una guardería subrogada, ubicada en Ciudad Juárez.

Según la diputada y ex autoridad universitaria, el IMSS “no hizo nada” para atender el caso, cuando fue la dependencia la que, desde meses atrás, puso en antecedentes a la FGE de esos sucesos y desde entonces han actuado de manera coordinada con el propio IMSS.

El caso en sí mismo amerita un tratamiento aparte, pues son muchos los factores que se deben analizar a ese respecto.

Aquí lo que llama la atención, hablando específicamente de grilla parlamentaria preelectoral, es el reacomodo de fuerzas al Inter del grupo parlamentario del PAN.

Para nadie es un secreto el protagonismo que ha asumido desde hace semanas la diputada Marisela Terrazas, quien apunta hacia la candidatura a la Presidencia Municipal de Juárez, o Isela Martínez, que parece haber tomado el marcaje personal sobre el delegado de la Secretaría del Bienestar y probable candidato a senador, Juan Carlos Loera.

Lo más difícil del caso, volviendo con Geo Bujanda, es que ya no le toca reelegirse y no hay cargo a la vista para el que la puedan postular.

Ni hablar, así pasa cuando se camina demasiado de prisa.

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En la sesión del Congreso del Estado se presentará una iniciativa con carácter de decreto, para garantizar el derecho a recibir el acta de nacimiento en idioma original.

Será la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del PRIAN (digámosles a las cosas por su nombre), la que pedirá adicionar una fracción XIV al artículo 29, de la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua, para garantizar que los servidores públicos encargados del Registro Civil inscriban los nombres, así como expedir cualquier otro documento de identificación personal, en lengua indígena, cuando así se los soliciten.

Por favor, que alguien les avise que esa disposición se tomó a nivel nacional desde el 2015, y que Chihuahua fue punta de lanza de ese proyecto casi desde su instauración.

Desde el 2017, el Registro Civil de Chihuahua otorga actas de identidad—nacimiento—, matrimonio o defunción en la lengua que indique el, la o los solicitantes.

En aquella época, el RC de Chiwas se llevó las palmas por emitir documentos en 19 formas lingüistas diferentes, acorde a la cantidad y modalidades de idiomas que se hablan en los distintos municipios del estado.

Lo único que faltó agregar la modalidad de alemán bajo para los miembros de las comunidades menonitas que así lo soliciten, pero fue por un problema técnico y no por falta de disposición.

Buen intento de la hiperactiva diputada Zapata, pero buen valdría llevarse ese esfuerzo hacia áreas que si están desatendidas.

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Ahora que traemos de moda el tema del presupuesto, de qué tanto le dan a Chihuahua y de dejar de gastar a lo “band3jo”, como dijo Xóchitl, vale revisar los datos de nuestros municipios más grandes para ver en qué se les va el dinero.

Ahí están Cruz Pérez Cuéllar y Marco Bonilla en los primeros lugares en recaudación de ingresos propios.

En ese aspecto solo les ganan otros cuatro municipios del país y no son tostadas lo que ingresan a sus arcas.

Ahí les va la cifra que no miente: 2 mil 230 millones se embolsa el gobierno de Chiwas y 3 mil 149 millones el de Juaritos.

Son ingresos propios de libre disposición que se los pueden gastar hasta en obra de teatro, ¿o no, Marquito?

Vistas así las cosas no se explica la gente por qué tan malos los servicios, o por qué más de la mitad de las calles están sin pavimento.

A ver qué explicaciones le dan al Congreso cuando vayan a pedir su kórima presupuestal.

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Una buena exhibida les dio la síndica municipal Olivia Franco a varios exregidores y exfuncionarios municipales de los tiempos de Javier Garfio que nunca comprobaron debidamente, o no los regresaron, recursos que se les entregaron para realizar tareas referentes a sus encargos.

La balconeada se presentó en la sesión de Cabildo de ayer miércoles y tiene que ver con un listado de siete exfuncionarios que nunca aclararon adelantos por un total de 262 mil 889 pesos, principalmente relativos a viáticos, eventos y/o adquisición de bienes diversos.

Héctor Francisco Ochoa Moreno, Héctor Villarreal Estrada, Víctor Leopoldo Silva Ávila, Andrés Alfredo Pérez Howlet, César Augusto Chávez Álvarez, Jaime Arturo Fuentes Ornelas y Martha Elena Vega Pereyra, están en esa lista con cifras que van de los 3 mil 531 hasta los 100 mil pesos.

Los adeudos se arrastran desde el trienio 2013-2016, en la administración del alcalde que también fue funcionario duartista, estuvo bastante tiempo en el penal de Aquiles Serdán y fue sentenciado por peculado agravado.

A los exregidores y sus excolaboradores, en esencia les faltó comprobar el recurso recibido con documentos que cumplan los requisitos legales y/o en su defecto, si no se ejercieron, reintegrarlos a la administración.

En la lista de deudores por anticipos de Tesorería a corto plazo, se incluye otra cantidad considerablemente mayor, de 500 mil pesos, que se entregó, vía convenio de apoyo económico, a la Unión de Lecheros.

Los lecheros, conforme al convenio firmado, tenían que reintegrar el recurso, pero nunca lo hicieron.

Los saldos revisados por la Sindicatura son hasta el 31 de julio de 2023, con una cifra global de 762 mil 889 pesos, que, de acuerdo con Olivia Franco, deben de regresar a las arcas municipales.

El posicionamiento de la síndica también es un jalón de orejas a la actual administración de Marquito Bonilla por no darle seguimiento a sus tareas de cobro.

“Esto representa un detrimento al patrimonio municipal, originado por el incumplimiento de los exfuncionarios y de la Asociación, para comprobar los recursos que se les entregaron, así como de la administración municipal por la falta de eficiencia en sus acciones de cobro”, leyó la síndica en la sesión ordinaria.

Frente a ese desfalco, Franco pidió al Ayuntamiento determinar las responsabilidades civiles, administrativas o penales correspondientes.

A ver si en verdad le atoran al asunto en el Gobierno municipal y se avanza en dar vista a la Fiscalía General del Estado o, en todo caso, a la Fiscalía Anticorrupción.